Los diputados Héctor Recalde, Teresa García y Carolina Gaillard presentaron hoy una acción de amparo colectivo para lograr la nulidad de la transferencia de la base de datos de la Anses a la secretaría de Comunicación Pública de la Nación. Advirtieron que los datos pueden ser usados para que el Gobierno llame por teléfono o mande mails a los ciudadanos desde cualquier de sus órganos.

Hoy la ex mandataria Cristina Fernández había advertido desde su cuenta de Twitter que los legisladores nacionales “deberían mirar con mucha atenciónel funcionamiento de los organismos de seguridad e inteligencia, cuyo funcionamiento ha sido modificado, y el proyecto de Ley de Reforma Electoral, y muy especialmente la parte de boleta electrónica”.

Asimismo, los diputados solicitaron como medida cautelar la suspensión de su aplicación y, si la información ya ha sido transferida, que se prohíba a Comunicación Pública utilizarla.

Los diputados advierten que los datos, que fueron brindados voluntariamente por los ciudadanos a la Anses para ser beneficiarias de alguna de sus prestaciones, “puede provocar que reciban llamados telefónicos a su domicilio personal o hasta su teléfono celular o reciban correos electrónicos a su cuenta personal por parte de un órgano del Estado que accedió a esta información sin ser suministrada por los individuos para este fin”. “Claramente, se altera la intimidad del ciudadano que no brindó esta información para ser molestado o importunado por el Estado”, alegaron.

Según los diputados, esta práctica “remite a estrategias empresariales (propias de los CEOs que integran el gobierno) que a cambio de un ‘regalo’ obtienen los datos personales de los consumidores y los someten, posteriormente, a un permanente asedio por vía telefónica o por el envío de correos electrónicos”.

Además, observan que se permite “la divulgación de datos sensibles, ya que la mera inclusión en determinadas bases de datos de la Anses puede implicar que se suministren datos sobre la salud de los individuos”, algo expresamente prohibido por el artículo 2 de la ley 25.326.

De acuerdo a los legisladores, la Resolución 166/16 viola tanto el derecho a la intimidad previsto en los artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional, como la ley 25.326 de Protección de Datos Personales, ya que la Anses remitirá nombre y apellido, DNI, domicilio, teléfonos, CUIT/CUIL, estado civil, fecha de nacimiento, estudios y direcciones de e-mail de cada persona. La ley 25.326 establece que los datos “no pueden ser utilizados para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención”.

Finalmente, Recalde, García y Gaillard pidieron la habilitación de la feria judicial para tratar el expediente. El amparo se tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal n° 10, a cargo de la doctora Liliana Heiland.