El presidente Alberto Fernández prorrogó anoche por 180 días la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), dispuesta el 21 de diciembre de 2019, y ratificó al frente del organismo a Cristina Caamaño, cuya postulación fue remitida al Senado

A través del decreto 359/2021, Fernández destaca la puesta en funcionamiento de mecanismos de transparencia en el manejo de recursos e instruye a profundizar las reformas implementadas por Caamaño, cuyo pliego para ser nombrada como directora general de la AFI fue enviando el 22 de junio de 2020 a la Cámara Alta.

“Las modificaciones esenciales para consolidar un paradigma que, en materia de inteligencia, permite rendir cuentas ante la sociedad y expone los principios de publicidad, transparencia, eficacia y eficiencia como bases de la reformulación que se requiere”, señaló el decreto firmado por el jefe de Estado.

En los fundamentos de la normativa se destaca que durante la intervención se han “reducido las partidas confidenciales al mínimo indispensable y se ha generado un programa responsable de rendición de cuentas, lo que se vislumbra sobre la base de la publicidad de la información presupuestaria”.

Fernández también puso en relieve el proceso de puesta en funcionamiento de un mecanismo tendiente a enmarcar las actividades de los organismos de inteligencia en las prescripciones de la Ley de Protección de Datos Personales, “así como la de centralizar sus respectivas bases de datos en un Banco de Protección de Datos y Archivos de Inteligencia”, subraya el decreto rubricado por el mandatario.

El decreto, además, remarca que la prórroga de la intervención permitirá “robustecer la excepcional tarea llevada a cabo en conjunto con organismos de derechos humanos”, más otras dependencias públicas, para “proteger y sistematizar los archivos obrantes en la AFI referidos al rol de los organismos de inteligencia en las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por el Estado argentino”.

En ese punto, la norma que lleva la firma de Fernández y del jefe de gabinete, Santiago Cafiero, subraya que la sistematización y difusión pública de los archivos secretos de la exSide y de otros organismos de inteligencia durante la dictadura es “un histórico reclamo de las víctimas, sobrevivientes, organismos de DDHH y la sociedad en su conjunto”.

En otro párrafo de los considerandos, el decreto cuestiona los efectos producidos por un decreto anterior vinculado a la acción de inteligencia, el 656 de 2016, firmado por Mauricio Macri y Marcos Peña, que establecía un nuevo Estatuto para el personal de la AFI, modificaciones que fueron revertidas por la intervención.

“»El citado decreto (por el 656) implicó un notorio retroceso institucional en la materia, que se ha traducido en la práctica en un funcionamiento desviado de las finalidades de los organismos de inteligencia y, en particular, de la propia AFI, que ha profundizado los aspectos secretos más allá de toda necesidad funcional y por fuera de los objetivos legítimos que toda actividad de inteligencia debe poseer en el marco del Estado constitucional de Derecho”, cuestiona la norma publicada este viernes.