El vocero presidencial Manuel Adorni, anunció el pasado miércoles 27 de marzo en conferencia de prensa la baja de más de 11 mil cooperativas del padrón de Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), inscriptas entre 2020 y 2022, por supuestas irregularidades.

El sector cooperativo entró en un estado de alerta, preocupación y confusión. El ex presidente de INAES Alexandre Roig desmintió al gobierno de Javier Milei y explicó los distintos puntos.

-Teniendo en cuenta las formas y el contenido del anuncio ¿Cómo analizas esta especie de confrontación del ejecutivo para con las cooperativas?

-Estamos ante una confrontación de índole discursiva. No creo que sea contra el cooperativismo, más bien me parece que es una maniobra distractiva a la que apela el Gobierno y claramente, no le hace bien al sector. Porque tergiversa la realidad con mala interpretación de datos, con desconocimiento de los procedimientos administrativos con los que se maneja el INAES.

La lectura del anuncio es falsa y los datos están tergiversados, o mal informados. A lo que hacía referencia el anuncio, es en realidad una medida procedimental, diría rutinaria. Y sobre eso, se montan para construir una narrativa de supuestas irregularidades.

El desconocimiento procedimental también es grave, porque genera mucha zozobra y angustia en el sector. Es un problema, porque nos distrae y sería mucho más importante, justamente valorar el lugar que puede tener el cooperativismo en este contexto para salir de la crisis en la cual estamos.

-En cuanto a los datos presentados que señalás como tergiversados ¿Qué grado de veracidad creés que representan?

–Todos los valores porcentuales expresados por el vocero presidencial no son necesariamente una mentira. Están mal informados. Cuando se habla del 72% de cooperativas en situación irregular, esto tiene que ver con que existe un plazo para hacer la presentación de balances contables y documentación pertinente. Entonces muchas entidades aun no presentaron su balance y documentación que corresponde a 2022.

Pueden haber hasta dos o tres años para que se regularicen las entidades este tipo de presentaciones. Si un día decidiéramos los argentinos como sociedad suspender a todos los sujetos jurídicos que no cumplen con la documentación real en tiempo y forma, no podríamos seguir funcionando como país.

En cuanto al 22% de repetición de asociados a las cooperativas, así como se puede trabajar en más de un trabajo en relación de dependencia, lo mismo pasa en las cooperativas de trabajo. Los objetos son restrictivos y puede que en el ejercicio de tareas relacionadas pero diferenciadas, una persona esté asociada a dos cooperativas. No hay nada irregular en eso.

En cuanto al 20% de repetición del correo electrónico de contacto de las cooperativas, muchas entidades tiene gestores, consultoras o entidades de segudo grado; que llevan adelante sus trámites formales. Es por eso que se repiten las direcciones de correo para su contacto legal.

En cuanto a 9% de repetición de la dirección legal de la cooperativa, en muchos casos está relacionado a que la actividad productiva ocurre en un mismo espacio. Tampoco representa una irregularidad.

Estamos ante una situación de absoluta normalidad, comunicada por el gobierno de manera catastrófica, por personas que desconocen cómo funcionan las cosas. Es como si nunca hubieran trabajado.

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Foto: Prensa INAES

-En cuanto a la creación masiva de cooperativas sin control alguno enunciada en la conferencia ¿Cuál es la relación con la gestión que presidiste a partir de 2021?

–En nuestra gestión simplificamos el proceso de matriculación de cooperativas de trabajo a través de la resolución 1000/2021, que denominamos Renovar, permitiendo que en dos meses se lleve a cabo la matriculación de una cooperativa en forma digital.

Este sentido de la libertad asociativa, organizativa y productiva permitió que se genera este aumento significativo en la cantidad de entidades que recibieron matrícula en esos años.

Pero también hay que resaltar que en nuestra gestión hubo un 5 % de fiscalización del padrón de entidades reguladas por INAES, lo cual en comparación con otras entidades del estado no es un valor menor. Por lo cual, tampoco es cierto que no hubo controles a las cooperativas.

-Hay como una alusión al menos retórica en el anuncio y sus derivados a la situación de pandemia ¿Qué sustento tiene esa vinculación y la referencia al periodo 2020-2022?

-La erupción del periodo 2020 – 2022 también es una interpretación abusiva de lo que está en la resolución formal de INAES.

