La inclusión de la categoría “trabajo sexual” en el Registro Único de trabajadores informales reavivó un debate que está latente dentro del feminismo, que genera polémicas y controversias: el trabajo sexual y el abolicionismo.

El formulario se habilitó al mediodía y hasta las 19 del mismo día llegaron a inscribirse 670 trabajadoras sexuales. Las redes sociales explotaron y el formulario se dio de baja, días después directamente se cerró el registro.

“Nosotras lo celebramos porque por primera vez, a nivel Estado se nos incluía en una política que tenía como principal objetivo conocer nuestra realidad”, dice Georgina Orellano secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar) . “Se trataba de sacar de la clandestinidad un trabajo que se hace en la informalidad y en marco de ilegalidad para conocer la realidad del conjunto de trabajadores y trabajadoras”, expresa. Y agrega, “lo que sucedió después nos parece vergonzoso, sobre todo porque nos enteramos través de las redes sociales. Eso no se lo harían a ningún otro sindicato. Nos pasa a nosotras por ser trabajadoras sexuales. Entonces vuelve a entrar esta lógica patriarcal y machista que es que los varones definen la política sin incluir a las verdaderas autoras. Frente a esta pandemia, frente a esta emergencia alimentaria habitacional que atravesamos quienes ante la imposibilidad de trabajar no contamos con ningún ingreso económico y no contamos con derechos”.

Según Orellano, la alegría fue generalizada en un sector de las trabajadoras. «Muchas de nuestras compañeras, cuando entraban a la encuesta del Registro se sorprendían de que por primera vez pudiera decir verdaderamente de qué trabajaban y que el Estado le estaba preguntando cuántos eran sus ingresos, y otras cuestiones relacionadas a su trabajo o si trabajan en el espacio público. Podían agregar en la parte de observaciones algo que ellas quisieran que el Estado sepa y muchas aprovecharon para contar ahí la violencia policial, para contar las coimas policiales, para poder contar cuánto es efectivamente lo que pagan por un hotel en una habitación de pasajero o un hotel de familia», cuenta.

Las redes sociales explotaron y el debate volvió a generar enfrentamientos y divisiones. “Hay una situación de urgencia y quizá no podemos esperar. Entré a la militancia feminista hace diez años ya existía el mismo debate que no cambian la realidad de nadie. Nosotras nos vamos en  un debate feminista y seguimos no teniendo obra social, no teniendo aportes jubilatorios, la policía nos sigue llevando detenidas y no accedemos a la salud de manera integral. Eso no puede seguir esperando. Esta vez pasó algo peligroso y es que se celebre la clandestinidad, que se celebre bajo un registro y que se le quite la posibilidad a las trabajadoras y los trabajadores sexuales que le cuenten al Estado su realidad». 

Ammar está presente en doce provincias de la Argentina,  y registra 6500 afiliadas. De acuerdo al censo del Ministerio de Salud en 2009 había 80 mil trabajadoras sexuales, 20 mil trabajaban en ámbitos privados. El sindicato inauguró la Casa Roja donde a través de donaciones, ayudas de Desarrollo Social e el Inadi se da cobijo a las mujeres, trans y travestis en esta situación a través de ollas populares y espacios de contención. 

“Creemos que ese número acrecentó sobre todo porque hay muchas compañeras que tienen que hacer el trabajo sexual en lugares mucho más clandestinos escapando de la persecución policial, del estigma. Después también creemos que hay muchas más, porque en este momento el censo lo que buscaba era prevalencia de enfermedades de transmisión sexual y eso genera como una cuestión de iscriminación en nuestro propio sector, siempre posicionándonos como que somos el objeto que más propenso a padecer enfermedad de transmisión sexual. Entonces, este registro era la oportunidad para conocer verdaderamente cuántas hacíamos, porque era un registro laboral que respetaba no trato de autodeterminación y que fue elaborado poco consultado con el sindicato”, describe Orellano. 

Según la carta dirigida al ministero de Desarrollo Social y que fue publicada ayer, el 76% de las mujeres son madres y tienen entre 1 y 7 hijos. “Al ejercer clandestinamente ni nosotras ni nuestros hijos tenemos garantizados derechos básicos como una obra social. Ser parte del ReNaTEP nos daba esa posibilidad”, dijeron.

Los derechos que nunca están

Yokari es trabajadora en Constitución vino a la Argentina hace un poco más de diez años. “Yo sigo contenta por haber llenado este registro, porque pudimos decir de qué vivimos, al menos es importante porque saben que existimos”. A pesar de que ella gracias a la ley de identidad sexual pudo modificar su documento, siguió sufriendo hostigamientos al igual que  muchísimas trabajadoras trans por parte de la policía.

“En los primeros días de la cuaretena hubo clientes generosos que nos acercaron algo de dinero y después las organizaciones comenzaron a ayudarnos, nos contactamos con Ammar y Mocha Celis, nos repartimos entre nosotros y vamos a la Casa Roja de Ammar que nos da comida todos los sábados”, cuenta Yokari.

