El gobierno provincial adhirió, mediante resolución del Ministerio de Salud, al protocolo nacional para casos de interrupción legal del embarazo vigente desde abril de 2015 y que ahora deberá cumplirse en salitas y hospitales bonaerenses. La resolución 2095, firmada por la ministra Zulma Ortiz, dispone la adhesión al “protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE)”, que fue aprobado a nivel nacional durante la gestión de Cristina Kirchner, y actualiza así la normativa que ya regía en los centros de salud provinciales desde 2012 aunque no se cumplía por distintas limitaciones.

El nuevo protocolo actualiza los estándares médicos, éticos y legales y facilita el acceso al aborto legal en los casos en que esté en riesgo la salud o la vida de la mujer o cuando el embarazo haya sido producto de una violación, tal como establece el artículo 86 del Código Penal y en línea con el fallo de la Corte Suprema de Justicia en el caso “F.A.L” de 2012. Buenos Aires es la novena provincia en adherir a la normativa.

El Ministerio de Salud informó que con la entrada en vigencia del nuevo protocolo, la práctica de interrupción del embarazo deberá efectuarse en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) que tengan los recursos necesarios así como en los hospitales provinciales.

“Por tratarse en general de procedimientos de baja complejidad, la atención de las mujeres que requieren una ILE puede realizarse en el primer nivel de atención y en forma ambulatoria”, señala el protocolo. También aclara que “los centros de salud que no cuenten con personal ni equipamiento adecuados para realizar la interrupción, deben garantizar la derivación asistida de la mujer sin retrasos, para que reciba atención integral tempranamente”.

En paralelo a la resolución 2095, el Programa de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud provincial emitió la Comunicación 7° para informar de los alcances de la resolución a directores de hospitales, jefes de servicio de ginecología, directores de regiones sanitarias y secretarios de Salud municipales.

En ese documento, que repasa los principales puntos del protocolo, se recuerda que no es necesaria una autorización judicial para la ILE y que “la intervención de un médico es suficiente para decidir si el caso se encuadra en las causales permitidas” por la ley. En caso de violación, no es necesaria denuncia judicial ni policial, basta con una declaración jurada de la mujer que lo pide en la que afirme que el embarazo es producto de una violación.

El texto también aclara que los profesionales de la salud «podrán ser responsables penal, civil y/o administrativamente por el incumplimiento de sus obligaciones cuando, de forma injustificada, no constaten la existencia de alguna de las causales previstas en el Código Penal para la realización de una ILE, realicen maniobras dilatorias, suministren información falsa o cuando prevalezca en ellos una negativa injustificada a practicar el aborto».

El protocolo fija además la necesidad de ofrecer consejería antes y después de la interrupción del embarazo con el objetivo de que la paciente esté informada sobre todas las alternativas posibles en relación al embarazo y los riesgos para la salud en caso que los hubiera. Una vez realizado el aborto, el asesoramiento pasará por la elección, si lo desea, de un método anticonceptivo. El año pasado, la Legislatura aprobó una ley que obliga al gobierno a implementar este espacio de asesoramiento y contención en todos los centros de salud y hospitales provinciales, aunque se cumple a medias.

Desde la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia (CICOP), el gremio que nuclea a los médicos de los 80 hospitales bonaerenses, celebraron la ampliación del protocolo aunque mostraron sus dudas respecto de la implementación. «Que la provincia adhiera mediante una resolución de la ministra Ortiz a la ampliación del protocolo es muy bueno en los papeles, ahora hay que ver cómo se lleva a la práctica», señaló a Tiempo Mónica Beresovsky, integrante de la comisión directiva de CICOP y especialista en temas de género.

La dirigente aseguró que «lo que más preocupa a los que trabajamos en Salud es que haya en todos los lugares de trabajo tanto consejerías pre y post aborto como una discusión con los equipos de salud y una formación respecto de la implementación de los protocolos» y aclaró que estas condiciones no se cumplen en todos los centros de salud provinciales.

«Es un esfuerzo permanente para quienes trabajamos en la búsqueda de respeto por el derecho a decidir de las mujeres que se cumpla, primero porque hay lugares donde no está todo implementado y porque además hay objetores de conciencia y se encuentran trabas en el cumplimiento del protocolo», cerró.

La medida fue elogiada por Amnistía Internacional por considerar que el protocolo de 2012 -que regía hasta ahora en la provincia- ponía «obstáculos al acceso al aborto legal». La directora de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, destacó que la adhesión «es un paso adelante en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas» y agregó que «la prevención de abortos inseguros y la consecuente mortalidad materna es una condición necesaria para toda política de Estado respetuosa de los derechos humanos”.