En la madrugada del 24 de marzo de 1976, mientras el golpe de Estado contra el gobierno de Isabel Perón comenzaba a consumarse y se escuchaban por radio los primeros comunicados de la Junta Militar que tomaba “el control operacional” del país, una patota de hombres armados ingresó a un edificio de la calle Libertador al 1100 con el objetivo de asesinar a un oficial retirado del Ejército, que supo ser durante años edecán de Juan Domingo Perón y luego su delegado personal en los años de la proscripción. “¡Alberte, te venimos a matar!”, gritaron al irrumpir en su departamento, donde se encontraba junto a su mujer y su hija, y minutos después lo arrojaron a un patio interno, donde su cuerpo fue encontrado sin vida. Así, el entonces teniente coronel Bernardo Alberte se convirtió en la primera víctima de la dictadura que sumiría a la Argentina en una larga noche de terrorismo de Estado que se extendió hasta diciembre de 1983.
Antes de ser asesinado, Alberte se encontraba escribiendo una carta abierta al jefe del Ejército, el general Jorge Rafael Videla, quien estaba por convertirse en presidente de facto del país. Días antes, otro grupo de hombres armados habían secuestrado a un colaborador suyo, Máximo Altieri, en las oficinas que el militar tenía en la calle Rivadavia al 700, a donde habían llegado con la intención de capturar al teniente coronel retirado. El cuerpo de Altieri apareció horas después acribillado a balazos en una morgue del cementerio de Avellaneda. Un claro hecho de represión ilegal que Alberte denunciaba ante Videla como anticipatorio de la asonada militar que daría inicio al plan genocida. En la misiva, se advertía sobre “la inhabilidad de las Fuerzas Armadas para el ejercicio del poder político, experimentado en tres ocasiones en lo que va del siglo”.
Alberte nació en 1918 en Avellaneda, y el 17 de octubre de 1945, cuando el pueblo se movilizaba hacia Plaza de Mayo pidiendo la liberación de Perón, se sublevó como teniente al tomar la Escuela de Infantería de Campo de Mayo. Su carrera militar continuó durante el gobierno peronista, que lo nombró como edecán presidencial. En Casa Rosada, resistió, armas en mano, los bombardeos de junio de 1955 y el golpe de la denominada Revolución Libertadora, que lo degradó y lo encarceló en el penal de Ushuaia.
Tras ser liberado, se exilió en Brasil, desde donde comenzó a intercambiar cartas con Perón. Al volver al país se convirtió en una especie de correo del general exilado, repartiendo correspondencias y grabaciones del fundador del justicialismo. En 1967, durante el gobierno de Juan Carlos Onganía, Alberte fue designado delegado de Perón y comenzó a recorrer las provincias repartiendo instrucciones que llegaban desde Madrid para la militancia peronista. Dos años más tarde, se decreta una amnistía para los militares exonerados en 1956, pero Alberte lo rechaza. Recuperará su condición en 1973, con el gobierno de Héctor Cámpora, cuando se le otorgó el grado de teniente coronel.
“Lo conocí durante un encuentro de la Juventud Revolucionaria Peronista que se hizo en Montevideo. Su principal legado fue haber defendido la concepción de unas Fuerzas Armadas defensoras de la soberanía nacional y respetuosa de la voluntad popular”, señaló en diálogo con Tiempo Eduardo Gurrucharri, autor del libro Un militar entre obreros y guerrilleros, que repasa la vida de Alberte y su intercambio epistolar con Perón.
“Fue un accidente”, le espetó uno de los integrantes de la patota a la mujer de Alberte antes de irse del departamento de la calle Libertador. Otro militar al mando de una patrulla retiró el cuerpo, que su familia logró recuperar y velar horas después de este asesinato. “Lo curioso es que la carta que le había escrito a Videla y que estaba terminada, quedó en la máquina de escribir, y no se la llevaron”, recordó Gurrucharri.
Bernardo Alberte hijo inició acciones legales y presentó una denuncia contra Videla. El juez Rafael Sarmiento se declaró incompetente y otros magistrados hicieron lo mismo. En julio de 1976, la justicia militar cerró la causa y estableció que Alberte se había suicidado.
En 1982, con la dictadura en retirada, en un edificio de la calle Luis María Campos, un militar, el teniente coronel Jorge O’Higgins dejó paquetes y papeles en el palier de su departamento para que el encargado los tirara a la basura. Pero una vecina los recogió y los guardó durante años.
Tiempo después, en medio de la campaña electoral, un grupo de abogados peronistas intentó impulsar una querella por el crimen de Alberte, algunos dirigentes acompañaron la iniciativa, pero el candidato justicialista, Ítalo Argentino Luder se negó a firmar. “Es un caso espinoso”, indicó el postulante.
Tras la reanudación de los juicios de lesa humanidad, la familia de Alberte recuperó los originales de las cartas y la documentación se presentó ante el juez federal Daniel Rafecas, quien inició una investigación.
O`Higgins quedó detenido y también quien había sido su jefe en la dictadura y extitular de la Jefatura II de Inteligencia del Estado Mayor del Ejército, el general Carlos Alberto Martínez. La instrucción avanzó y se logró identificar a otro de los integrantes de la patota: el general Oscar Guerrero.
Sin embargo, todos murieron durante el proceso y hasta ahora, la Justicia no logró identificar al resto de los militares involucrados en el asesinato de Alberte, la primera víctima de una dictadura genocida.
