Los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) participaron de la inauguración de una muestra en el Museo del espacio de Memoria Ex Esma que recuerda el 40 aniversario de la visita de 1979 y de una mesa junto organismos de derechos humanos en la que reflexionaron sobre los impactos históricos del trabajo de la comisión y escucharon a referentes de organizaciones sociales, sindicatos y universidades. En la charla los miembros de las organizaciones dieron cuenta de los retrocesos en materia de derechos fundamentales que se produjeron en la argentina de Mauricio Macri.

Luego de ese encuentro, los organismos de derechos humanos se reunieron con los comisionados para entregarles un informe del estado actual del proceso de Memoria Verdad y Justicia.

En la Casa de la Identidad del Espacio de Memoria ex Esma, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, dio la bienvenida a la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, al secretario Ejecutivo Paulo Abrão y al primer y segunda vicepresidente Joel Hernández y Antonia Urrejola, que participaron de la Mesa “Los impactos históricos del trabajo de la CIDH y los nuevos desafíos frente al contexto regional actual”.

La presidenta Arosemena de Troitiño agradeció la posibilidad de encontrarse en ese espacio y celebrar el 60 aniversario de la creación de la CIDH y el 40 aniversario de la visita histórica. “Esta fuerza que irradia la solidaridad humana de todos y todas las presentes, nos encontramos en este recinto que ha sido protagonista de momentos cruciales en la historia del sistema interamericano de derechos humanos y de la Argentina”, dijo.

Paulo Abrão, por su parte, reivindicó a las Abuelas, las Madres de Plaza de Mayo, los H.I.J.O.S, a los nietos restituidos y saludó a los “luchadores y luchadoras que nos dan tanto ejemplo sobre cómo debemos resistir y cómo debemos estar permanentemente vigilantes de la democracia y los derechos humanos”.

Hernández aprovechó su intervención para remarcar la responsabilidad de los comisionados ante los desafíos actuales que enfrenta la CIDH. Después de repasar la historia de la Comisión desde su nacimiento en el ámbito de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1959 junto a la Corte Interamericana, la construcción la convención americana de derechos humanos del Pacto de San José de Costa Rica, y las visitas in loco, recordó que la que más impacto causó fue la de 1979.

En ese camino destacó la confianza que los organismos de la sociedad civil depositan en ese organismo: “Tenemos que ser congruentes frente a esta confianza depositada que se manifiesta en cosas como que el año pasado la comisión recibió cerca de tres mil peticiones y esto significa que en un período de nueve años se ha triplicado el número de peticiones”, explicó. Y completó: “La comisión debe estar muy consciente de la confianza que no podemos defraudar”.

Además, el comisionado planteó como segundo desafío tender los puentes y las acciones políticas que logren el cumplimiento por parte de los Estados de sus recomendaciones.

En el panel también estuco el procurador ante la Corte Suprema y ex vicepresidente de la CIDH, Víctor Abramovich, remarcó que uno de los legados de la visita de 1979 fue que genero en la sociedad argentina discusiones sobre el valor de la convención sobre la convención de derechos humanos, que tuvo avances con la acpetación de la Comisión y la Corte IDH como órganos externos de control del Estado durante el gobierno de Raúl Alfonsín y la incorporación de los pactos en la Constitución en la reforma de 1994.

En ese marco, Abramovich señaló dos episodios ocurridos durante el gobierno de Mauricio Macri que afectaron la relación del país con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: la resolución de la Corte Suprema en el caso Fontevecchia que puso reparos respecto a la obligatoriedad del cumplimiento de los fallos de la CorteIDH y de la declaración que Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Colombia, presentaron al Secretario Paulo Abrao el 11 de abril pasado para diluir los alcances del sistema. “Eso marca un retroceso en lo que fue la política histórica de Argentina y su inserción en el sistema interamericano de derechos humanos”, remarcó.

Los desafíos actuales

En la mesa del panel estaba también la Madre de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, Taty Almeida. Ella sintetizó en pocas palabras el estado de situación de los derechos humanos que los representantes de los organismos, organizaciones sociales y gremiales, expusieron a los comisionados: “Con Macri y compañía todos los días, y por diferentes motivos, se siguen violando los derechos humanos. Y así como hace 40 años les pedimos por favor que nos ayuden, hoy también se lo pedimos”, contó. Pero recordó que ese embate fue resistido por el pueblo argentino con grandes movilizaciones como la que se produjo contra el fallo del 2×1.

