El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) publicó un análisis del resultado fiscal que dio a conocer el ministerio de Economía la semana pasada. De allí, según el balance entre la recaudación tributaria y el gasto que surge durante ese mes, concluyen, el gobierno no podrá cumplir el objetivo de déficit fiscal pautado con el Fondo Monetario Internacional para 2023.
Es que, a pesar de que de los resultados surge una contracción del gasto que en términos reales llegó hasta el 3,5% la recaudación sufrió una merma superior que llegó, en términos reales, hasta el 18%. Por eso, el déficit para ese mes fue de $380.473 y acumula en lo que va del año $2,6 billones.
Así las cosas en apenas nueve meses del año el gobierno ya acumula un déficit equivalente al 1,5% del PBI proyectado para el año cuando, el acuerdo con el FMI tolera hasta un 1,9%. Por eso, durante el período que va desde octubre a diciembre sólo podrá asumir un balance negativo de sus cuentas de $650 mil millones equivalentes al 0,4% del PBI estimado. Para el CEPA, sin embargo, se trata del trimestre en el que tradicionalmente se registra en el país el peor balance entre ingresos y gastos.
Con todo, explican, existe un aliciente que indica que la caída del 18% en la recaudación se reduce a 1,5% si, en el comparativo con 2022, se desestiman los ingresos extraordinarios que durante el mismo mes de ese año se produjeron a partir del régimen especial cambiario para la liquidación del complejo sojero. De hecho, la recaudación por derechos de exportación se redujo un 86% en términos reales durante el mes.
Además, destacan, la sequía que azotó al sector agrícola durante los primeros meses del año impactó en la recaudación del mes de septiembre en el orden de $1.100 millones.
Los únicos impuestos que, por el contrario, mostraron signos de recuperación fueron el IVA cuya recaudación saltó un 24% en términos reales y el ítem “restos tributarios” que incluye el impuesto PAIS cuyo alcance se amplió desde agosto y creció en términos reales un 28%.
Por el lado del gasto, la reducción se verificó en prácticamente todos los ítems. El ajuste del gasto, aseguran, se verificó en todos los meses del año con la sola excepción de julio. En particular destaca la contracción en el ítem de subsidios a la energía y el transporte que se redujeron en un 49% en términos reales a partir de la segmentación de tarifas y la eliminación del esquema de subsidios a la energía.
Otros ítems con reducciones sensibles fueron las asignaciones familiares para activos y pasivos (-51%), las pensiones no contributivas que retrocedieron en términos reales un 27% y las jubilaciones y pensiones que lo hicieron un 9%. Las prestaciones sociales cayeron un 1% en términos reales.
Del otro lado se registran mejoras en el gasto orientado a los gastos de funcionamiento (2%) que incluyen los salarios de los empleados públicos y destacan por el peso relativo sobre el total del gasto. Del mismo modo se verifica una suba del gasto en programas sociales como el Progresar o Argentina Trabaja (46%) y en las transferencias a provincias (58%).
Los gastos de capital recuperaron en un 5% pero con una distribución muy heterogénea en tanto los fondos destinados a agua potable y alcantarillado crecieron un 135% en términos reales y los destinados a educación lo hicieron en un 26% mientras las inversiones públicas en vivienda cayeron en un 43%, las de energía en un 21% y en transporte un 25%.
Hacia adelante, alertan desde el CEPA, “la situación resulta más compleja si consideramos las recientes medidas de alivio fiscal” en referencia a los programas de Compre sin IVA y la suba del mínimo imponible del impuesto a las ganancias, entre otros.