Básicamente, hubo suspensiones de plazos administrativos debido a la pandemia, que fueron concluidos en su debido momento y se retomaron los procedimientos. Hay un tiempo de ordenamiento administrativo en el Estado y en las entidades privadas que todavía está en curso y parte de las resoluciones de INAES tienen que ver con el ordenamiento de los plazos que se corrieron durante la pandemia.

Recordemos que el Estado está, entre otras cosas, para acompañar la legalización en primera instancia de las entidades y sancionar si no lo pueden hacer, pero en primer lugar para acompañarlas. Y esa obligación de acompañamiento requiere asumir un principio de realidad. Es en función de los contextos que se adapta la normativa, y eso es lo que se hizo por resolución de INAES en el transcurso de los últimos tiempos a los que se hace referencia en el periodo.

-Dado que no hay ninguna entidad asociativa o mutual dada de baja ¿Cuál es entonces la medida que lleva a cabo el INAES para con las cooperativas que están en situación de supuesta «irregularidad»?

-Primero tenemos que comprender que, a pesar de los anuncios, el Poder Ejecutivo no puede dar de baja entidades. Ni sociedades anónimas, ni cooperativas, ni asociaciones civiles. En el caso de las cooperativas ese procedimiento depende de INAES. Así como hay un procedimiento administrativo para crear una cooperativa, también lo hay para fiscalizarla y en caso de que haya incumplimientos, a la entidad correspondiente se la intima y se le da un tiempo para cumplir.

Lo que en realidad sucede es que el INAES a partir de una serie de resoluciones, va a intimar a las entidades que corresponda a que regulen su situación, tal como debe ser. Todas las entidades van a tener entonces un plazo para regularizar su situación. Y las entidades que no lo hicieran claramente se verán intervenidas en la aplicación del reglamento vigente.

Con lo cual hay un abuso por parte del anuncio del vocero presidencial, porque confunde todos los planos del derecho administrativo. Pero también hay una confusión de discusión pública. Estamos hablando de procedimientos administrativos, no hay ningún problema penal ni existen acusaciones tales como las que están circulando y que son totalmente descabelladas. Nada de todo esto ayuda a la buena información del sector. Y la población por supuesto que en líneas generales se confunde más.

Lo que me preocupa, sobre todo, es que no se respete uno de los fundamentos del Estado de Derecho, que son el debido proceso. Hay procesos en lo administrativo, hay procesos en lo laboral, hay procesos en lo civil y comercial. Y todo esto justamente pareciera que el gobierno lo ignora.

-Si estamos ante una situación regular ¿Qué objetivo persigue esta estrategia comunicacional «catastrófica» del gobierno?

-La comunicación política del gobierno y también la de algunos medios de comunicación apunta a una suerte de estigmatización de lo cooperativo. Si bien se trata de distinguir todo el tiempo entre cooperativas de bien y las cooperativas que supuestamente no lo son; la verdad es que es una negación a la realidad de cientos de miles de trabajadores y productores que todos los días organizan su trabajo de manera asociativa gracias a su cooperativa.

Yo creo que, efectivamente, la estrategia comunicacional del gobierno busca generar miedo, y es una lástima. Ojalá se deje de tomar a las cooperativas como un sujeto de desprecio o denigrado, como lo está haciendo ahora con este formato de comunicación. Con lo cual, creo que la función final es de disciplinamiento. Sobre todo en evitar que hablemos de la situación económica que es trágica, de la que el Gobierno actual no es el único responsable, pero cada día que pasa toma medidas que hacen que convierta en el principal responsable.

Debería revisar esta forma, para asumir que no nos puede sobrar ningún actor social si queremos activar la vida laboral y productiva, salvo que efectivamente no le importe nada de lo que tiene que ver con la vida laboral y productiva. Y entonces entenderíamos que lo único que le importa es organizar un sistema económico en torno a la actividad financiera, cosa que en lo personal sospecho. Pasamos mucho tiempo en definitiva en corregir cosas que se dicen sin sentido real, y nos olvidamos que mientras estemos en estado derecho, las reglas que tenemos son las reglas a las que nos ajustamos.

Así que me parece que tenemos que estar muy atentos sobre la manera en la cual se discute en el espacio público acerca del sector, pidiendo que haya mucho más respeto, mucha más humildad sobre lo que no se conoce. Y por lo menos, verificar la información antes de tener declaraciones tan histriónicas y agresivas porque hace mucho daño para los que trabajan y producen todos los días.