La exposición de los referentes gremiales, de organizaciones sociales y de derechos humanos fue coordinada por Carlos Pissoni, de H.I.J.O.S, y hablaron 12 expositores. Comenzaron la exposición integrantes de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos quienes expusieron los atropellos contra la educación pública durante la gestión de Mauricio Macri.

Siguió el secretario General de La Bancaria, Sergio Palazzo, quien habló de una de las principales violaciones a los derecho humanos actuales: “el derecho a comer”. El gremialista enumeró también la pérdida de derechos de nios y ancianos. Y puntualizó en la persecución gremial desatada en los últimos cuatro años: “quiero hacer una referencia al gobierno actual y sobre todas las protestas sindicales que han sido objeto de demanda (judicial) por parte del gobierno”.

“Cuando el gobierno no encuentra el consentimiento de la dirigencia (gremial) para llevar adelante su proyecto neoliberal y de saqueo de la Argentina, decide atacar con demanda judiciales”, resumió.

También habló Victorio Paulón, ex preso político y actual secretario de derechos humanos de la CTA, quien recuperó la importancia que tuvo la visita de la Comisión en 1979. “Quiero expresar mi agradecimiento a quienes realizaron esa visita por lo que significó para los miles de presos políticos”, recordó.

También por la Central habló Roberto Baradel, quien les dijo a los integrantes de la CIDH que el gobierno de Macri es “constitucional pero con una raíz autoritaria porque aquelos que llevaron a cabo el golpe de estado de 1976 hoy también están dentro de este gobierno”, dijo. Y aseguró: “hay que decirlo claramente porque son parte de las causas de las violaciones a los derechos humanos. Elegir métodos como elegir enemigos internos como los pueblos originarios nos causaron a Santiago Maldonado y Rafael Nahuel”, dijo. También recordó que el Presidente calificó de mafia a los jueces laborales que fallaron a favor de los trabajadores.

El reclamo por los presos políticos fue llevado ante la CIDH por Eduardo Tavani, del Comité por la Libertad de Milagro Sala, el referente nacional de la Tupac Amaru, Coco Garfagnini, y el hijo de Carlos Kirchner, primo del ex presidente.

Tavani recordó la participación de la CIDH en la detención de Milagro Sala y recordó que “la provincia de Jujuy vive en un estado de excepción”. Y denunció los hostigamientos de cuatro detenidas de la Tupac Amaru. Se refirió puntualmente a las detenciones de Gladys Días y Mirta Guerrero, ambas detenidas con prisión preventiva desde hace tres años y dos meses, cuando el máximo tiempo establecido para esa condición es de dos años. Y por otro lado el estado de abandono de Patricia Cabana y Graciela López, quienes vienen pidiendo la prisión domiciliaria sin ninguna respuesta por parte de la justicia.

A su turno, Garfagnini agradeció la actuación de la Comisión en el caso de la detención de Milagro Sala aunque advirtió que las resoluciones que ordenaron la liberación de la líder de la Tupac Amaru siguen sin cumplirse.

Sergio Maldonado contó a los miembros de la CIDH que la justicia había decidido abrir la investigación por la muerte de Santiago, ocurrida el 1 de agosto de 2017 en Chubut durante una represión de Gendarmería a la comunidad Pu Lof. “Mi pedido es que si se abre la causa, se cree un grupo de expertos independientes. Se tipificó como figura penal en 2011 no se tipificó cómo investigarla”, dijo y agradeció todos los aportes de este organismo, que contribuyeron a la investigación de la desaparición de Santiago.

También podés leer: Sergio Maldonado: «La Justicia se mueve electoralmente» 

También expusieron Luis Tagliapietra, padre de Alejandro, uno de las víctimas en la desaparición del ARA San Juan y el hermano de Diana Sacayán, la activista víctima de un travesticidio; el Monseñor Carlos Tissera, obispo de Quilmes. Además, el ex ministro de Salud, Daniel Gollán, quien señaló que las políticas actuales de salud producen muertes por causas evitables se parecen mucho a un genocidio. Como muestra, recordó que en la gestión actual se incrementó en 400% los casos de sífilis en adultos y en un 500% en niños recién nacidos porque “se cayeron todos los programas de prevención”.