A la falta de trabajo y de comida, se sumó el problema habitacional. “Todas tuvimos problemas muy graves en algunos casos. Pero nos ayudamos entre nosotras porque qué vamos a hacer, nuestro trabajo no está reconocido por lo que no tenemos otra cosa que ayudarnos”.

“Muchas personas como las chicas trans recurrimos a la prostitución porque no tenemos otro recursos ni trabajo fijo. Yo soy acompañante terapéutica pero no lo puedo ejercer porque ningún sitio toma chicas trans entonces qué nos queda, la calle. En mi caso lo veo como un trabajo porque gracias a eso puedo comer, pagar el hotel, juntar un poquito y mandarle a mi familia para que pueda comer”, dice. “Más violencia sentimos del Estado que no nos reconoce, nos exponemos más en la calle porque la policía no nos cuida. Hay víctimas de trata eso es así, pero también hay gente como yo que ve esto como un trabajo”, dice Yokari. “A mí me gustaría trabajar de lo que realmente estudié pero no hay posibilidades. Si me dicen qué prefiero el día o la noche, y yo prefiero el día, tener un trabajo donde pueda jubilarme pero si me decís que en la prostitución me da los mismos beneficios me quedo con mi trabajo de ahora que es el que me da de comer”, finaliza.  

Un profundidad que no se evidencia

Para Florencia Guimaraes el registro que habilitó Desarrollo Social el fin de semana pasado le generó asombro. “También dolor y angustia, ¿no? Primero como persona sobreviviente de prostitución, porque se vinieron a mi cabeza no solamente mi historia de vida en una esquina sino la de todas mis compañeras muertas por el sistema prostituyente”, dice la activista integrante de Furia Trava. “Fue una sorpresa que el ministerio o el propio Estado haya utilizado una tipificación contra todos los tratados internacionales y contra las leyes abolicionistas de una manera tan arbitraria, sin haber generado una mesa de consenso o de trabajo, sin escuchar las voces del otro lado, que son las voces de las sobrevivientes, de las madres víctimas de trata, porque no se puede desvincular la trata de personas de la prostitución. Venimos incansablemente pidiendo que se nos escuche”.

Para Guimaraes, hay una verdad que no se cuenta. “El trabajo sexual es un término que se viene instalando hace muchos años y nosotras comprendemos que detrás de este término, que pone a la prostitución como un trabajo, se esconde la explotación sexual, por eso es un engaño lo del censo. El Estado reconoce que hay un montón de personas en situación de prostitución pero no puede tipificar. ¿Por qué no registramos a los hombres prostituyentes y que tengan su carnet de salud, por qué nosotras sí ponemos el cuerpo a merced del Estado y los hombres no. Esto no es ni un censo ni un error, sino que tiene que ver con haber intentado meter una tipificación por dentro del Estado completamente cerrada, arbitraria y sin llamar a todas las voces que son afectadas por la prostitución, que es algo que no nos afecta solamente a las personas que estamos en situación de prostitución, sino que afecta a toda la sociedad en su conjunto”. 

“El Estado debe proteger a cualquier persona en situación de prostitución, se defina como se defina. Entonces es mucho más profundo  porque avalar la prostitución como un trabajo del lado del Estado es avalar la explotación sexual, es convertir a los proxenetas en empresarios”, expresa Flor y enfatiza en que no se trata de un debate. «No se puede tomar así livianamente y ponerlo en términos de una discusión antagónica O soy abolicionista o soy regulacionista. En el medio hay miles de cosas de las que no se están hablando. Para mí es muy importante poner el foco en qué pasa con los varones prostituyentes, porque esos no se nombra, eso nos llama poderosamente la atención también desde el lado que se dicen feministas y de los feminismos y todo lo demás, porque hay una cierta sororidad y empatía, solidaridad con un grupo minúsculo de personas que se dicen trabajadoras sexuales. ¿Y por qué somos ignoradas, rechazadas, perseguidas y estigmatizadas quienes denunciamos en carne propia haber vivido la violencia de género que es para nosotras la prostitución? ¿Por qué nuestros relatos no son válidos?» se pregunta Guimaraes. «Acá lo que de fondo no se habla es de la violencia sexual y de violencia de género, ni de los daños mentales que dejan en todas nosotras haber pasado por el sistema de prostitución, que están comprobados por la medicina, por la psicología y todo lo demás. Lo decimos nosotras en carne propia, la anulación de la baja autoestima, los intentos que hemos tenido de suicidio, las personas que tenían una situación de prostitución, porque estamos hablando de que 10, 20, 30 tipos pasaban por nuestros cuerpos, nuestras subjetividades y todo nuestro ser. Cada noche de nuestros días, de nuestras vidas. Entonces queremos ser escuchadas. Necesitamos también que se escuchen».

