Se cumplió el 30 aniversario de la Masacre de Wilde, el juicio se desarrolló hasta finales del 2022 en el Tribunal Oral Criminal (TOC) N°3 de Lomas de Zamora, los imputados fueron condenados a la pena de 25 años de prisión, pero sin cárcel.
Este caso, ícono de la violencia institucional, ocurrió el 10 de enero de 1994, cuando cuatro personas inocentes fueron acribilladas a balazos por once policías de la ex Brigada de Lanús de la Policía Bonaerense, de los cuales solo siete fueron juzgados y sentenciados en el debate oral y público.
Sin embargo, todos permanecen en libertad, ninguno fue a la cárcel, el argumento del Poder Judicial es que “la sentencia fue dictada en primera instancia, por lo tanto no se encuentra firme, por lo cual, los acusados aún conservan el principio de inocencia”. Mientras tanto “uno de ellos -Marcos Rodríguez- disfruta el verano en La Falda, Córdoba, donde estuvo prófugo y escondido durante más de veinte años”, se quejó Raquel Gazzanego, viuda de Edgardo Cicutín, uno de los cuatro asesinados, en diálogo con Tiempo.
Una solución amistosa
Finalizando el año pasado “firmamos el acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que el Estado argentino -durante la gestión de Horacio Pietragalla Corti- reconoció que la violencia institucional le arrebató la vida a mi compañero y padre de mis dos hijos”, recordó Raquel.
También admitieron que todos los familiares “somos víctimas de aquel terrible hecho cometido por la fuerza de seguridad, por la falta de diligencia de los jueces y demás autoridades que intervinieron en el caso”, explicó la mujer.
“Sobre que los siete condenados a la pena de 25 años -por distintos motivos- están en libertad, nosotros a eso lo sentimos como una burla, como así también pensamos que lo es para la sociedad en su conjunto”, expresó Raquel, muy indignada. Continuó asegurando que “la Justicia es nefasta, porque en el juicio se pudo acreditar que los policías salieron de la seccional directamente a matar”.
Corrupción policial
“Fue un acto de corrupción policial, porque la Brigada tenían una banda de delincuentes que trabajaba para ellos y fueron a asesinarlos por un vuelto les debían de un hecho que habían cometido”, reconstruyó en relación a la investigación del caso. Así fue como “fusilaron a mi marido”, quien vendía libros en una editorial.
En el caso del expolicía Marcos Rodríguez, “le dieron el beneficio de ir a cumplir un arresto domiciliario en La Falda, Córdoba, donde estuvo prófugo y escondido durante más de veinte años. Solo le pidieron que vaya al Patronato de Liberados para dar el presente y firmar”, se quejó la mujer. La Justicia no lo buscó ni lo encontró, “yo lo hice y di aviso a la fiscalía para que sea capturado nuevamente”, señaló.
Durante el juicio fueron juzgados siete de los once policías que protagonizaron el hecho de violencia institucional: Eduardo Ismael Gómez, Roberto Oscar Mantel, Osvaldo Américo Lorenzón, Marcelo Daniel Valenga, Julio César Gatto, Pablo Francisco Dudek y Marcos Rodríguez. Todos ellos fueron condenados a 25 años de prisión, al ser considerados autores penalmente responsables de los cuatro homicidios. Sin embargo, ninguno está preso.
Sobre el caso de gatillo fácil en 1994
Los once policías que desataron la balacera cumplían funciones en la entonces Brigada de Lanús de la Policía Bonaerense, cuyo subjefe era el comisario Juan José “El Lobo” Ribelli, detenido, procesado y luego absuelto por el atentado a la AMIA.
Cuando ocurrió este caso de gatillo fácil -el 10 de enero de 1994- cuatro inocentes fueron asesinados a balazos por once oficiales. Ese día, un grupo de policías perseguía a supuestos delincuentes que iban en dos autos, huyendo de un presunto robo a una sucursal del Banco Galicia, luego dijeron que los sospechosos transportaban cinco kilos de cocaína.
Los uniformados dispararon 270 balas. Durante la investigación se supo que la banda delictiva trabajaba para los policías, quienes salieron a buscarlos para matarlos porque se habían quedado con el dinero de un hecho y ya no querían trabajar para ellos.
Edgardo Cicutín, de entonces 33 años, era padre Natalia que tenía 8 años y Gonzalo de apenas 8 meses, vendía libros para la editorial Cisplatina y se movía en un Dodge 1500 que era conducido por Claudio Díaz, quien sobrevivió a la balacera de milagro. Las otras víctimas fueron el remisero Norberto Corbo y sus pasajeros, Claudio Mendoza y Héctor Bielsa, quienes viajaban a bordo de un Peugeot 505.
Finalmente, cerca de cumplirse el 29 aniversario de la Masacre de Wilde -a finales de 2022- el TOC º3 de Lomas de Zamora condenó a los siete policías imputados a 25 años de prisión, pero sin cárcel. Los familiares de las víctimas quieren que se haga “justa justicia, porque la decisión de los jueces volvió a ejecutar a mi marido”, denunció la mujer.
Por todo esto, el próximo 21 de marzo a las 11 horas, “todas las partes tenemos audiencia con los jueces de Casación”, adelantó Raquel. Esperan que a partir de ese día, “la Justicia entienda la gravedad de la Masacre de Wilde, sino también la victimización que nos impone a los familiares y a toda la sociedad al tener que caminar en nuestras calles junto a los policías asesinos”, finalizó.
