El Senado bonaerense convirtió en ley la declaración de emergencia económica, financiera y tarifaria para las empresas recuperadas que tienen asiento en la provincia de Buenos Aires. Es un paraguas legal que impedirá los desalojos y también el corte del suministro de servicios básicos como luz y gas en el crítico contexto actual. La noticia fue recibida con aplausos y alivio por un centenar de trabajadores de empresas recuperadas de distintos puntos de la provincia que llenaron el hall de la Cámara alta, en La Plata, para seguir en vivo la sesión. La nroma fue promulgada este jueves por Axel Kicillof.
La iniciativa, que había sido aprobada hace una semana en la Cámara de Diputados provincial, declara la emergencia económica, financiera y tarifaria de las empresas recuperadas en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires por 18 meses. Ese plazo podrá ser prorrogado por un año más por el Poder Ejecutivo una única vez en el caso de que las causas que justifican la emergencia no hayan cesado. Además, la ley declara de interés provincial el proceso de recuperación en manos de las y los trabajadores.
El Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas (MNER) empujó el proyecto que había sido presentado en 2023 por presentada por la exdiputada y referente del Movimiento Evita, Patricia Cubría, junto a la legisladora de Unión por la Patria, Lucía Klug. La urgencia en el tratamiento estaba relacionada con que la emergencia anterior venció el 23 de abril, por lo que el gobierno de Axel Kicillof se había comprometido a aprobarla para que las cooperativas ya conformadas o en trámite no quedaran desprotegidas frente a la incertidumbre que hay con el sector cooperativo a nivel nacional y la aplicación de los tarifazos en la luz, el gas y el agua.
En el recinto, la ley fue acompañada por los legisladores de Unión por la Patria, UCR-Cambio Federal y una parte del PRO. Por el oficialismo, habló la senadora María Rosa Martínez, quien destacó el rol que ocupan las recuperadas. «Las recuperadas son una vieja historia de nuestra realidad, arrancaron en 1998, pero crecieron fuertemente durante la emergencia económica del 2001. En el país hay alrededor de 400 empresas recuperadas que incluyen más de 18 mil trabajadores. La mayoría de estas empresas se encuentran en la Provincia de Buenos Aires», señaló y agregó que la experiencia de las empresas es reconocida en otros países de América latina y también por la ONU. «Sin ninguna duda es una obligación del Estado tomar en cuenta este sector productivo y realizar todas las medidas que atiendan a resolver los problemas que tiene», afirmó.
Un paraguas legal
«Luche, luche, luche y que se escuche». Los trabajadores de buena parte de las 150 cooperativas que operan en la provincia festejaron con cánticos y aplausos la sanción de la ley que les da un respiro en medio de la situación por la que atraviesan con una baja en la producción debido a que cayeron las ventas y la suba de los servicios como la luz, que pasó a costar hasta tres y cuatro veces más.
«Esto nos da un marco normativo estratégico, nos da un paraguas con el que podemos sentarnos en una mesa de trabajo con legisladores, el Ejecutivo y los trabajadores para poder diseñar otros resortes normativos como una reforma a la ley de expropiaciones de la provincia, que va en línea con el proyecto de recuperación de unidades productivas que presentamos en el Congreso Nacional, para darle un reconocimiento legal al sector», explicó a Tiempo Gisela Bustos, abogada del Movimiento Nacional Nacional de Empresas Recuperadas e integrante de la Cooperativa 19 de Diciembre de San Martín. Y aclaró: «No queremos vivir de emergencia en emergencia, queremos que se reconozca al sector que ya tiene más de 20 años de antigüedad».