Por último, Guimaraes afirma, “el tema no es tan banal como simplemente decir soy trabajadora sexual o no soy trabajadora sexual. En el medio hay algo gravísimo que pasa en nuestro país y es la trata de personas, porque la situación de prostitución alcanza a las mujeres más pobres. Cuando vos escuchás las voces de las pibas que están en una esquina, todos te van a responder lo mismo: que su deseo es poder salir de ese sistema. No por algo, mayoritariamente, quienes terminamos en el sistema prostituyente somos las empobrecidas por el sistema capitalista y patriarcal. También hay que tenerlo en cuenta el factor de clase que se juega a la hora de hablar de la prostitución”.

La situación por ahora quedó en los debates, y si bien el Ministerio de Desarrollo Social dio marcha atrás con el registro desde sectores del gobierno se comprometieron a generar una mesa de trabajo para discutir esta temática. Desde ambos lados, exigen estar presentes en la discusión. <<

Protección: el pedido de Amnistía

A principios de junio, Amnistía Internacional y la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales pidieron a los gobiernos de la región que garanticen los derechos de las trabajadoras del rubro en medio de la pandemia de coronavirus.

“El 98% de las mujeres trabajadoras sexuales de Latinoamérica y el Caribe sostenemos nuestros hogares, y en este momento de cuarentena no podemos trabajar”, afirmó la secretaria ejecutiva de la Redtrasex, Elena Reynaga, en el comunicado “La pandemia de Covid-19 ha puesto en evidencia las profundas desigualdades que vivimos en nuestra sociedad”.

También la directora para las Américas de AI, Érika Guevara Rosas, aportó: “los Estados de las Américas tienen la obligación de proteger a todas las mujeres, sin importar su ocupación, de la violencia y la precarización que la discriminación basada en género causa”.

Trabajo sexual vs. prostitución: un proyecto de ley

En septiembre de 2019 se presentó el proyecto de ley “Programa integral de promoción y protección de las personas en prostitución”, un proyecto presentado por Mónica Macha, Leonardo Grosso y María Cristina Rodríguez Álvarez, entre otros diputados.

“Las mujeres, travestis, trans, lesbianas, así como toda persona en prostitución tienen pleno derecho a que se respete su dignidad personal, a la integridad física, a la no discriminación, al acceso y uso de los servicios, infraestructura y espacios públicos, al acceso pleno a los servicios socio-asistenciales, de salud, educación, promoción del empleo formal y acceso a una vivienda digna”, dice le primer artículo del proyecto. Continúa: “Los derechos y garantías de las personas en prostitución enunciados en este artículo son aquellos consagrados en la Constitución Nacional y los tratados internacionales de Derechos Humanos de jerarquía constitucional. Su reconocimiento expreso en esta Ley tiene por objeto el establecimiento por parte del Estado de las condiciones para su ejercicio, teniendo en cuenta el particular contexto de vulneración de derechos que puede darse en torno a la situación de prostitución”, dice el proyecto que tiene el acompañamiento del colectivo Furia Trava y es la protección y reinserción que el Estado debería brindarle a toda persona que desee salir del sistema prostituyente.

Este tema dividió al feminismo, dice Flor Guimaraes. “Con esa ley desde Furia Trava simplemente estamos pidiendo una herramienta de un Estado que es abolicionista y una herramienta en materia de Derechos Humanos. Nos encontramos con un montón de obstáculos y con muchos diputados y diputadas que no quisieron firmarlo, lo cual nos preocupa terriblemente. No nos asombra que hoy se instale todo el trabajo sexual después de ver cómo no han querido firmar un proyecto que tiene que ver simplemente con una herramienta para la persona que quiera dejar atrás la situación de prostitución”, dice. “Acá lo que de fondo no se habla es de la violencia sexual y de violencia de género y de los daños mentales que genera la prostitución”.

Feminismo sin regulacionismo. Por Sonia Sánchez

El feminismo regulacionista no existe. El feminismo nació para luchar contra tanta desigualdad, y tantas violaciones y violencias que sufrimos las mujeres, y la prostitución es la base de esas desigualdades, del sometimiento y de las violaciones.

Por lo tanto, un feminismo regulacionista no existe. Para mí, ahí está justamente introducido el patriarcado y el capitalismo para dividir, no hay otra lectura posible. Esas personas que se dicen feministas y están luchando para que otras mujeres mueran como putas no son feministas. Y mi postura está muy lejos de la moral.

Si el feminismo, si las feministas salimos con los tacones de punta cuando vemos a hermanas violadas, violadas en grupo, violadas, muertas, ¿cómo vamos a aceptar la prostitución como trabajo? Por favor, sólo que el billete, el billete que pone el torturador prostituyente, ese que vive en nuestras casas, distorsiona la realidad y a la puta la enmudece. No hay un movimiento abolicionista regulacionista, ese es el patriarcado y el capitalismo introducidos en el movimiento feminista para dividir.