El presidente Alberto Fernández, en la cadena nacional del jueves pasado en la que anunció el aislamiento social obligatorio, adelantó que el miércoles haría anuncios para los y las trabajadores monotributistas y no registrados.

Sin embargo, el anuncio destinado a ese sector se adelantó para el lunes de esta semana. Es que, un petitorio impulsado por el Colectivo de Monotributistas Organizados, surgido en rechazo al aumento del 51% que dispuso el gobierno en diciembre pasado, ya había reunido en horas más de 130 mil firmas reclamando un seguro al parado de $30 mil, la exención del pago del impuesto mientras dudara la emergencia sanitaria así como garantías de cobertura sanitaria ante la negativa de las Obras Sociales de siquiera ofrecer la cobertura básica del Plan Médico Obligatorio.

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Una vez que se conocieron las medidas, el mismo agrupamiento emitió un comunicado mediante el cual interpretan que la decisión del gobierno es “en gran parte” resultado de la masividad de su propio reclamo: “entendemos que esto fue en gran parte gracias a nuestra organización y al petitorio que alcanzó las 130.000 firmas y que cobró una gran visibilidad en los medios”.

De cualquier forma, aseguran que el Ingreso Familiar de Emergencia “resulta insuficiente desde varios puntos de vista”. Es que, razonan, “el monto es realmente exiguo para el sostenimiento de todo un grupo familiar” ya que “puede verse rápidamente absorbido por gastos fijos, como el alquiler, las cuentas, impuestos varios”.

De hecho, los $10 mil representan apenas un 59% de la Canasta Básica Alimentaria para una familia tipo ($16.785) que es la que establece el umbral de la indigencia y el 24,5% del valor de la Canasta Básica Total que mide la pobreza y alcanzó en febrero de este año los $40.785. Según el estudio realizado por la Junta Interna de ATE Indec, una familia trabajadora necesita reunir al menos $63 mil para hacer frente a todos los gastos que garanticen el funcionamiento de su economía. El salario mínimo vital y móvil se ubica hoy en $16.875.

La resolución oficial indica que el beneficio no será otorgado a todos aquellos trabajadores que perciban algún ingreso adicional en su grupo familiar, provenga este de su propia facturación o la de algún familiar que comparta su hogar. Con todo, aseguran que el beneficio alcanzará a unos 3,6 millones de hogares.

Pero además, los afectados destacan que “al no decretarse la exención del pago del monotributo”, que para la categoría B se ubica en $2.138, “el ingreso ‘neto’ será, en realidad, de aproximadamente $8.000”. 

El agrupamiento cuestiona el impacto económico de la medida en sus bolsillos pero, además, critica que “los requisitos impuestos para acceder al mismo dejan por fuera a millones de familias”. Es que, aseguran, “si existe algún otro ingreso en el grupo familiar (a excepción de la AUH y la Asignación por Embarazo) no se verá adjudicado. Además, quienes hayan podido facturar alguna actividad durante ese mes y perciban un ingreso parcial también quedarán excluidos, aunque sus ingresos sean fuertemente disminuidos mientras dure la cuarentena”.

Del mismo modo cuestionan la exclusión de los monotributistas de las categorías superiores a la B que perciben a un salario mensualizado de hasta $26.092 y de “los trabajadores mayores de 65 años y todos aquellos que residen en el país hace menos de 2 años”.

Por eso el agrupamiento exige “ser incluidos en las medidas que se tomen para los sectores más precarizados” e insisten “en un seguro de desempleo de al menos $30.000 para todos los monotributistas”. Por último piden que se “garanticen las licencias pagas de aquellos monotributistas que trabajan en relación de dependencia encubierta, durante todos el período que dure el aislamiento”.