Un grupo de organizaciones no gubernamentales reclamaron que la vacante generada en la Corte Suprema de Justicia tras la renuncia de la exministra Elena Highton de Nolasco sea cubierta por una mujer, en pos de cumplir con compromiso asumidos internacionalmente por la Argentina «en materia de igualdad de género y derechos humanos».

Así lo hicieron a través de una carta presentada ayer al presidente Alberto Fernández con la firma de Abofem Argentina, Amnistía Internacional, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), Fundación Mujeres en Igualdad (MEI), Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), Poder Ciudadano y GQUAL.

En ese marco, plantearon que «resulta una grave vulneración a los derechos de las mujeres del país el hecho de que el órgano de justicia de mayor jerarquía carezca de representación femenina».

«Esta situación resulta violatoria de los compromisos internacionales que nuestro país tiene en materia de igualdad de género y de derechos humanos, en virtud de los cuales el Estado debe promover medidas para impulsar la paridad en los cargos públicos», señala la misiva remitida por ese conjunto de organizaciones.

Además, plantean la necesidad de acelerar el proceso: «La candidata debe ser propuesta a la mayor brevedad posible y debe reunir, como cualquier integrante de la Corte, requisitos como la idoneidad técnico-jurídica, y la independencia de criterio y autonomía respecto de la influencia de los poderes políticos y de distintos grupos de interés».

Por eso, le reclaman al Poder Ejecutivo «la pronta publicación de un pliego para el cargo» y solicitan que «venga acompañada de un proceso participativo que tenga como objetivo asegurar el mayor consenso social en torno a la candidata que será remitida al Senado de la Nación».

Como es de rigor, es el Poder Ejecutivo el que debe postular una candidata para cubrir el cargo y, tras un proceso de recepción de apoyos e impugnaciones, debe remitir el pliego para su tratamiento al Senado, donde atraviesa otra instancia de participación que incluye la convocatoria a una audiencia pública.

En el escrito enviado al mandatario, las organizaciones de la sociedad civil firmantes indicaron que el plazo para la presentación del pliego «se encuentra ampliamente superado».