Decenas de participantes del masivo ataque del 8 de enero de 2023 a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial en Brasilia, en algunos casos condenados por crímenes contra la democracia, se encuentran prófugos en Argentina y solicitan al gobierno de Javier Milei ser aceptados bajo la figura de asilo político. La embajada de Brasil entregó a la Cancillería un pedido de información sobre 143 personas para conocer su paradero, pero de momento el Ejecutivo negó tener en sus manos esa lista.
Incluso la ministra de Seguridad Patricia Bullrich consideró que el requerimiento es «propaganda» del gobierno de Lula.
El medio brasileño UOL publicó el viernes una entrevista con Luis Fernandes Venâncio y Marco Siman Oliveira, dos ciudadanos brasileños que viven en Argentina luego de huir de Brasil a partir de que la justicia de ese país dio pruebas de que participaron del ataque del 8 de enero de 2022. En marzo de 2024, Venâncio se cortó la tobillera electrónica que le había sido impuesta y cruzó la frontera.
«Sabemos que no vamos a ser declarados inocentes [por la Justicia de Brasil]. Lo que queremos es tener asilo aquí en Argentina», dijo Oliveira. Según UOL, hay en trámite 60 pedidos de ciudadanos brasileños ante la Comisión Nacional para los Refugiados, organismo que depende de la Dirección Nacional de Migraciones. A pesar de las consultas de este medio, el equipo de prensa de ese organismo no confirmó ni negó esas cifras.
«No hay alertas rojas sobre esas personas. Una cosa es que Brasil las pida y otra que ya tengan un proceso o una condena, que es el momento en que uno puede pedir una extradición. Tampoco tenemos el listado», le dijo Bullrich a Radio Mitre en la mañana del sábado.
«No tenemos confirmado que ingresaron, todos los días ingresan brasileños al país. Tiene que haber pedidos oficiales, que pasen por Interpol (…)Por ahora se mantiene en una cosa de propaganda pero no en un hecho jurídico válido», agregó.
En diálogo con Tiempo, fuentes diplomáticas brasileñas explicaron que el requerimiento surgió desde el Supremo Tribunal Federal (STF) de ese país. «En 2019 Brasil y Argentina firmaron un acuerdo de extradición. Así que cabe al STF hacer este tipo de pedidos. La embajada sólo transmite el pedido a la Cancillería», expresaron desde la diplomacia con sede en la calle Cerrito de la Ciudad de Buenos Aires.
Tras la visita del diputado Eduardo Bolsonaro al Congreso el pasado miércoles 29, en el que el hijo del expresidente Jair Messias abogó en diálogo con Tiempo a favor de los prófugos, el gobierno de Milei se expone a otra delicada situación diplomática.
Si Argentina concede asilo político, entra en franco conflicto con el estado brasileño, que busca penar duramente hechos que considera un ataque a la democracia. Si se atiene a los pactos preexistentes bilaterales y accede a posibles pedidos de extradición, la voluntad presidencial de ser el nuevo faro de la ultraderecha mundial recibiría un golpe. La situación está en movimiento. «
