A más de un mes de las elecciones generales la tensión en Venezuela escala entre el gobierno y la oposición, en un escenario en que crece la presión internacional, se recrudece el ataque jurídico contra dirigentes opositores y de la foto de una salida negociada o acuerdo pacífico, como aspiraban algunos líderes regionales, no queda ni la sombra.

El clima se parece más al de 2019, cuando surgió el “presidente encargado” Juan Guaidó, apoyado por algunas naciones poderosas y un millonario presupuesto provisto por el entonces gobierno de Donald Trump. Una opción que fracasó rotundamente, pero a la que la líder conservadora María Corina Machado parece apostar, repitiendo tácticas discursivas (y según el gobierno de Nicolás Maduro, también fácticas), como la necesidad de ahogar al gobierno con presión interna y externa apelando al corte de suministros de todo tipo, según declaró en un video que circuló en las redes. El oficialismo relacionó estos dichos con el apagón masivo que sufrió Venezuela este viernes.

Mientras el candidato presidencial opositor Edmundo González Urrutia continúa «resguardado», según sus aliados, la Fiscalía General advirtió que podría ordenar su detención si no se presenta a declarar. El viernes fue la tercera citación, a la que González no asistió. Lo acusan por difundir las actas de las elecciones del pasado 28 de julio que lo daban ganador a través de una página web no oficial. De acuerdo a esas actas, la victoria había sido para González Urrutia por un 67% contra 30% de Maduro. El fiscal general de Venezuela, William Tarek Saab, aseguró que el dirigente opositor «ha usurpado la cualidad y competencia que solamente le corresponde al Poder Electoral venezolano» y advirtió que si no se presenta mandará a buscarlo con la fuerza pública.

La Justicia venezolana ya detuvo a varios dirigentes opositores con cargos de terrorismo, conspiración y otros delitos, entre ellos a Biagio Pilieri, coordinador nacional de Convergencia Venezuela; y recientemente a Perkins Rocha, coordinador jurídico de Vente Venezuela y representante del Comando con Venezuela ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Mientras la oposición sostiene que su triunfo es irreversible, la comunidad internacional y algunos organismos como la ONU y la OEA continúan reclamando la difusión de las actas de la elección y desconocen el resultado. Algo que el Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó que hará, aunque no especificó cuando. El fallo del 22 de agosto del Tribunal Superior de Justicia, que ratificó los resultados que originalmente difundió el CNE (Maduro 52%; Gómez Urrutia 43%) ordenó además a la autoridad electoral la publicación de los datos definitivos, y de igual forma “corroboró el ataque cibernético masivo sufrido por nuestro Sistema Electoral”. En un comunicado oficial, el CNE aseguró que “el Poder Electoral en cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica del TSJ y las normas electorales, acata la decisión y en el lapso de ley cumplirá con lo ordenado por la Sala Electoral del TSJ”.

Maduro dio por terminado el debate, se dio por ganador y lanzó una guerra contra el “fascismo” al que acusó de provocar el apagón masivo que el viernes afectó total o parcialmente a todos los estados, con intensidad en La Gran Caracas. El Gobierno lo atribuyó a un sabotaje contra el Servicio Eléctrico Nacional en la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, enclavada en el embalse Guri, del sureño estado Bolívar. «Dicen los especialistas que el ataque que hicieron, como lo planificaron, la falla que programaron y la magnitud que generaron se podría calificar como el papá y la mamá de todos los ataques que se han hecho contra Guri, con un objetivo: liquidar Guri, es un ataque lleno de venganza y odio», comentó Maduro en una conferencia.

En un recorte de video que circuló en redes, Corina Machado asegura en una entrevista televisiva que al gobierno hay que tratarlo como a un secuestrador, para que se vea obligado “a negociar” en condiciones desventajosas. Afirma que se debe “coordinar lo que se hace adentro y lo que se hace afuera” y que la táctica debe ser “rodear a un secuestrador”, como se hace en un caso de toma de rehenes: “le cortas el agua, le cortas la luz, le cortas la plata, y entonces el secuestrador ve que cada día que pasa su situación se deteriora, que está rodeado, entonces es el secuestrador el que tiene incentivos para negociar”. En el programa El mazo dando, ciclo histórico del recientemente nombrado ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, se compararon esas declaraciones con las de 2019 de Guaidó, cuando una falla eléctrica similar había dejado a gran parte del país sin luz. El entonces diputado y autoerigido presidente decía esos días que “no habrá soluciones al problema eléctrico mientras se usurpen funciones en Miraflores”. Aquella vez, la oposición no se había presentado a las elecciones de 2018 y aseguraba que Maduro usurpaba el cargo presidencial.

«Lo que ellos están haciendo tiene que ver con que no lograron sus objetivos porque esperaban que el país estuviera incendiado después de las elecciones», afirmó Cabello, quien prácticamente estrenó su nuevo cargo enfrentando esta crisis que al cierre de esta edición se suponía ya resuelta, según afirmaba el propio Cabello en redes.  «