Mientras avanza con algunos inconvenientes la Comisión Bicameral de trámite legislativo, conformada para analizar el DNU 70/23 que el presidente Javier Milei busca imponer como dogma desde el comienzo de su gestión, varios artículos de esa meganorma están suspendidos gracias a que diferentes instituciones se opusieron de manera rotunda tras sentir que se avasallaban los derechos, esperando que el Ejecutivo revea su actitud. Entre ellas, las que agrupan a los abogados.

El 8 de febrero, el Colegio de Abogados de Morón (CAM) logró que el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Morón, a cargo del juez Marcelo Gradin, dicte una medida cautelar en la que ordenó al Estado Nacional la suspensión inmediata de dos artículos del cuestionado DNU, hasta que no se resuelva la cuestión de fondo. 

La presentación judicial fue realizada por el presidente del CAM, Jorge Frega, quien analizó que “si queremos una civilización ordenada, tenemos que cumplir con la ley. Modificar, derogar en grandes cantidades leyes a tontas y a locas, simplemente en aras de la libertad, me parece excesivo”.

Los artículos suspendidos

La Justicia dejó en suspenso los artículos 2 y 3. El primero se titula “Desregulación” para lo cual se contempla que el Estado Nacional “promoverá y asegurará la vigencia efectiva, en todo el territorio nacional, de un sistema económico basado en decisiones libres, adoptadas en un ámbito de libre concurrencia, con respeto a la propiedad privada y a los principios constitucionales de libre circulación de bienes, servicios y trabajo”.

Para cumplir con esto, “se dispondrá la más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional y quedarán sin efecto todas las restricciones a la oferta de bienes y servicios”.

El artículo 3, por su parte, sostiene que con el objetivo de insertar a Argentina en el mundo, “el Poder Ejecutivo de la Nación elaborará y/o dictará todas las normas necesarias para adoptar estándares internacionales en materia de comercio de bienes y servicios, procurando armonizar el régimen interno, hasta donde sea posible, con los demás países del Mercosur u otras organizaciones internacionales”. 

Cuestionamientos de los abogados

En diálogo con No Ficción Web, Frega precisó que ambos artículos “facultan al Ejecutivo Nacional a desregular la economía y a cualquier cosa que limite la libre circulación de bienes y servicios. El artículo 2 puede avanzar sobre facultades no delegadas al Poder Ejecutivo”. 

Foto: Edgardo Gómez

“Sería el paralelo a que tampoco puede legislar, ni tomar decisiones de tipo penal u otras tantas actividades que el DNU contempla, que en realidad no le son competencia natural, ni siquiera por DNU, aunque éste cumpliera los requisitos constitucionales de la Nación y de la ley que rige al DNU, que no es el caso tampoco”, continuó el abogado. 

En esta línea de argumentos, se infiere que Nación no puede desregular distintas actividades económicas y de servicios en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, “que tiene una norma específica que es la de la Constitución Nacional y la de la Provincia, que dicen que las facultades que no fueron delegadas a la Nación siguen siendo de la Provincia. Entre las facultades que tiene la Provincia está la de regular, justamente, los servicios y los servicios profesionales, como la actividad del abogado y de la abogacía: sus honorarios, su colegiación, su organización judicial, la justicia, todo eso no está delegado a la Nación”. 

“Si queremos que mejore la justicia, tenemos que mejorar a los que permiten el acceso a la justicia, que antes que nadie, son los abogados”, resumió el presidente del CAM, y completó: “Sin justicia no hay ni economía, ni salud, ni desarrollo social. La justicia es la base de todo. No hay derecho que pueda funcionar si la organización social no lo respeta. Si la justicia no funciona, entramos en estado de guerra. No queremos eso, nadie lo quiere. El conflicto constante no suma”.

En otro tramo, Frega puntualizó que “la desregulación en la economía es tender a que el mercado se regule libremente. Está perfecto. Puede ser una salida y cada cual pensará económicamente cuál es lo mejor. Pero eso no significa dejar a la gente sin ningún tipo de derecho. Porque si el mercado fuera a regularlo todo por la oferta y la demanda, nosotros lentamente no tendríamos derecho a nada”. 

En este sentido, el letrado ejemplificó que si todas las prepagas, por ejemplo, se pusieran de acuerdo en imponer condiciones, los usuarios poco y nada pueden hacer en oponerse. “El derecho está para equilibrar. El derecho también es igualdad de oportunidades, no es solamente libertad. La libertad se garantiza con la ley”, concluyó.