Los referentes hablaron ante un auditorio repleto, entre quienes estaban el fiscal Pablo Parenti, la Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, el nieto restituido y diputado nacional, Horacio Pietragalla, la nieta y legisladora porteña, Victoria Montenegro, el periodista Horacio Verbitzky y Gastón Chillier, ambos del CELS, el ex jefe de gobierno porteño Anibal Ibarra. También estaban el ex preso político de la dictadura Eduardo Jozami, el ex procurador de lesa humanisdda, Jorge Auat, y Raquel Wittis, madre de una víctima de violencia institucional.  

La visita de la CIDH 1979-2019

La visita de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos comenzó en el Museo Sitio de Memoria Esma, donde participaron de la inauguración de la muestra “1979-2019 La visita de la CIDH. El ocultamiento de la Esma. La verdad se hace pública”.

Se trata de una muestra temporaria sobre el ocultamiento del centro clandestino durante la visita in loco de la CIDH del 6 al 20 de septiembre de 1979, cuando los marinos reformaron el centro y trasladaron a los detenidos desaparecidos a la quinta El Silencio, en una isla del Delta de San Fernando que este sábado será señalizada.

En la inauguración, los comisionados fueron recibidos por la directora del Museo, Alejandra Naftal, Verónica Torrás, de Memoria Abierta y Gastón Chillier, del Cels. También estuvieron el ex detenido Afredo “Mantecol” Ayala y Graciela Lois de familiares de detenidos desaparecidos. Por el gobierno participó el subsecretario de Protección de Derechos Humanos, Brian Schapira.

“La de la visita de la CIDH constituyó la primera narrativa que tuvimos articulada sobre el terrorismo de Estado en nuestro país”, reflexionó Torrás durante la inauguración de la muestra temporaria que se extenderá hasta el martes próximo. Y completó: “El Informe de la CIDH pidió por primera vez castigo a los culpables”.

Chillier, en tanto, opinó que “aquella visita explica mucho el activismo de Derechos Humanos del presente”. Y aseguró que el proceso de memoria, verdad y justicia “es un modelo en todo el mundo y la sociedad argentina lo demostró cuando respondió al fallo del 2×1”.

El informe de los organismos

Al finalizar la mesa con organizaciones sociales y gremiales, los organismos de derechos humanos se reunieron con los comisionados de la CIDH para entregar un informe sobre “el estado actual del proceso de memoria, verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad por los que el Estado argentino es responsable”. El informe de inscribió en el marco del seguimiento al informe n° 28/92 de la Comisión y se trata de una breve descripción actual que amplía el exhaustivo informe entregado en audiencia durante las sesiones de octubre de 2017 en Montevideo.

En el informe los organismos señalaron que “las políticas públicas en materia de memoria, verdad y justicia se vieron fuertemente afectadas desde el inicio del gobierno del presidente Mauricio Macri”.  Recordaron además que desde diciembre de 2015 “distintos funcionarios promovieron un discurso público que relativiza la gravedad del terrorismo de Estado, llegando en ciertos casos a formas de revisionismo”. Y completaron: “En este periodo se debilitaron o desmantelaron dependencias del Poder Ejecutivo Nacional que contribuían con las investigaciones judiciales. Este contexto tuvo un correlato en el Poder Judicial, especialmente en la Corte Suprema y la Cámara Federal de la Casación Penal, donde se adoptaron criterios y decisiones claramente regresivas”.

Los organismos estructuraron el informe en base a una serie de críticas a la gestión gubernamental actual que produjeron distintos retrocesos en derechos humanos. Enumeraron siete puntos: El debilitamiento de las políticas públicas del Poder Ejecutivo que dan apoyo y pruebas para los juicios por delitos de lesa humanidad, las políticas públicas en materia penitenciaria y de control de prisiones domiciliarias. La demora en la desclasificación de archivos de inteligencia. La falencia en la protección, mantenimiento y fomento de los Sitios de Memoria. La extrema demora en la tramitación de reparaciones a víctimas del terrorismo de Estado. Las deficiencias en dependencias auxiliares del poder judicial y puntualizaron en el Cuerpo Médico Forense dependiente de la CSJN. La falta de impulso a las investigaciones sobre responsabilidades de civiles en delitos de lesa humanidad. Y finalizaron con el no tratamiento de la Ley de “Protección y Fortalecimiento de Memoria, la Verdad y la Justicia”, que busca garantizar la continuidad de estas políticas.

Se puede acceder al documento completo en la página de Abuelas de Plaza de Mayo: Informe sobre la situación de las políticas públicas de Memoria, Verdad y Justicia.