Cuando el INDEC publicó los datos del primer trimestre de la EPH nadie se sorprendió: el mercado de trabajo había comenzado a deteriorarse en el marco del ajuste de Milei y la brutal recesión desatada. De manera resumida, los datos informaron sobre el crecimiento del desempleo respecto al 1ero de 2023 -cercano a un punto porcentual-, una caída del empleo no registrado mayor al registrado, una caída de la tasa de actividad y mayor presión sobre el mercado laboral por parte de los ocupados.
El problema que tenemos para analizar cuál es el mercado laboral en base a esos números es que la EPH no capta todas las variables relevantes y, además, son datos con un rezago en su publicación importante: refieren al trimestre enero-marzo; ya en junio son “viejos”.
En el segundo trimestre del año la recesión continuó siendo muy fuerte así que no se habrían producido mejoras sino todo lo contrario. Particularmente porque el mercado laboral no ajusta a la misma velocidad que la economía porque las regulaciones laborales tienen un rol en impedirlo y porque en ciertas actividades no se puede prescindir del personal calificado. Por ejemplo, la indemnización al crear un costo adicional obliga al empresario a evaluar muy bien la profundidad de la crisis para definir si sostiene al empleado unos meses a pesar de la caída de sus ventas. En este sentido, la continuidad de la crisis económica implica que subirán las suspensiones -mecanismo intermedio que reduce el costo salarial, pero preserva el vínculo- y los despidos.
Ahora bien, ¿qué podemos esperar en los próximos meses? Aquí hay que evaluar dos cuestiones. Por un lado, ¿qué esperamos que ocurra en la economía coyunturalmente y qué condiciones de acumulación se consolidarán? Y, por el otro, ¿qué sesgos implica la reforma laboral aprobada por el gobierno?
Imaginemos el mejor escenario que sería que en los próximos meses la economía no vuelva a sufrir una situación coyuntural muy crítica -una devaluación, por ejemplo- donde el mercado laboral se resentirá aún más. Aunque no es descartable, dejemos de lado tal escenario.
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El mejor de los casos, entonces, sería el de un proceso lento de recuperación -ya que el escenario de rebote acelerado está descartado-. En ese escenario difícilmente se verá un aumento sostenido del empleo formal por lo que la clave se vincula a qué ocurrirá con el sector informal: ¿logrará funcionar como refugio y absorber a los desocupados del sector formal? Para poder responder debemos pensar en las variables macroeconómicas que definirán el marco de acumulación.
Si el escenario macro tiende a parecerse al de los años noventa, con un crecimiento bajo, tipo de cambio apreciado y apertura comercial, el espacio de acumulación de las empresas más pequeñas se reduce considerablemente por lo cual el sector informal tendrá dificultades y el emergente central sería el desempleo abierto. Lamentablemente, el plan económico hasta aquí y las declaraciones del gobierno a futuro parecen apuntar a este escenario.
Ahora bien, si, en cambio, se logra un espacio de acumulación más importante -con un tipo de cambio más cercano al promedio histórico, sin apertura acelerada y con impulso de la obra pública- es más posible el crecimiento del sector informal. En este caso, el mercado laboral se acercaría a los mercados laborales latinoamericanos “típicos” con dos segmentos bien diferenciados, pero con una desocupación reducida.
Más allá de la configuración macroeconómica, tanto la política social como la regulación laboral son relevantes para el resultado final.
En relación con la política social debemos reconocer que es hoy radicalmente diferente a la que imperaba en los años noventa. De continuar así, es decir aportando recursos a las familias de manera autónoma al mercado laboral, la situación del sector informal tenderá a mejorar. En caso contrario, si el ajuste presupuestario se profundizará sobre esas partidas, las perspectivas del sector informal empeorarán rápidamente.
En cuanto a la regulación laboral debemos señalar que los cambios impulsados desde el gobierno son profundamente regresivos ya que han legalizado los incentivos a la informalidad -eliminación de multas, la figura del trabajador independiente, deslaboralización de ciertos tipos de trabajos- y ataca a la capacidad de organización sindical de los trabajadores. En ese marco, más allá de las demás circunstancias, difícilmente se produzca una mejora de las condiciones laborales y en los niveles salariales. Lo cual es un problema para las familias, pero también para la economía toda ya que vuelve aún más débil y volátil su dinámica.
En resumen, a 7 meses del gobierno de Milei los datos publicados del mercado laboral no han mostrado aún todo el desastre que ha provocado, los próximos meses seguramente muestren un escenario peor.
Hacia adelante, ante una recuperación débil y con reformas laborales regresivas difícilmente el mercado laboral mejore sustancialmente. La clave allí residirá en la configuración macroeconómica y el financiamiento a la política social que se defina en los próximos meses.
Si tomamos las declaraciones del gobierno -una economía abierta, un tipo de cambio real apreciado y una política social de menor alcance- el sector informal no podrá ser un refugio relevante por lo cual los niveles de desocupación abierta serán radicalmente mayores. Esperemos no se repitan errores del pasado.
*El autor es economista -investigador del CONICET y miembro del Grupo Paternal