Mientras Fabiola Yañez afina la puntería para dar los próximos pasos en la causa por violencia de género que le inició a Alberto Fernández, el expresidente pidió en tribunales que ambos se encuentren (pese a que hay una expresa prohibición de contacto) para una audiencia de “conciliación”.

En el entorno de Fabiola Yáñez creen que el juez Julián Ercolini conservará la denuncia por violencia de género en su juzgado, acumulará más pruebas “para que ya no pueda decir que los moretones son maquillaje”, lo llamará a indagatoria, lo procesará y lo enviará a juicio oral por “lesiones graves doblemente agravadas y amenazas coactivas”. No esperan, ni desean, que vaya preso. Pero insisten en asegurar que “la cagó a palos durante ocho años”. Por eso hablan de un “delito continuado que comenzó en Puerto Madero en 2016 y terminó en Puerto Madero en 2024”.

Así justifican el pronóstico de que la Cámara Federal confirmará que la causa continuará en manos de Ercolini y no en los tribunales de San Isidro, como pretende la defensa de Fernández. Aplican un principio que tiene poco de jurídico: “Comodoro Py se reserva juzgar a expresidentes”.

El ex presidente Alberto Fernández desperdició esta semana la oportunidad de recuperar –al menos en parte– algo de paz judicial en la causa en la que se investiga la denuncia de su expareja, Fabiola Yañez, por violencia de género.

Una serie de episodios que ocurrieron dentro y fuera del expediente desinflaron el volumen de la denuncia. Empiezan a aparecer dudas sobre lo que realmente ocurrió al interior de la pareja, lo cual sería irrelevante si no se tratara de un ex matrimonio presidencial. Pero Fernández sabe que, a contramano de lo que suele ocurrir en los tribunales, la duda no lo favorece.

Para él, el “beneficio de la duda” puede ser el peor de los perjuicios. Necesita superar esta situación demostrando que jamás agredió físicamente a Yañez y que un juez aclare en una resolución con su sobreseimiento que “la formación de la presente causa en nada afecta el buen nombre y honor del que hubiera gozado”. Por debajo de eso, todo es pérdida. Incluso con esa definición judicial probablemente todo sea pérdida.

Golpes no, chats sí

Los testigos que comenzaron a desfilar ante el fiscal Ramiro González no confirmaron la versión de los golpes. Del lado de Yañez existía gran expectativa sobre la declaración de María Cantero, la secretaria de Fernández durante su paso por el gobierno. La lectura mediática de esa declaración fue que Cantero confirmó la existencia de los chats con Fabiola Yáñez. Eso nunca estuvo en duda.

¿De dónde surgieron los indicios de violencia de género que llevaron al juez Ercolini a impulsar a Yañez a denunciar a su ex pareja? Del teléfono de Cantero. ¿Cómo podía negar la existencia de esos chats? ¿Acaso alguien suponía que iba a decir que le hackearon el teléfono?

Lo sustancial de la declaración de Cantero fue que sólo supo de los golpes que acusa Yañez a través de la palabra de la propia presunta víctima. Cantero conoce a Alberto Fernández desde hace 35 años y eso significa mucha vida privada. Ante el fiscal y bajo juramento de decir verdad afirmó que se sorprendió con la denuncia porque nunca tuvo una mínima señal de que su exjefe actuara de esa manera.

La otra testigo que declaró esta semana, la periodista Alicia Barrios –amiga personal de Yañez– tampoco acreditó la agresión física, ni siquiera por mención de la propia víctima. Pero sí consideró que el no haberle dado a Fabiola el espacio que –según su opinión– merecía al lado del expresidente representa una forma de violencia. Los tribunales civiles (especialmente los juicios de divorcio) están repletos de esas consideraciones. Pero el Código Penal no considera delito las decisiones institucionales que adopte un presidente de la Nación sobre el rol de la primera dama.

El lunes será el turno de Daniel Rodríguez, exintendente de la Quinta de Olivos. Para la defensa de Fernández la ausencia de los videos de las cámaras de seguridad de la Residencia Presidencial (sólo se guardan durante unos 45/60 días) es una mala noticia. Esos videos, aseguran, habrían permitido mostrar una situación muy diferente a la que describe Fabiola. Lamentan que se hayan perdido también los videos que muestran los espacios verdes de la Quinta y los del interior de la casa de huéspedes a la que se mudó Yañez durante la etapa más traumática de la relación.

El 5 de setiembre será el turno de Federico Saavedra, exjefe de la Unidad Médica Presidencial. Yañez afirma que él la atendió por su ojo morado. Y queda pendiente la declaración que tal vez sea decisiva sobre el futuro de la causa: la de Sofía Pacchi, supuesto eje de una pelea por celos entre la expareja presidencial.

La estrategia del expresidente

Fernández mantiene su decisión de discutir la controversia con su exmujer dentro del expediente. Y en ese contexto no tuvo mejor idea que denunciarla penalmente por haber accedido al contenido de su “nube” informática, extraer de allí documentos privados (los videos con Tamara Pettinatto) y haberlos filtrado a la prensa. En ese escrito, Fernández mencionó también a la actriz Florencia Peña, quien negó públicamente la existencia de un video comprometedor entre ambos.

“No es mi intención querellar por injurias a todos los medios periodísticos por lo que digan de mí, pero todo tiene un límite. Sobre todo cuando se me acusa en virtud de cuestiones de género, pero mancillan los nombres y el honor de otras mujeres como Tamara Pettinatto y Florencia Peña, por ejemplo”.

En ese mismo escrito, Fernández peticionó que “luego de los trámites pertinentes, se cite a la audiencia determinada por el Artículo 424 del ritual”, el Código Procesal Penal. ¿Qué dice ese artículo? “Audiencia de conciliación. Presentada la querella, el tribunal convocará a las partes a una audiencia de conciliación, a la que podrán asistir los defensores”.

Acaso sea esa la forma de encauzar racionalmente las desavenencias de la pareja. «