España nunca juzgó los delitos del franquismo. A lo sumo hace algunas semanas el nuevo gobierno de Pedro Sánchez, del PSOE, ordenó retirar la tumba de Francisco Franco del Valle de los Caídos porque resulta una afrenta a la democracia. Cuando un juez pretendió investigar las fosas comunes, fue destituido. Eso fue en 2012 y el magistrado era Baltasar Garzón, conocido por estas costas porque juzgó en su momento al dictador chileno Augusto Pinochet y abrió expedientes también contra militares argentinos. Garzón, en 2008, había caratulado como delito de lesa humanidad a la sustracción de menores y ordenó investigar a presuntos responsables, sancionar a culpables y compensar a las víctimas. Pero tras su caída, el caso que llevaba y que podría haber involucrado a una cifra que algunos elevan hasta 300 mil bebés robados por la dictadura franquista, quedó cajoneado. Desde entonces, los desaguisados en la justicia española en torno a este drama no tiene fin. La última fue la absolución del ginecólogo Eduardo Vela, declarado culpable pero de un crimen prescripto.
Vela, que hoy tiene 85 años, fue encontrado culpable «de forma incontestable” -según el fallo de las juezas María Luisa Aparicio Carril, Ángela Acevedo Frías, María Teresa García Quesada y Ana Mercedes del Molino Romera- de haber entregado en 1969 una bebé a una familia «fuera de los cauces legales» y «sin que conste que hubiera mediado consentimiento ni tan siquiera conocimiento por parte de los progenitores del recién nacido».
La niña se enteró de su origen recién en 2012 y fue entonces que presentó la denuncia. Hoy, a los 49 años, encuentra un sabor agridulce en la sentencia ambigua y controvertida del tribunal. Es que las magistradas entendieron que si bien el hombre es culpable, el hecho prescribió. De haberse mantenido el fallo de Garzón, no hubiese tenido lugar a semejante sentencia ya que es de entender que mientras la mujer, Inés Madrigal, no sabía quién era, el delito se seguía cometiendo. ¿Desde cuándo cuentan el hecho?
En la sentencia de la sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid se determina que «los tres delitos de los que se ha considerado autor al acusado constituyen un conjunto punitivo, por lo que la prescripción depende de la del delito de mayor gravedad de los tres: la detención ilegal». Y según la legislación que se tomó en consideración, el plazo de prescripción para la sustracción de menores es de diez años a partir de que la víctima cumple los 18 años, fecha que se cumplió el 4 de junio de 1987. Madrigal presentó la demanda en abril de 2012.
Madrigal había sido entregada a pocos días de haber nacido en la clínica San Ramón, de Madrid, por intermedio de un sacerdote jesuita, a una mujer de 46 años que no podía tener hijos. La señora Inés Pérez y su marido Pablo Madrigal murieron. El tribunal encontró que el ginecólogo Vela era responsable de haberle quitado la bebé a su madre de sangre y anotarla como hija natural de Pérez.
Hace dos años, otra sala de esa misma Audiencia había determinado que el delito no había prescripto porque se había falsificado un documento, con lo que el daño se mantenía en forma constante. «Se ha vulnerado, y se sigue haciendo, el bien jurídico que protege el delito de falsedad documental», dijeron los jueces de la sección Segunda. «El delito se estaría cometiendo en el momento en que se presentó la denuncia, fecha en la que Inés Madrigal adquirió el conocimiento» de que podía ser una robada.
El caso Madrigal abrió un amplio debate en la sociedad española en torno a los bebés robados en la dictadura, un modelo sobre el que después los militares argentinos tomaron como ejemplo en los 70. El abogado de la víctima, Guillermo Peña, anunció que recurrirá la sentencia ante el tribunal de alzada. «Si la palabra prescripción se hubiese borrado, muchos otros casos tendrían una esperanza de ir adelante», señaló a la agencia AFP Irene Meca, una mujer de 65 años que se enteró a los 15 de que era adoptada.
Según la historia más o menos oficial, el franquismo arrebató los niños a mujeres republicanas que habían sido encarceladas o habían muerto a manos de las fuerzas armadas. Pero también hay una cifra importante de bebés que fueron quitados a sus madres porque, en un clima de pacatería ultracatólica como la que impuso Franco en una dictadura brutal que se extendió entre 1939 y 1975, una madre soltera era un mal ejemplo para la sociedad.
Un caso paradigmático de cómo la democracia actual trató ese drama en estas décadas es el de María Ascensión López, quien denunció a una monja por haber intervenido en su adopción ilegal y terminó condenada por calumnias a pagar una multa de 3000 euros y una indemnización de 40.000 euros a la religiosa Dolores Baena.
López contó en un reportaje al portal publico.es de julio pasado que se enteró que era adoptada luego de que, a la muerte de su padre, una prima la reveló la verdad. “Me dio que no buscara más señas porque no iba a encontrar ninguna”, dice que le dijo la parienta, a la sazón integrante de la orden religiosa de la Caridad, de Almería.
Luego de luchar judicialmente y a través de los medios para dar con su madre carnal, hace tres meses lo único que obtuvo fue un fallo que la sentenció a pagar la multa y que le suspende la pena de prisión si paga antes del año 2020 los 40.000 euros de indemnización. El dinero para la multa y el pago de las costas y de su abogado lo fue juntando a través de diversas organizaciones dedicadas a su misma búsqueda mediante campañas de crowfunding.
“Un compañero me dijo que la verdad no tiene precio –declaró a Público- Claro, imagínate, en ese momento, con el mazazo que acababa de recibir, cómo reaccioné ante esa afirmación. Bastante mal, pero hoy esas mismas palabras las he llegado a hacer mías y es uno de los lemas más importantes para mí”.
Unos años antes, la monja María Gómez Valbuena, “Sor María”, había quedado en el candelero tras haber sido denunciado por la apropiación de bebes durante el franquismo y en los primeros años de la democracia. Había sido denunciada por María Luisa Torres de haberle arrebatado a su hija en 1982.
Torres se reencontró con la niña en 2011 luego de hurgar en archivos y hacer un estudio de ADN. Confirmó entonces que Sor María se la había quitado porque como no estaba casada con el padre, era una adúltera. Valbuena murió en 2013, con tres causas abiertas en tribunales madrileños, a los 87 años.
