La apuesta del gobierno por el superávit fiscal incluye, especialmente, el retorno del impuesto a las ganancias sobre los salarios. El incremento de la recaudación fiscal marcha detrás de la inflación y una de las causas es el mal desempeño de ese tributo.
Días atrás, la AFIP informó que en julio ingresaron a las arcas fiscales 1,9 billones de pesos, con una fuerte disminución interanual del 24,4%. La AFIP puntualizó que la baja se debía, justamente, a la baja del impuesto para los asalariados y se esperanzó con que ese cuadro se modificaría desde este mes con la aplicación de lo resuelto en la Ley 27.743, el llamado paquete fiscal.
Pero esta postura de la administración de Javier Milei enfrenta una cada vez mayor oposición de distintos sindicatos y colectivos laborales que observan con preocupación cómo el regreso del tributo se comerá parte de sus salarios.
Tanto la CGT como las dos CTA han realizado planteos públicos contra el impuesto a las ganancias, pero no hicieron una acción gremial centralizada, al estilo de la presentación a la justicia contra el DNU 70/2023 que logró detener –provisoriamente– el capítulo dedicado a la reforma laboral.
En cambio, varios sindicatos llevaron sus planteos judiciales adelante. El primero que dio ese paso fue La Bancaria. El gremio que dirige Sergio Palazzo presentó un amparo ante la Justicia el 23 de julio en el que pidió la no aplicación del articulado, dentro del paquete fiscal, sobre la reinstauración de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias.
El argumento de La Bancaria es que como la Cámara de Senadores rechazó ese capítulo, no puede instaurarse solamente con el voto de los Diputados. Por ello, su aplicación devendría en “ilegítima e injusta”.
Ese mismo día hizo lo propio la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA), que nuclea a 8000 profesionales del sector público y privado de gran parte del país. En su presentación ante el Juzgado Federal Nº 1 de San Martín (provincia de Buenos Aires) aseguró que su aplicación va a “afectar al universo de trabajadores representados por la entidad”.
La AMRA advirtió que la aplicación de ganancias al salario de los médicos provocará un vaciamiento de las guardias hospitalarias porque los profesionales las evitarán para evitar el descuento, que muchas veces termina siendo mayor que el propio ingreso generado por las guardias. Antes, los ingresos generados por las guardias estaban exentos del cálculo de ganancias.
El jueves pasado, la Federación Nacional de Camioneros acudió a la justicia para solicitar una medida cautelar de no innovar “en los términos de los Art. 230 y conc. de C.P.C.C. destinada a obtener la protección del CCT 40/89 y de las remuneraciones de los trabajadores incluidos en su ámbito personal de aplicación”.
En el caso de Camioneros, el argumento es que la restitución de Ganancias provoca “la afectación del derecho a una remuneración justa” por parte de los trabajadores del sector, por lo que solicita que se declare su “inconstitucionalidad” e “inaplicabilidad”.
En tanto, en la provincia de Neuquén es donde más avanzaron los planteos judiciales contra la aplicación del impuesto.
Primero, la Justicia provincial falló a favor de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y suspendió la aplicación de Ganancias sobre los docentes y estatales provinciales. Y el viernes se conoció el fallo de la jueza federal de Neuquén Carolina Pandolfi que declaró «admisible» un amparo presentado por los docentes de ATEN.
Los diplomáticos, en tanto, se declararon en estado de alerta y movilización y amenazan con un paro por tiempo indeterminado que detendría el accionar de la Cancillería.
Esa fue la tesitura que adoptaron los petroleros que se desempeñan en las refinerías y en la distribución de combustibles, que decretaron un paro nacional que fue suspendido por una conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo. Ahora, los jerárquicos petroleros de Vaca Muerta amenazan con medidas de fuerza porque no tienen las exenciones de las que gozan los empleados de campo. «
Decretazo contra el empleo público
Todo indica que mañana saldrá publicado en el Boletín Oficial el decreto que reglamenta la reorganización administrativa del Estado junto con las modificaciones en la Ley de Empleo Público y el marco que habilita la privatización de las empresas públicas.
La medida habilitará al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, a avanzar con su plan de eliminar 60 organismos públicos, entre los que se encuentran el INADI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y el Instituto Nacional de Juventudes, entre otros.
