El 30 de diciembre se cumplen tres años de la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que se sancionó junto al Plan de los 1000 días. La ley, tal como lo demandó durante años el movimiento feminista, cambió la vida de miles de mujeres y personas gestantes.
A pesar de autopercibirse liberales, durante la campaña presidencial, tanto Javier Milei como varios referentes de La Libertad Avanza atacaron la Ley de Interrupción Voluntaria, norma que tiene como base la autonomía de los cuerpos. Conocida como Ley IVE, esta norma fortaleció la salud sexual y reproductiva de la población, logró descender la muerte materna y permitió sacarle el velo tabú del aborto.
Desde el proyecto Mirar, una iniciativa del Centro de Estudios de Sociedad y Estado (CEDES), el 4 de diciembre dieron a conocer el informe “Es mucho más que un aborto”, donde se analizan el impacto de la ley desde su aprobación. El informe consigna que “hasta octubre de 2023, 245.015 personas accedieron a interrupciones seguras y legales en instituciones públicas de salud. Además, desde que se aprobó la ley hasta junio de 2023 la línea de atención telefónica gratuita 0800-222-3444 sobre salud sexual atendió 40.563 consultas, 92% de las cuales fueron sobre aborto”.
El informe agrega que los datos muestran el desempeño de la política pública nacional y provincial a pesar de que existen desigualdades territoriales para acceder al derecho.
Cuáles son los métodos
Con fakes news y frases de absoluto sentido común, se instaló en los últimos meses la idea de que en la Argentina se abortan “niñxs a término” o de embarazos avanzados. Sin embargo, el 90% de los abortos en este país, desde que se sancionó la ley, a finales de 2020, se producen en el primer trimestre, son domiciliarios y con pastillas.
Los casos de abortos en segundo trimestre son muy pocos y en la mayoría de los casos se trata de adolescentes que sufrieron abusos y tienen vergüenza o miedo de contarlo. También sucede con mujeres con anticonceptivos mal tomados o con la inyección mal aplicada.
En ese sentido, María Stella Manzano, tocoginecóloga, explica, “la ley que se sancionó, de aborto voluntario, dice que ninguna mujer tiene que dar explicaciones para abortar hasta las 14 semanas y seis días. Es cuando todavía los embriones son muy pequeños. Y no tiene que dar explicaciones porque está demostrado que mientras los abortos son muy seguros para la mujer, los partos son peligrosos”
Reducción en las muertes maternas
El informe de Mirar consigna que entre 2020 y 2021 las muertes maternas por aborto se redujeron de 23 a 13. “Son mujeres, adolescentes y otras personas gestantes con ciudadanía plena, que no mueren y pueden elegir acerca de sus vidas en libertad e igualdad”, añade.
Manzano, agrega a esto, “esta ley es muy importante para nosotras. Redujo significativamente la mortalidad materna en Argentina. En ningún país del mundo se ha logrado reducir a cero la mortalidad en los partos, porque, de hecho, la mayoría de las mujeres que mueren empezaron sanas el embarazo, y en el último trimestre el propio embarazo causa muchas enfermedades o se agravan enfermedades previas y aparecen problemas renales, cardíacos. También es muy común la mortalidad postparto inmediato por hemorragias clínicas o infecciones.”
El descenso de los embarazos adolescentes
La ley también impactó en las adolescencias. El Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) destaca del informe del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) que hubo un un descenso de la tasa de fecundidad en niñas y adolescentes: desde 2.350 en 2018 a 1.394 en 2021. Eso implica una disminución de la tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años del 43% entre 2018 y 2021.
“Se debe en gran medida a la Educación Sexual Integral (ESI) y al Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA). Por eso, el acceso al derecho a decidir es también una oportunidad para que niñas, niñes, niños y adolescentes hablen del abuso, de maternidades forzadas y de sus necesidades de cuidados”.
El rol de las redes
Hace más de 10 años que la colectiva Socorristas en Red (SenRed) acompaña abortos en todo el país. Con los años, la red se expandió en varias provincias y fue implementando mejoras para que los acompañamientos sean con la mayor cantidad de información posible, en contexto de amorosidad y sobre todo de cuidado en la salud.
De acuerdo al informe 2022 que SenRed dio a conocer este año, se brindó acompañamiento e información a 13.292 personas que manifestaron su decisión de abortar. El 10% abortó en el sistema de salud, y el resto de manera autogestionada. El 100% recibió contención, información, instrucciones, mensajes de WhastApp, llamadas telefónicas, compañía virtual y presencial de socorristas.
El 91% de las personas que se contactó con SenRed cursaba 12 o menos semanas de embarazo, y el 70% -de las mayores de 18 años- sabía que podía solicitar un aborto voluntario y legal en el sistema de salud.
Los resultados de esta ley, de alto impacto para una gran mayoría de la población, lejos de rediscutirse debe afianzar su aplicación. La nueva gestión deberá estar a la altura para responder a las necesidades de una política pública ya instalada en la sociedad.
Los ataques a la Ley 27.610
El miércoles pasado, la agencia Télam publicó una nota en la que organizaciones alertan sobre la gravedad de dos dictámenes de la Procuración General de la Nación. Ambos reconocen legitimación a un grupo de ciudadanos y a una asociación civil para actuar en representación de los derechos de las personas por nacer.
Las organizaciones afirman que la Corte Suprema de Justicia tiene la oportunidad de “frenar el litigio infundado” contra la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. El pronunciamiento está firmado por Amnistía Internacional Argentina, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, Centro de Estudios Legales y Sociales, Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables y Fundación Mujeres x Mujeres.
Los dictámenes llevan la firma de Laura Monti, procuradora fiscal adjunta de la Procuración General de la Nación.
La Ley 27.611
Junto a la ley IVE se debatió y aprobó la llamada Ley 1000 días que tuvo como objetivo proteger, fortalecer y acompañar el cuidado integral de la vida y la salud de las personas gestantes y las niñas y los niños en sus primeros 3 años.
Gracias a esta ley se alcanzó el el número más bajo de mortalidad infantil de la historia argentina.
