El gobierno nacional convocó el lunes por la mañana y de manera «urgente» a los gremios estatales a una reunión de discusión paritaria para el mismo día a las 17 horas. El propósito formal de la cita es la de discutir la actualización de los haberes para los empleados públicos nacionales.

Sin embargo, la cita se produce a pocos días del vencimiento de 70 mil contratos de trabajadores de la administración pública que revisten bajo el art. 9 de la ley marco de empleo público que garantiza los mismos derechos que los trabajadores de planta permanente menos la estabilidad laboral y, por ende, la indemnización por despido. De este modo la renovación de esos contratos se realiza de manera anual en diciembre de cada año.

En esta oportunidad, luego de no renovar unos 6 mil contratos en diciembre, las autoridades optaron por una extensión de los contratos por un período de tres meses que vencen el próximo 31 de marzo período durante el cual llevarían adelante una revisión caso por caso. En realidad, la indicación oficial para los ministerios y organismos descentralizados fue la de confeccionar listados con los nombres del 30% de los contratos para proceder a su baja.

Por ese motivo la Asociación Trabajadores del Estado convocó a un paro y movilización para el martes 26 de marzo que irá desde el ministerio de Agricultura donde el gobierno habría decidido no renovar 900 contratos de trabajadores del Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena que pretende desmantelar, hasta el ministerio de Economía ubicado en la Plaza de Mayor.

La convocatoria a paritaria fue interpretada por la conducción de la ATE como una maniobra para desarticular el paro y desviar el eje de los despidos que, en total, podrían superar los 21 mil.

Su titular, Rodolfo Aguiar se dirigió al presidente de la Nación Javier Milei a través de su cuenta de X (ex twitter) señalando que “con esta maniobra usted intenta que levantemos el paro de ATE y eso no va a suceder”. A la vez, continuó, “le adelantamos que volveremos a rechazar su oferta si la misma no garantiza la plena recuperación del poder adquisitivo perdido. En tan solo tres meses su gobierno ha destrozado los salarios y las Jubilaciones”. Para Aguiar, “la propuesta  debe contemplar la reincorporación de todos los trabajadores despedidos y la renovación automática de los 70.000 contratos que vencen a fin de mes”.

Por la misma vía, de todas maneras, adelantó que desde la ATE “no creemos que en las negociaciones de hoy pueda existir algún acuerdo. Usted no va a cambiar y nosotros tampoco. Usted seguirá intentando debilitar el Estado a su mínima expresión para garantizar los intereses de sus mandantes, las corporaciones. Y nosotros seguiremos profundizando la lucha”.

Los despidos afectan a prácticamente todas los organismos dependientes del Estado Nacional. Ya se conocieron 1200 cesantías en la ANSES, en el INCAA los trabajadores denuncian más de 170 despidos que, aseguran, crecerán con el anunciado cierre del Cine Gaumont y el portal Cine.ar. La Agencia Nacional de discapacidad ya sufrió 100 despidos y la administración general de puertos cesanteó a 160 trabajadores. Lo mismo ocurre con el Servicio Meteorológico Nacional en el que se espera conocer el listado de unos 200 despedidos y en el Instituto Geográfico Militar. Los mismos empleados de la Casa Rosada se encuentran con medidas de fuerza contra despidos y quite de horas extra.

Sin embargo, el gobierno ha sufrido varios traspiés en tanto se produjeron una serie de renuncias de funcionarios a quienes se les había encomendado la tarea de elaborar los listados de despedidos. La rebelión de funcionarios (mayormente de carrera o provenientes de la gestión anterior) comenzó con los directores de los Institutos del CONICET que rechazaron seleccionar el 30% de los 1600 empleados administrativos y técnicos y del subsecretario de Pesca Juan Antonio López Cazorla.

La sangría llegó todavía más alto cuando presentó su dimisión “por motivos personales” el secretario de Transformación del Estado y Función Pública de la Jefatura de Gabinete, Armando Guibert, seguido por el subsecretario de Empleo Público, Ricardo Martín Boccacci, ni más ni menos los encargados de diseñar y ejecutar el plan de racionalización de la planta de trabajadores del Estado nacional.