Seis de cada diez denuncias recibidas por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad apuntan a abusos de las inmobiliarias. Así lo muestran las estadísticas provistas por el organismo dirigido por Alejandro Amor que mensualmente recibe alrededor de 800 reclamos de inquilinos.
En el último año cambió la matriz de reclamos de los inquilinos que se acercan a la Defensoría. En un primer momento, teníamos muchos reclamos por abusos de la intermediación, sobre todo por el cobro de comisiones inmobiliarias por encima del tope legal. Luego, por consecuencia del fallo judicial que obligó a las inmobiliarias a cobrar un mes de comisión a los inquilinos, esa consulta mermó y fueron creciendo paulatinamente las consultas vinculadas al aumento en el precio de los alquileres y los ajustes semestrales, explica Fernando Muñoz, director de la Defensoría del Inquilino.
A partir de septiembre, cuando entró en vigencia de la ley 5859 votada por unanimidad en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires que prohibe el cobro de comisión por parte de las inmobiliarias a los inquilinos, fueron 25 las denuncias por incumplimiento recibidas. Si bien el número parece menor, eso puede tener que ver con que no se dio a publicidad la nueva legislación, tal como denuncia la organización Inquilinos Agrupados. De hecho, el organismo receptor de denuncias debería ser el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC). Antes de que existiera la ley, las denuncias representaban el 6% de los reclamos ante la Defensoría.
La incidencia que tiene hoy el precio del alquiler sobre el salario genera en muchos inquilinos la imposibilidad de renovar el contrato, agrega Muñoz. Es muy frecuente que los inquilinos se acerquen con el contrato vencido consultando cómo hacer una prórroga por dos o tres meses, que les dé tiempo a buscar una vivienda más pequeña o más alejada y mudarse. Muchos otros, se acercan con el contrato vigente, consultando cómo rescindirlo, porque el impacto que tienen los aumentos semestrales del 12 al 15% les impiden seguir pagando el alquiler. «
