Un estudio elaborado por la Unión de Trabajadores Domésticos y Afines (UTDA) da cuenta de una situación «desesperante» en el sector.
La encuesta realizada en los primeros días de este mes por una de las doce entidades que las agrupa y participan del Consejo de Casas Particulares da cuenta del despido «tácito o explícito» de 367.500 empleadas. En la medida en que se encuentra vigente el DNU 367/20, que prohíbe las cesantías y, al mismo tiempo, rige la doble indemnización, la inmensa mayoría de esas bajas se produjeron sobre la base de inducir renuncias reteniendo haberes durante la cuarentena y abonándolos todos juntos a modo de indemnización. Otra parte surge de aquellos casos (un 6,6% del total) que asegura haber sido abandonada por sus patrones que dejaron de depositarle el sueldo sin comunicación alguna.
El dato surge de proyectar sobre el total de 1,5 millones de trabajadoras de casas particulares que registra la EPH los resultados de la encuesta relevada por la UTDA. El número resulta un piso en la medida en que, siendo una encuesta promovida por un gremio, el 81,5% declaró trabajar en blanco cuando la EPH da cuenta de un 76% de informalidad en el sector. Las cesantías, suspensiones y «abandonos» en ese segmento escalan a más de la mitad catapultando la cifra total (y real) de bajas generadas en la cuarentena a más del doble.
Por el momento se conoce solo un fallo conquistado por el estudio Abogades en Cooperativa que, en nombre del decreto anti despidos, logró la reinstalación de Nadia Yvern.
Ingresos
Pero la cuarentena también impactó en los ingresos del sector. Según el informe elaborado por uno de los asesores jurídicos de la UTDA, Matías Isequilla, apenas «el 53,9% percibió su salario de manera íntegra durante la cuarentena mientras que el 22,6% no recibió remuneración alguna y el 23,5% recibió parte de su salario habitual».
Isequilla confirmó a Tiempo que existió «cierta confusión derivada del establecimiento del IFE. Es independiente del salario y, por ende, no lo sustituye ni lo compensa». Pero además, señaló, «tenemos casos donde, en los recibos, los patrones descontaron el 25% del salario en nombre del acuerdo de la UIA con la CGT y de trabajadoras activas sin percibir salarios en nombre del IFE».
El salario de la categoría inicial se encuentra congelado en $ 17.785 desde mayo cuando venció el último acuerdo de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares ubicándose por debajo de los $ 18.792 que marcan la línea de la indigencia.
Del estudio surge que al inicio de la cuarentena el 22,9% percibía una remuneración mensual inferior a $ 10 mil, el 25,1% por debajo de $ 15 mil y el 36,1% inferior a 20 mil pesos.
El especialista de la UTDA apuntó al gobierno: «A pesar de nuestros reiterados pedidos, el Poder Ejecutivo se negó a convocar a las representaciones sectoriales», dijo. Además, explicó, «el Consejo está controlado por el Estado que, por una cuestión de clase, no tiene interés de mejorar las condiciones de este sector». La entidad también cree que las bajas pudieran haberse evitado si el gobierno hubiera incluído a los empleadores en los ATP.
Por otro lado, el IFE alcanzó a la mitad de las trabajadoras que lo solicitaron y se percibió tres veces en los seis meses que arrastra la cuarentena.
Elusiones y fraudes
El ASPO también resultó un escenario de violación de disposiciones sanitarias agravadas por la precariedad del sector. Antes de la cuarentena, el 78% de las trabajadoras registradas revistaba en la categoría de tareas generales que fue excluida de la esencialidad. Debieron percibir el IFE y el salario.
Sin embargo, «muchos despidos fueron a trabajadoras que se negaron a violar la prohibición de trabajar».
El 17,2% de las trabajadoras asegura haber sido víctima de un fraude laboral consistente en «la modificación de la categoría a la de cuidado de personas para eludir las restricciones».
Así las cosas, el 47,2% de las trabajadoras declara haber tenido que trabajar durante la ASPO. Un 27,7% del total dice haberlo hecho en forma «obligada». El porcentaje se aproxima al 53,9% de las trabajadoras que efectivamente perciben su salario en tiempo y forma.
La problemática tomó estado público en dos movilizaciones que impulsó la Agrupación de Trabajadoras de Casa Particulares en Lucha al Ministerio de Trabajo el 2 y 16 de septiembre. María del Carmen Díaz, dirigente del agrupamiento, explicó a Tiempo que «me quedé sin trabajo porque mis empleadores tenían miedo al contagio. Estaba en negro y me dejaron de llamar. Vimos la necesidad de agruparnos y defender los puestos de trabajo».
Sobre los reclamos explicó que «pedimos un aumento salarial del 100%, la prohibición de los despidos y un seguro de $30 mil a las desocupadas. Necesitamos un convenio colectivo y derechos legales (estamos en un fuero especial y no en el laboral). Hay compañeras que el empleador les dio como pagado el sueldo con el IFE, otras están siendo obligadas a ir a trabajar siendo personas de riesgo, y a otras las obligan a quedarse en la casa del empleador bajo amenaza de perder el trabajo». María del Carmen explicó que «en el Ministerio dijeron que era poco tiempo para responder. Pero hace muchos años que nadie habla de nosotras. Somos la parte más vulnerable y peor pagada de todos los trabajadores». Además destacó otro problema: «Dependemos de los sueldos de otros trabajadores. Si un médico cobra $50 mil no le puede pagar $25 mil a una empleada. El Estado, además de los nuestros, tiene que subir todos los sueldos», reclamó. «
SIN PARITARIALa Comisión Nacional para el Trabajo en Casas Particulares es el organismo que determina las escalas salariales del sector. Participan 12 gremios y dos entidades patronales. El Estado tiene potestad de convocarlo y, a la vez, cuenta con la mitad de los votos y poder de desempate. No hay paritaria libre.
