Aunque Milei pretende arrogarse autoritariamente la suma del poder público, practica una suerte de democracia negativa: todas las instituciones culturales sin distinción se verán afectadas por igual por la acción de la famosa motosierra que utilizó en campaña como objeto de marketing electoral y que hoy se ha transformado en una amenaza concreta.
La Fundación El Libro, entidad organizadora de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, rechaza enfáticamente el proyecto de derogación de la Ley de Defensa de la Actividad Librera y lo expresa a través de un comunicado.
La Fundación, que está integrada por la Cámara Argentina del Libro; la Cámara Argentina de Publicaciones; la Sociedad Argentina de Escritores; La Cámara de Librerías, Papeleras y afines; la Federación Argentina de la Industria Gráfica y el Sector español de Libros y Revistas.
“La Ley de Defensa de la Actividad Librera N.° 25.542 -manifiesta en su comunicado- protege la bibliodiversidad y su derogación haría colapsar a toda la cadena de valor del libro, sobre todo a los eslabones más débiles. Además, se busca hacer desaparecer a dos de las instituciones culturales insignias de nuestro país: el Fondo Nacional de las Artes y del Instituto Nacional del Teatro, y así destruir el entramado cultural argentino, tan admirado en todo el mundo”.
Esta Ley que fue sancionada en noviembre de 2001 y promulgada en enero de 2002, establece, entre otras cosas, que “los editores, importadores o representantes de libros deberán fijar un precio uniforme de venta al público (PVP) o consumidor final de los libros que edite o importe”.
Por su parte, la Cámara Argentina del Libro se manifestó en el mismo sentido. “La Cámara Argentina del Libro expresa su preocupación por el proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos recientemente presentado por el Poder Ejecutivo que propone derogar la Ley de Defensa de la Actividad Librera Nº 25.542, iniciativa apoyada y llevada adelante por toda la cadena del sector del libro. Este proyecto pone en riesgo la existencia de las pequeñas y medianas librerías y consecuentemente, el acceso a la lectura y a la bibliodiversidad de forma federal e igualitaria.”
Si esta ley se derogara se verían afectadas las librerías de manera directa que podrían ofrecer libros a precios menores perjudicando las ventas de las editoriales más chicas. De alguna manera se reproduciría la situación de privilegio que tienen las grandes cadenas de supermercados respecto de los pequeños negocios de barrio.
«Uno de los malentendidos más comunes –le dice a Télam Víctor Malumián de Ediciones Godot- es que si se elimina la ley de precio único el pvp promedio cae, lo cual ha resultado falso en varios países. Lo que sucede es que en un principio vemos ofertas de los grandes jugadores que pueden acceder a comprar mayor cantidad de unidades, por ende con mayores descuentos, y trasladan ese descuento al público. Ganan cuota de mercado, reducen drásticamente a los pequeños jugadores hasta hacerlos desaparecer y luego vuelven a subir los precios. Es decir, a mediano plazo, no funciona».
En nombre de la libre competencia, el proyecto de Ley que Milei envió al Congreso podría hacer peligrar la subsistencia de muchas las librerías independientes que son tan características de Argentina. No siempre 2 más 2 es 4.
Malumián es contundente en su conclusión: “Bajo una lógica liberal se podría decir que esta medida es buena porque se traslada a precios más baratos en los libros, pero no es así porque, una vez que el más poderoso elimina a la competencia, vuelve a subir los precios y los fija como considera».
Por su parte, Juan Pampín, Presidente de la Cámara Argentina del Libro y editor de la editorial Corregidor le dice a Tiempo Argentino: “Gran parte del entramado librero argentino que incluye 1800 librerías pymes y micro pymes se sustenta en el precio fijo del libro. Es extraño que se quiera derogar esa ley, ya que se trata de un acuerdo entre privados en la que el Estado no tiene ninguna participación. Incluso la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires es una iniciativa privada a diferencia, por ejemplo, la Feria del Libro de Guadalajara que tiene que ver con la Universidad de Guadalajara. La Ley de Defensa de la Actividad Librera Nº 25.542, responde a un acuerdo entre integrantes del sector, por lo que la voluntad de derogarla resulta inentendible.”
La motosierra sigue podando
El proyecto de Ley ómnibus enviado al Congreso por Milei arremete sin piedad y sin criterio o mejor dicho, con un criterio estrecho basado en el desconocimiento y el desinterés por la cultura, sobre instituciones fundamentales.
Uno de sus propósitos más temibles es la Ley de la derogación de la Ley Nacional de Teatro (24.800) que, de concretarse, se expresaría en el desmantelamiento del Instituto Nacional del Teatro (INT). La Ley entiende que el teatro debe contar con “la promoción y el apoyo del Estado Nacional” por lo que a través del INT otorga subsidios y becas a grupos y salas, organiza certámenes, muestras y festivales y promueva la creación y conservación de espacios teatrales.
Para el teatro independiente el INT es una institución fundamental. Posiblemente el presidente y su entorno no sepan o no les importe que Buenos Aires es una de las grandes ciudades teatrales del mundo y que el teatro independiente es un rasgo de identidad nacional que por su desarrollo y calidad sorprende a los extranjeros.
Se derogaría la ley que establece que cuando se demuele un teatro es obligatorio construir otro. En nombre del libre mercado se desfinancia la cultura nacional.
También se contempla el cierre del Fondo Nacional de las Artes cuyo objetivo es “promover y desarrollar la promoción de los artistas de todo el país financiando su formación y la creación de sus obras”. Su posible cierre que desfinanciaría gran parte de la actividad artística, también plantea otros interrogantes: cuál sería el destino de la casa ubicada en Barrio Parque que es una de sus sedes. Esa casa fue construida por el arquitecto Alejandro Bustillo y perteneció a Victoria Ocampo fue declarada Monumento Histórico Nacional.
El proyecto motosierra también establece la reforma de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) que fuera creada por Domingo Faustino Sarmiento en 1870. La nueva propuesta cancelaría las asignaciones específicas que le fueron otorgadas en 2022 por 50 años y la Conabip pasaría a depender de los subsidios que les otorgue el Congreso.
Además, ya no habrá en la Conabip representantes de todas las provincias, sino 7 miembros que serán designados por el Poder Ejecutivo.
Existen 2000 bibliotecas populares en el país que son atendidas por 30.000 voluntarios.
La motosierra de Milei también desfinancia la Instituto Nacional de la Música (INAMU) y al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) del que reduciría, además, al 70 por ciento de su personal.
De concretarse el plan motosierra de Milei, se produciría del mayor ataque de la historia a la cultura nacional. El panorama del país es oscuro en todas las áreas y el campo cultural no es la excepción. En una nota publicada por Tiempo Argentino dijo Diana Saiegh, quien fuera directora del Fondo Nacional de las Artes hasta que asumió el gobierno Milei: “De un lado está la motosierra y del otro, el futuro”.
No quedar del lado de la motosierra será una tarea de todos, desde los políticos a los ciudadanos de a pie en defensa de los derechos adquiridos.