«Sólo queremos trabajar»
La «19 de diciembre» es una empresa recuperada de San Martín que se dedica a la fabricación de autopartes para vehículos de Renault y Ford. Nació el 19 de diciembre de 2002, cuando los trabajadores tomaron la fábrica ISACO en medio del vaciamiento de la patronal. Por la recesión la producción bajó más del 50% en los últimos meses, una situación que «Después de 21 años todavía tenemos que andar haciendo fuerza para conseguir el trabajo. Sólo queremos trabajar, mantener la fuente laboral y el bachillerato que funciona en la cooperativa y que articula con la Universidad de San Martín», cuenta el presidente de la Cooperativa, Enrique Iriarte, a Tiempo. La recesión se siente fuerte en la coope y la producción bajó más del 50% en os últimos meses. Por ahora tienen tarifa diferencial de los servicios pero la incertidumbre en que se encuentra el sector a nivel nacional hacen que no sepan «hasta cuándo» pagarán el valor mínimo por la luz. «Tenemos bien claro que sólo Provincia nos puede ayudar, olvidate de Nación», dice y repite que los 18 trabajadores que integran la empresa sólo buscan «trabajar y vivir bien».
La Cooperativa Norte se fundó en 2012 y se dedica a la fabricación de cuadernos y libretas. Son 15 trabajadores de la ex empresa Encuadernación Norte que tomaron la posta tras la quiebra de la empresa. Silvia Baffi y Kelly Barrios, presidenta y tesorera de la cooperativa Norte, siguieron la sesión en el Senado y contaron a Tiempo que la cooperativa vende a librerías comerciales en todo el país. «Seguimos con los mismos clientes, no les importa si somos Sociedad Anónima o cooperativa. Vendemos a todas las provincias, seguimos teniendo los mismos vendedores», señalan. La empresa no se salvó de la baja de ventas que se vive a nivel país. «Estuvimos dos semanas casi sin pedidos», remarcan. A esto se le sumó el incremento del papel y de la luz: pasaron de una boleta de 80 mil a 700 mil pesos al mes. «La ley nos permite estar más tranquilos y avanzar, esperamos poder tomar más gente», se esperanzan.
«La producción bajó a la mitad»
Facundo Bramuel, presidente de Master Cheese, empresa láctea recuperada radicada en Marcos Paz, coincide con sus pares. «La ley es una herramienta fundamental porque, además, creemos que con el correr de los meses muchas empresas van a cerrar y esto va a ayudar a los trabajadores a mantener su fuente de trabajo, evitar el desalojo y poder seguir laburando y llevar la comida a su casa», señala en diálogo con Tiempo.
La empresa produce queso, muzzarella, ricotta y dulce de leche, vende a mayoristas y minoristas. Se conformó hace 14 años cuando quebró la planta Milita S.A. «Hasta diciembre veníamos procesando 60 mil litros semanales y ahora estamos en la mitad. Los clientes antes pedían 200 hormas y ahora piden menos, o directamente dejaron de comprar porque se cayó el consumo», grafica sobre la realidad que atraviesa la fábrica.
La crisis tampoco es ajena al frigorífico recuperado Frigocarne, que funciona en Máximo Paz, la segunda localidad en habitantes de Cañuelas, desde 2007. No sólo cayó la producción ya que se cayó estrepitosamente el consumo de carne, sino que les llegó una factura de 7,5 millones de EDESUR, más del doble de los 3,5 millones que habían pagado el mes anterior, y no saben cuánto más puede incrementarse el servicio.
Miguel Saavedra, presidente de la cooperativa, cuenta que cuando tomaron la planta estaba «destruida» y que fueron los trabajadores los que invirtieron para levantarla. «El año pasamos pusimos 190 millones de inversión genuina y nosotros además movemos el pueblo porque el frigorífico es el mayor empleador de la localidad», afirma y cuenta que también en el predio funciona el cuartel de Bomberos, al que le cedieron dos hectáreas y le pagan la luz. Sobre la ley de emergencia, considera que es importante que «el Ejecutivo y el Legislativo «asuman que este es un fenómeno que tiene 25 años, que vino para quedarse y que hay un montón de trabajadores que decidimos seguir manteniendo los lugares y ponerlos a producir cuando un empresario los abandona».
