Abuelas de Plaza de Mayo defendió la actuación de la Comisión por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) y cuestionó el accionar de Patricia Bullrich, tras conocerse la decisión del Ministerio de Seguridad de bloquear el acceso a legajos de miembros de fuerzas de seguridad, requeridos para investigar casos de apropiaciones durante el terrorismo de Estado.
“Es inadmisible que luego de 40 años, un gobierno de la democracia entorpezca la búsqueda de nuestros nietos apropiados, arrancado de los brazos de sus madres, secuestradas y desaparecidas por el terrorismo de Estado. Estas decisiones resultan funcionales para el sostenimiento de la impunidad de estos crímenes”, sostuvo la organización en un comunicado difundido este miércoles por la noche.
El lunes por la mañana, la ministra de Seguridad difundió por las redes de su cartera e hizo llegar a los medios la decisión de impedir el acceso a 70 legajos de policías y miembros de fuerzas de seguridad que habían sido solicitados por la CoNaDI.
“No vamos a exponer los datos personales de los miembros de nuestra fuerza por caprichos políticos de un organismo militante”, señaló y defendió la decisión basada en la defensa del derecho a la intimidad y los datos personales de miembros de las fuerzas que dependen de su Ministerio. “La seguridad de una nación es algo sumamente sensible y del mismo modo los datos del personal que está a cargo de ella”, añadió. Cuestionó también la validez del decreto 715, que desde 2004 le permitió a la CoNaDI solicitar esa documentación y obliga a los Ministerios a cumplirlo.
Abuelas manifestó su “preocupación” ante esta ofensiva contra el trabajo de la CoNaDI y señaló que el Ministerio de Seguridad buscó “tergiversar sus tareas y desinformar a la población sobre ellas”.
“El requerimiento al que hizo mención el comunicado del ministerio de Seguridad fue un trámite de documentación normal y habitual de la CONADI en cumplimiento de sus obligaciones y en función de sus facultades”, explicó la organización.
“El Ministerio de Seguridad cuestiona el desarrollo de una política pública ejemplar de nuestra democracia en la resolución de graves delitos de lesa humanidad, que constituye un compromiso legal del Estado. Su incumplimiento acarrearía responsabilidad internacional, dadas las obligaciones de la República Argentina derivadas de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas; la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la Convención Internacional sobre los derechos del Niño, Niña y Adolescente, entre otras”, manifestó Abuelas.
Sobre la Protección de Datos Personales de los agentes investigados, el comunicado detalla que las leyes aplicables autorizan el acceso a la información cuando median razones de interés público, tal como sucede en estos casos en los que se busca reestablecer la identidad de personas apropiadas durante la dictadura o que fueron víctimas de redes de tráfico.
Abuelas manifestó además su preocupación por el desmantelamiento del equipo de relevamiento de archivos del Ministerio de Defensa y la posibilidad que abre la “Ley Bases” para disolver, intervenir, desfinanciar o modificar organismos como la CoNaDI y el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).
“La CoNaDI y el BNDG son herramientas irremplazables para lograr el cese de la comisión de delitos que aún hoy se siguen perpetuando: las desapariciones forzadas de personas”, sostuvo Abuelas y concluyó: “El proceso de Memoria, Verdad y Justicia debe sostenerse y defenderse desde todos los poderes del Estado. Por eso, frente a las embestidas del Ejecutivo, son el Poder Legislativo y el Judicial los que deben contrarrestarlo. Desde Abuelas reiteramos nuestra preocupación por estas políticas regresivas en materia de derecho humanos, que atacan conquistadas de la ciudadanía convertidas en políticas públicas que hoy son ejemplo para el mundo entero”.
La CoNaDI de las Abuelas
La Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad fue creada a instancias de Abuelas en 1992 “para lograr el pleno cumplimiento de los artículos 7, 8 y 11 de la Convención sobre los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes; y para esclarecer el paradero de hijos e hijas de desaparecidos y de personas nacidas durante el cautiverio de sus madres en Centros Clandestinos de Detención, durante la última dictadura”, recordó la organización en el comunicado.
Por ser un organismo especializado en la promoción del derecho a la identidad, desde 2021 la CONADI incorporó el Programa Nacional sobre el Derecho a la Identidad Biológica, que sumó a sus tareas la de asistir a personas que buscan su origen biológico y cuya desvinculación de su familia no se encuentra ligada a crímenes de lesa humanidad.
A través de la CoNaDI, que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, ingresa el 90 por ciento de los casos de posibles apropiaciones que toma el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). El resto ingresa a través de la justicia.
“La CoNaDI tiene más de 30 años de experiencia en el desarrollo y ejecución de políticas públicas relativas al derecho a la identidad y es una herramienta central para la protección de los derechos humanos y la búsqueda de soluciones que resguarden la identidad de las personas afectadas. Su labor, responsable, profesional y objetiva, permite arrojar luz sobre graves violaciones a los derechos humanos y, específicamente, al derecho a la identidad”, detalló Abuelas y sostuvo que “el ataque a la CONADI perjudica el acceso a este derecho humano de miles de personas”.
