Las políticas que impulsa Javier Milei significan un golpe transversal al cúmulo de derechos de diversos grupos sociales, entre ellos las niñas, niños y adolescentes que viven en el país. El impacto de la normativa aprobada por el presidente en el DNU 70/23, el protocolo antipiquetes de la cartera de Seguridad que conduce Patricia Bullrich y el proyecto de ley Ómnibus fue analizada por la Mesa de Articulación de Niñez, que se reunió el viernes 12 de enero y se declaró en alerta ante la gravedad de sus efectos.
Xenofobia y regresividad
En un documento publicado de forma posterior a la reunión, la Mesa de Articulación de Niñez –que reunió a más de 100 activistas de forma presencial y 300 de manera virtual de todo el país- expresó que “el conjunto de medidas que impulsa el gobierno es regresivo de todo el arco de derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales de niñxs, adolescentes y sus familias y precariza las condiciones en las que los sistemas de protección de niñez y adolescencia van a tener que dar respuesta a los efectos que las propias medidas producen”.
De manera específica, la Mesa de Articulación señaló que las políticas oficialistas adoptan “criterios xenófobos que afectan a la niñez migrante y es regresivo respecto a los avances en los enfoques de género que protegen también a niñxs y adolescentes”.
Paliar el hambre de las infancias
“Una de las cuestiones que más nos preocupa es que las prestaciones, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las asignaciones familiares quedarían sin fórmula de actualización, ya que al quitar la fórmula de aumento de las jubilaciones donde están por ley enganchadas, quedan a discreción del Poder Ejecutivo”, explicó en el programa de radio Te aviso con Tiempo Rosario Hasperue, Secretaria de Derechos Humanos de la CTA Autónoma de Buenos Aires, quien también coordinada el Foro por la Niñez, parte de la Mesa de articulación.
“Lo mismo que la Tarjeta Alimentar que, si bien ya estaba a discreción del Poder Ejecutivo, con los anuncios que escuchamos se verán bastante desfavorecidas respecto a los índices de inflación, al costo de vida que se está registrando con los aumentos de precios”, expresó la especialista.
Otro de los aspectos preocupantes del paquete de medidas que se discute en este momento en el Congreso de la Nación, es la modificación de la Ley de los 1000 días que supone atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera Infancia, es decir, hasta los 3 años de vida. “Hasta ahora la unidad ejecutora estaba en el Ministerio de Salud de la Nación, tenía un espíritu interministerial pero pasa a la SENAF sin esta perspectiva por lo que pierde no sólo el espíritu sino la riqueza y la capacidad de incidir que tenía antes desde una mirada interministerial”, asegura Hasperue.
Asimismo, en relación a los niños beneficiados por esta ley, la coordinadora del Foro de Niñez puntualizó que los tiempos estipulados por el gobierno para salir de la situación de emergencia mientras lleva adelante el ajuste económico afecta mucho más a las infancias de 2 o 3 años que están en la plena etapa de desarrollo de sus capacidades cognitivas. “Realmente no se le puede pedir tiempo a un niño de 2 o 3 años para garantizarle el alimento, estamos afectando directamente su desarrollo, por lo tanto no se puede esperar para paliar el hambre o garantizar los derechos en el transcurso de la niñez, siempre es hoy y ahora”, remarcó.
Mayor punitivismo para los adolescentes
Hasperue destacó que las modificaciones en el Código Penal, si bien no bajan la edad de imputabilidad, aumentan la escala de penas en delitos que antes eran excarcelables. “A los pibes punibles de 16 y 7 años les tocaría mayor punitivismo, el sistema se vuelve más punitivo sobre los adolescentes”, aseveró.
También destacó un cambio de paradigma en el Derecho Penal aplicable, que al tipificar, por ejemplo, la reunión de más de 3 personas en el espacio público, se enmarca en Derecho Penal de autor en lugar del Derecho Penal del acto. El impacto de esa perspectiva implicaría que “puede caerle el peso de la ley a pibes presidentes del centro de estudiantes porque el centro hizo determinada acción aunque el pibe no esté presente en ese hecho”.
De esta manera, se vulnera el derecho a la participación, la expresión y la manifestación, es decir, el derecho a la participación progresiva de los niños y niñas y adolescentes, quienes tienen derecho a votar desde los 16 años y, por ende, a protestar y a ser oídos.
Menos ambiente sano y menos educación
Las graves violaciones a los derechos ambientales por parte de las empresas, cuyo accionar estaría permitido por el paquete de medidas, afectaría, por ejemplo, el cuidado de los bosques y glaciares. “Los que más lo sufren y los que más lo van a sufrir son las próximas generaciones, ya que directamente afecta el desarrollo y el bienestar de nuestras niñeces”, apuntó Hasperue.
En este sentido, la especialista recordó que la Convención de los Derechos del Niño establece la responsabilidad de los estados en garantizar todos sus derechos y que la Observación N° 5 del Comité de los Derechos del Niño, de forma específica, señala que las economías de mercado atentan contra dichas garantías. “El estado debe regular a las empresas privadas para garantizar una vida plena de los niños y las niñas”, expresó.
Por último, la coordinadora resaltó que en materia educativa “terminar con la obligatoriedad de la escuela es un retroceso de varias décadas respecto a garantizar el derecho a la educación de los niños y las niñas”. La medida atenta, según Hasperue, contra el espíritu de las leyes de promoción y protección de derechos de la niñez ya que el estado tiene el deber de garantizar el acceso igualitario de todos los derechos para las infancias. Y concluyó: “no se puede correr al estado de ese rol en cuanto a la salud, a la educación, al ambiente sano, a la vivienda, al juego, a todos los derechos que tienen nuestros niños que, por supuesto, necesitan presupuesto específico y una inversión”.
