Funcionarios del juzgado de Sebastián Casanello se presentaron este jueves en la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, perteneciente al Ministerio de Capital Humano, en el marco de la causa por la falta de reparto de alimentos y frazadas, apilados en los depósitos de Villa Martelli y Tafí Viejo en Tucumán.
Según informaron, están objetadas más de mil toneladas de leche en polvo y más de 4 mil de harina de maíz, entre otros productos que debían distribuirse a familias en situación vulnerables, muchas de ellas que asisten a comedores y merenderos.
«A pedido del Juez, se aportaron al Juzgado Criminal y Correccional Federal N°7 diversos elementos que fueron solicitados por el juez Sebastián Casanello por medio de una orden de presentación», aseguraron desde la cartera dirigida por Sandra Pettovello.
Y volvieron a criticar a la Justicia, reclamando que no se meta en «el diseño de políticas públicas», aunque en este caso implique el vencimientos de alimentos para quienes menos tienen en medio de una profunda crisis socioeconómica.
El dirigente Juan Grabois, denunciante en la causa, afirmó en sus redes: «Nuevo fallo contra la incumplidora serial Sandra Pettovello por dejar a los pibes sin comer y ocultar pruebas. Siguen jugando con el hambre de los chicos y delinquiendo alegremente».
Alimentos retenidos y críticas a la Justicia
Entre los elementos que se tomaron en el allanamiento se encuentran el back up de la computadora asignada al director de Logística de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo Ariel Berardi; las órdenes de entrega emitidas a partir del 27 de mayo; los partes diarios recibidos por el personal de los depósitos de Villa Martelli y del Centro Operativo Tucumán, ubicado en Tafí Viejo, con el detalle de stock, ingresos, salidas y estado de los alimentos; las constancias del sistema informático S.U.M.A con los movimientos de alimentos en los depósitos y el acceso a diversas cuentas de correos electrónicos utilizados por empleados y funcionarios.
La semana pasada ya habían tenido la inspección de otro operativo judicial, en ese momento impulsado por Ariel Lijo, por 12 mil toneladas de yerba adquiridas por el gobierno anterior que habrían sido encontradas en situación de precariedad, por ejemplo con excremento de animales.
«Desde el inicio de esta administración, ha habido una clara disposición a transparentar y comunicar el trabajo que se viene realizando para que las familias vulnerables aumenten su poder de compra, poniendo como prioridad que las personas reciban asistencia con transferencias directas y terminando con la intermediación de las políticas sociales«, sostuvieron desde Capital Humano.
Aseguraron que el Ministerio «está cumpliendo en tiempo y forma con el plan de distribución de alimentos», aunque el juez en lo contencioso administrativo Walter Lara Correa lo intimó para que explique en plazos de cinco a diez días cómo está garantizando el derecho a la alimentación de quienes acuden a comedores y merenderos comunitarios.
La cartera asegura que hay programas alimentarios vigentes, pero más de 160 comedores comunitarios aseguran que siguen sin recibir ni comida ni fondos desde diciembre.
En este marco, Capital Humano anunció la presentación de un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia la Nación «a través del cual se busca defender la división de poderes marcando que el poder judicial no puede interferir en el diseño y ejecución de políticas públicas que son competencia del Poder Ejecutivo».
