El diario Clarín publicó un artículo sobre la evolución de vacantes y aspirantes a las residencias médicas, basado en los datos publicados por el Ministerio de Salud sobre el examen de este año. La nota se centra únicamente en el área de la medicina. Da cifras generales sobre las residencias del equipo de salud, pero aún falta información sobre las especialidades no médicas, muchas de ellas en estado crítico, sobre todo la de enfermería, que sigue siendo el gran déficit del sistema de salud argentino.

El ligero aumento de los aspirantes no alcanza a resolver el problema de las residencias vacantes que se vienen repitiendo en los últimos años. Para entender esta situación, hace falta recalcar que el salario de los residentes no cubre ni el 50% de la canasta familiar de consumos mínimos, según los últimos cálculos de ATE-Indec.

Hoy en día un profesional que ha estudiado una carrera universitaria de seis años y que se acerca a los 30 años de edad no puede darse el lujo de trabajar 60 horas semanales, con guardias incluidas, por 750 mil pesos de sueldo, que es el salario de ingreso de un residente en la provincia de Buenos Aires y en el Estado nacional. Del total de residentes, el 70% son mujeres con responsabilidades de familia.

Supongamos, entonces, que con apoyo familiar o de la pareja, una persona está en condiciones de realizar los tres o cuatro años de formación de la residencia. ¿Qué le espera a la salida? Niveles salariales que siguen estando por debajo de las necesidades de una familia tipo y, en el sector público, una explosión de la demanda, producto de una pobreza que ronda el 55% (según datos del Indec), y que ha empujado a muchas personas y familias a abandonar la atención privada.

Veinte millones de argentinos y argentinas, sino más, se atienden con cobertura pública exclusiva (CPE). Más del 75% de ellos son pobres. Si además tomamos en cuenta que la pérdida de casi 600 mil puestos de trabajo implica el cese de los aportes a la seguridad social y la caída en la cartera de las prepagas, este hipotético profesional que sale de la residencia se encuentra con ofertas de trabajo con bajos salarios, sobrecarga horaria, precarización laboral y cero estímulos para sumarse a las especialidades que requieren de muchos trabajadores y que cubren las necesidades básicas de la población.

Es por eso que no es de extrañar que en las tres especialidades que articulan y son sostén de la atención de la población (clínica médica, pediatría y medicina familiar), los aspirantes a la residencia son exactamente la mitad de los cargos ofrecidos.

Si observamos qué sucede a nivel federal, en la medida en que nos alejamos del centro de las ciudades más grandes y ricas, donde operan los grupos privados de salud y las superespecialidades, vamos a ver que la atención primaria y los hospitales rurales de complejidad mediana, alejados de los centros urbanos, tienen hoy un enorme déficit en medicina familiar, pediatría y clínica, déficits se están agudizando.

A eso se suma que los estímulos históricos para la radicación de los profesionales en zonas desfavorables, con las actuales políticas públicas, tienden a desaparecer. Hay una ofensiva feroz contra el full time en provincias que habían armado y tienen un sistema virtuoso basado en esa modalidad, como lo son Tierra del Fuego, San Luis y Neuquén, donde el atraso salarial y la política de destrucción del trabajo a tiempo completo y de dedicación exclusiva conforman una tenaza siniestra que va despoblando progresivamente el sistema público.

El Consejo Federal de Salud omite uno de sus principales deberes, que es el debate sobre las condiciones laborales en el ámbito sanitario. Hasta la pandemia, ni siquiera tenía datos sobre cuántos trabajadores de salud había en la Argentina. El insuficiente bono recibido durante la pandemia tuvo la única virtud de poder conocer que en la Argentina hay medio millón de trabajadores y trabajadoras públicas de la salud.

Durante años, las organizaciones sindicales, en particular la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (Fesprosa), hemos pedido una paritaria nacional para encarar el problema de un modo integral. Vacantes de residencia, especialidades, salarios de residentes, oportunidades laborales y estímulos, pisos de derechos y de salario de todos los trabajadores de la salud y el financiamiento de todo el sistema sanitario tienen que ser encarados en una paritaria nacional. 

Todos los gobiernos de la democracia, y en particular a partir de la década del noventa, se han negado sistemáticamente a abrir un ámbito de discusión de este tipo. Por lo tanto, se vuelve imposible encarar una política integral de recursos humanos que pueda resolver la situación y mejorar, así, la oferta de servicios públicos para la población argentina.