Con el impulso de haber logrado el «Pacto de Mayo«, el gobierno nacional se concentra en avanzar con otros ítems urgentes de su agenda política. Parte de los equipos técnicos de la gestión libertaria trabajan para concretar la ampliación de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, ítem que el presidente Javier Milei y su círculo íntimo de colaboradores entiende como una acción prioritaria, para la ejecución y buen funcionamiento de la justicia.
Según pudo confirmar este medio, el plan de acción que manejan en el oficialismo es aumentar el número de ministros de cinco a nueve jueces antes de fin de año. Además, en el gobierno descartan ejecutar una división del máximo tribunal en salas temáticas como trascendió semanas atrás. Con el objetivo de descomprimir la saturación que azota a la Corte desde hace décadas, la idea que llegó a los escritorios más importantes de la casa de gobierno rondaba la posibilidad de subdividirla para que cada sala se encargue de resolver los casos competentes y así imprimirle mayor dinamismo a la justicia. Finalmente, la propuesta no prosperó por la negativa de uno de los alfiles del presidente.
La intención que profesan los funcionarios más distendidos por los pasillos de Casa Rosada es alcanzar una composición “más federal” del tribunal, misma voluntad que expresan desde hace varios años los gobernadores. Sin embargo, además del federalismo, un importante colaborador del gobierno reconoce que aumentar el número de jueces le dará a la gestión libertaria mayor laxitud en un terreno complicado donde, por el momento, no cuentan con aliados fieles. En Balcarce 50 entienden que la marcada distancia que toman Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti con el gobierno podría no achicarse, lo que abriría otro frente de guerra en una gestión con cada vez más enemigos.
La tajante relación que el oficialismo mantiene con los supremos quedó expuesta en la madrugada de este martes, cuando ninguno de los magistrados se hizo presente en la firma del aclamado Pacto de Mayo. “Lo puedo entender porque esto fue la firma de un acuerdo político, es lógico que no quieran meterse en este terreno”, dijo uno de los cerebros del decálogo ante Tiempo sobre la ausencia de los magistrados en Tucumán.
El proyecto para lograr la ampliación de la Corte forma parte de la negociación que lleva adelante el oficialismo con la oposición -incluído el bloque de Unión por la Patria- para avanzar en la aprobación de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para ocupar los cargos vacantes que dejará Maqueda en diciembre y la no renovada banca de Helena Highton de Nolasco.
Algunos opositores férreos, que adelantaron su voluntad de apoyar los pliegos de los magistrados, entienden que el oficialismo podría utilizar esta ampliación como moneda de cambio en las negociaciones que deberá llevar adelante senador por senador para lograr aprobar ambos proyectos.
Los encargados de llevar adelante las negociaciones dentro del Congreso son el jefe de gabinete, Guillermo Francos, el vicejefe, José “Cochi” Rolandi y el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, quienes siguen al pie de la letra las órdenes que acordadas con el todoterreno Santiago Caputo.
Las expectativas del “cubo de hierro” es introducir el proyecto de la ampliación en el Congreso a mediados de agosto y comenzar su tratamiento luego de obtener la aprobación de ambos pliegos. Con muchísimo viento a favor, en el oficialismo creen que podrán tenerlo aprobado para mediados de septiembre.
Para ello, los negociadores del gobierno deberán reunir 48 voluntades, número que aún miran de lejos a pesar de haber juntado la mayoría necesaria para aprobar la Ley Bases. Con la oposición dividida, el oficialismo necesitará, inevitablemente, de los votos del peronismo y, según pudo confirmar Tiempo, las conversaciones con las principales figuras del ex Frente de Todos en el Congreso ya iniciaron. “Hablamos con los senadores, con ella no tenemos diálogo”, dijo uno de los integrantes de la mesa de negociación ante la consulta de este medio sobre un posible canal de diálogo con Cristina Fernández de Kirchner.
Esta no es la primera vez que un oficialismo intenta modificar la composición de la Corte Suprema. El intento más reciente se dio durante el gobierno de Alberto Fernández en 2022. En aquel momento, el extinto Frente de Todos buscaba ampliar la corte a 15 miembros, electos con paridad de género. Ese proyecto obtuvo media sanción en el Senado, pero el oficialismo de ese momento no logró avanzar con la discusión en Diputados, lo que dejó en stand by la voluntad de aquel peronismo. Para evitar una definición similar, en el oficialismo dicen que replicarán el trabajo coordinado entre senadores y diputados que mantuvieron durante el tratamiento de la aprobación de la Ley Bases.
