El viernes 14 de febrero quedó al desnudo que el gobierno de Milei es una estafa. Que su único modelo es la timba financiera y que eso en sí mismo esconde un engaño: no se produce nada y sólo ganan unos pocos ladrones a costa de miles y miles que pierden. Lo del viernes fue un reflejo del plan de país y sociedad que quieren.

Pero también quedó al desnudo una operación de prensa montada desde el área de Presidencia de la Nación, que contó con un conductor televisivo, Jonatan Viale, que aceptó que el mismo entrevistado (el presidente Javier Milei) le dictara qué preguntas hacer, y de un canal de noticias, TN, que aceptó que Presidencia le enviara la entrevista editada. En este caso, no fue editada y por eso se conoció la trampa, que fue develada por los tramposos. La deslegitimidad de los medios de comunicación y de gran parte del periodismo es consecuencia directa de este tipo de prácticas.

Lo que ocurrió el viernes no es nuevo: luego de ganar las elecciones en el balotaje del 19 de noviembre, cuando todavía Milei se alojaba en el Hotel Libertador, ya realizaba estos simulacros de entrevista. El mismo 10 de diciembre, día de la asunción, desde SiPreBA denunciamos algunas de esas prácticas que afectan la tarea periodística: «Los medios tuvieron que aceptar recibir un material editado por el equipo del Presidente para poder concretar las entrevistas, algo que interfiere fuertemente en el libre ejercicio del periodismo». No participaron camarógrafos ni luego los editores de video de los canales que realizaron esas notas.

En las antípodas de estas operaciones, hay otro periodismo. Un ejemplo de eso fue el chequeo del video subido al canal de YouTube de la señal de noticias por parte del periodista Ari Lijalad, publicado por la señal con la lógica suposición de que los dueños de la edición habían hecho su trabajo. No es casual que el gobierno ataque al periodismo y que promueva fake news como fue el primer intento de excusarse hablando de un supuesto hackeo a la cuenta de X de Milei. Tampoco es casual el uso de patotas digitales, la judicializacion de periodistas por su tarea de informar, las acusaciones de «ensobrados» a cualquiera que ponga en duda el discurso oficial o la modificación de normas como la ley de acceso a la información pública. A esa política se suma el intento por destruir el rol social de los medios públicos y el salario de sus trabajadores, la eliminación de la pauta publicitaria pública ajustando los medios más chicos o de fondos de fomento como los Fomeca, el vaciamiento de herramientas como la Defensoría del Público y un largo etcétera.

El saqueo, el ajuste, la estafa de Milei, necesitan de una sociedad desinformada. También de una sociedad agotada y anestesiada por los escándalos con formato de farsa. «Si no fuera porque hay que pagar la cuenta, este país sería para cagarse de risa», decía Osvaldo Soriano. El problema es justamente ese: que siempre los que trabajamos y producimos la riqueza terminamos pagando esa fiesta de un puñado.«