“Los chicos manifestaron angustia, preocupación. Los atraviesa toda una historia de privaciones, de carencias, vulnerabilidades por las cuales llegaron a un sistema proteccional. Siempre se piensa en la restitución de derechos y en el Programa de Acompañamiento al Egreso (PAE) como algo de reparación. Tener la duda de si va lo van a conservar o no termina siendo una nueva vulneración. Volver a sentir que se les priva de algo o se les arrebata algo que les pertenece. Como en su momento fue el derecho a vivir y crecer en una familia”.

Así describe Matías Albarracín, uno de los coordinadores del PAE en Tucumán, la sensación que genera la falta de certezas sobre la continuidad del programa en adolescentes y jóvenes que egresaron o están por egresar de hogares y residencias, tras haber crecido sin cuidados parentales. Chicos y chicas que vivieron sin familia, al cuidado del Estado, y que confían –o confiaban- en esa herramienta como una ayuda –no sólo económica- para salir a la vida adulta.

Este 31 de mayo se cumplieron siete años desde la creación del PAE mediante la sanción de la Ley 27.364, impulsada por la diputada Carla Carrizo y votada por unanimidad en el Congreso en 2017. El aniversario no se enmarcó en un festejo sino en la incertidumbre. Atrasos en los pagos, falta de respuestas del Gobierno nacional –a través del Ministerio de Capital Humano- y jóvenes que hoy no cuentan con el acompañamiento de adultos referentes. Vulneraciones de derechos hacia uno de los colectivos más vulnerables de la sociedad.

Hace dos semanas, la diputada nacional de Unión por la Patria Mónica Macha presentó un proyecto de ley por la “declaración de emergencia para las personas beneficiarias de prestaciones sociales”. El proyecto contempla situaciones diversas, como las de quienes dejaron de recibir medicación para el cáncer y otras enfermedades graves a través de Capital Humano y Salud. Y apunta también al colectivo del PAE: “Tenemos especial preocupación por el Programa de Acompañamiento al Egreso. Alrededor de 3.500 chicxs sin cuidados parentales dependen del Programa que asiste a quienes alcanzan la mayoría de edad en hogares”.

Un proyecto de ley para garantizar las prestaciones sociales que interrumpió la gestión Milei

Miedo a perder un derecho

“Más allá de las cuestiones objetivas que genera el atraso en los pagos -la imposibilidad de pagar alquileres o cuotas en terciarios- hay una cuestión de ciertos fantasmas que se despiertan en los chicos. No es algo nuevo, pero está exacerbado desde principios de año. En muchos sobrevolaba la idea de que perdían el programa, por eso se trabajó para contener y explicarles que es un derecho. En estos dos meses de demora muchos chicos asumieron que el programa desaparecía, algo que generó mucha angustia, preocupación, enojo”, relató Albarracín en diálogo con Tiempo.

La semana pasada y luego de meses sin respuesta, las y los titulares del PAE cobraron lo correspondiente al mes de marzo. El monto que brinda el Programa equivale al 80% del salario mínimo, vital y móvil. En su mayoría lo usan para pagar el alquiler u otros gastos fijos. Los atrasos complican la planificación y la autonomía, elementos claves para quienes crecieron sin familia.

“Lo económico por supuesto que es fundamental para sostener los proyectos que ellos plantean. Pero también el vínculo con los referentes. Que se ponga en duda la continuidad del programa genera muchas veces una gran dificultad. A mí me genera mucha dificultad tener que hablarles de un programa y en el fondo no saber cuál va a ser el futuro del mismo, me genera mucho malestar”, expresó el coordinador tucumano.

Si bien el Programa se implementa a nivel jurisdiccional, los fondos que reciben en forma directa las y los jóvenes los provee Nación. Las demoras y faltas de respuestas motivaron la conformación del Colectivo PAE y un reclamo conjunto entre trabajadores, organizaciones sociales que acompañan y los propios adolescentes.

“No es solo por lo económico. Tuve dos referentes que me dieron un apoyo muy lindo, muy amorosas. Para todo lo que yo necesitaba, estaban. Cómo puedo manejar mejor el dinero, cómo puedo conseguir un alquiler, un trabajo más estable. Antes hacía changas, nada que me permitiera mantener un alquiler. Gracias al apoyo de las referentes y al apoyo económico pude salir adelante. Independizarme y seguir estudiando. A muchos chicos les pasa lo mismo. Poder estudiar, salir de lugares donde no se sienten cómodos o son violentados. Es muy importante la ley para nosotros y para los que vienen después”, dice Yamila Tato, de 22 años. Fue mamá a los 15 y vivió en un hogar hasta la mayoría de edad. Hoy estudia Medicina en la UBA y vive sola con su hijo. Sin el PAE, dice, no sabe si lo hubiera logrado.

Un programa que equipara derechos

El PAE “está establecido por ley e involucra a chicos y chicas que vivieron en instituciones de cuidado por alguna medida de protección especial del estado. Porque eran víctimas de alguna vulneración grave de sus derechos en sus núcleos familiares y el Estado tomó la decisión de separarlos de esas familias. Crecieron en estos espacios pero a los 18 deben abandonarlos y afrontar la vida de manera independiente. Hasta 2017, este momento del egreso era muy traumático: se daba en un contexto de extrema vulnerabilidad y soledad, porque debían afrontar la terminalidad de los estudios, conseguir trabajo, un lugar donde vivir, y todo eso en un contexto de falta de acompañamiento familiar por los contextos donde crecieron”, explicó a este diario Dana Borzese, directora de Asociación Civil Doncel.

“Desde 2017, gracias a la lucha de organizaciones sociales como Doncel, pero también de organismos como Unicef, redes de organizaciones, los propios egresados y especialistas en la temática se hizo un trabajo de incidencia muy fuerte que culminó en la aprobación de una ley que reconoce derechos específicos para este colectivo de chicos y chicas. Equipara sus derechos con los chicos que crecen en sus familias. Es decir, extiende la protección del Estado después de los 18 a través de la figura de un acompañamiento personalizado de un referente y de una asignación económica de los 18 a 21 años y hasta los 25 si estudian”, detalló la referente.

Ese acompañamiento “genera una situación de igualdad de un chico que crece separado de su familia con el chico que crece en su entorno familiar, para quien según el Código Civil y Comercial la familia tiene una responsabilidad alimentaria hasta los 21 años. Ahora nos encontramos a siete años de la sanción de la ley en un contexto de incertidumbre porque no hay a ciencia cierta información sobre la continuidad del programa”.