El 12 de junio, durante el debate por la Ley Bases las inmediaciones del Congreso de la Nación se fueron colmando tanto de grandes columnas organizadas como de pequeños grupos e individuos sueltos. La plaza del Congreso, epicentro de infinidad de eventos de protesta en la historia reciente, fue el punto de reunión de centenares de individuos y diversos colectivos sociales ante la inminente sanción de la Ley Bases.
Luego de varias horas, con una amplia circulación de columnas sin inconvenientes, los medios de comunicación masivos comenzaron a mostrar episodios violentos que sirvieron para justificar un despliegue de represión y la detención de 33 ciudadanos que se encontraban en la zona manifestándose, trabajando en la venta ambulante o simplemente circulando. Lo que resulta novedoso fue que a estas detenciones arbitrarias le sucedió un pedido de prisión preventiva por parte de un fiscal. Varios días después, la mitad de estos detenidos sigue alojada en penales federales acusada de delitos de gravedad. Quienes fueron liberados continúan procesados.
La violenta represión desplegada por las fuerzas de seguridad estuvo legitimada tanto por el discurso oficial del poder ejecutivo (la “Oficina del Presidente”, intervención de diversos funcionarios (Bullrich, Caputo[MR1] [MR2] [MR3] y el propio presidente y su oficina de comunicación, vía redes sociales), como por amplios sectores de la sociedad civil. Contamos con diversas investigaciones que vienen alertando, desde hace varios años, que la violencia policial dirigida contra determinados sectores de la sociedad encuentra, en ciertas ocasiones, un fuerte apoyo social en el marco de la supuesta “guerra contra la inseguridad”.
Violencias y legitimidades que, vale decir, se recrudecen también en estos días a partir del reverdecer de los discursos punitivistas que ubican a los sectores más vulnerabilizados como focos del accionar violento de las fuerzas de seguridad. Asimismo, se ha señalado que las denuncias de estos hechos, encuentran en las categorías (tanto políticas como académicas) de violencia institucional, hostigamiento policial, causas armadas e, incluso, violaciones a los derechos humanos los canales para su politización y visibilización. Cuando esta operación se logra, las denuncias exponen la sospechas de la participación por acción directa o indirecta de diversos actores e instituciones del Estado.
Pero quisiéramos detenernos en los aspectos novedosos, y que creemos marcan un quiebre, en el marco de la represión acontecida en la Plaza de los dos Congresos el pasado 12 de junio. Esta novedad, creemos, no se reduce a los actores y a los mecanismos de la represión que se activaron sino que se relaciona con los fundamentos a partir de los cuales se llevó a cabo. En este caso la intervención de las fuerzas de seguridad no se limitó a la represión de la protesta tal y como es habitual. Estamos acostumbrados a que en situaciones similares haya gases lacrimógenos, camiones hidrantes, heridas de palos y balas de goma, y corridas que terminan con algunos detenidos que no suelen durar más de unas horas en tal condición.
En cambio, el factor que habilita a esta nueva forma de intervención se fundamenta y está orientada por razones políticas. Los manifestantes ya no son presentados como responsables del delito de obturar la circulación por las calles de la ciudad, tal como lo marca el conocido protocolo antipiquetes de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich. En esta ocasión se ha optado por justificar la represión y la detención de personas atribuyéndoles intenciones terroristas, destituyentes y golpistas.
La asociación con la historia reciente de la Argentina resulta ineludible y logra tocar fibras sensibles en una porción importante de la población. Estamos siendo testigos de escenas aterradoras: familias desesperadas por averiguar dónde y cómo está la persona detenida, la derivación de estas a cárceles comunes (que hasta ese momento se encontraban sin cupos para nuevos ingresos) y la intervención de organismos de DDHH y agrupaciones de la lucha antirrepresiva para generar acciones denunciando las irregularidades en los procedimientos ordenados por el Poder Judicial.
En principio, el efecto buscado de esta forma de criminalización de la protesta no pareciera reducirse a la desmovilización de la sociedad, sino también al disciplinamiento de las organizaciones políticas y sociales que las impulsan. Los antecedentes inmediatos de este intento pueden encontrarse en la represión de la protesta docente que en mayo último se desplegó en la provincia de Salta y las causas iniciadas a referentes de organizaciones sociales respecto de participaciones en manifestaciones públicas así como de su desempeño en el manejo de fondos públicos vinculados a programa sociales durante la gestión anterior. Lo violento de lo ocurrido desde el 12 de junio, como en tantas otras ocasiones, excede largamente a la institución policial y, aunque se sostiene en su accionar directo, expone la necesaria intervención por acción u omisión de, sobre todo, actores del Poder Judicial, pero también del Servicio Penitenciario y el Poder Político.
Al momento de escribir este texto tres estudiantes de UNSAM. Camila Juarez Oliva y Sasha Lyardet se encuentran detenidas en el Complejo Penitenciario Federal N°1 Ezeiza. Por su parte, Nicolas Mayorga se encuentra detenido en el Complejo Penitenciario Federal II Marcos Paz. Y, más allá de lo cercano que estas detenciones tienen para nuestra universidad, es menester exigir el respeto del estado de derecho para todxs los involucrados en este episodio: tanto para quienes se encuentran aún detenidos como para quienes han sido liberados. Aquellos que son estudiantes, como aquellos que se dedican a la venta ambulante. Quienes se dedican a la música como quienes realizan tareas de cuidado. Vale recordar que la vida, el tiempo, el estatus jurídico, la libertad de todas las personas debería valer lo mismo. En un contexto que nos obliga a exigir contratos sociales básicos, exigimos que se respete el debido proceso y se garantice la presunción de inocencia de las personas detenidas, cuestiones inherentes al estado de derecho propio de la democracia.
No debemos perder de vista que la persecución es de carácter político por lo que poco importa la actividad laboral, profesional o académica de las personas detenidas. No se trata aquí de demostrar su “honestidad”. Se los ha encarcelado, no por haber cometido delitos contra la propiedad privada, sino por ejercer el derecho a manifestarse. Ni unos casos ni los otros, vale aclarar, habilitan a que sean avasalladas las garantías constitucionales ni a la instalación de un estado de excepción. No hubo golpistas ni terroristas en los alrededores del Congreso. Hubo personas comprometidas expresando su rechazo a la aprobación de una ley afecta derechos que consideran (consideramos) irrenunciables.
Entre ellos, el derecho de toda la ciudadanía de participar en organizaciones políticas, sindicales y/o sociales, de comprometerse con causas colectivas y de expresar libremente su posicionamiento ideológico de manera pública. Ejercer este derecho no nos hace terroristas, expresar el descontento con las medidas de un gobierno no nos hace golpista, rechazar y denunciar episodios como los que aquí señalamos no es otra cosa que defender la democracia que tanto nos ha costado conseguir.
[MR1]Caputo; “Kirchnerismo=violentos y antidemocráticos”
[MR2]Bullrich “rompieron la plaza, hirieron la democracia: a la cárcel” [MR3]Oficina: “…excelente accionar reprimiendo a los grupos terroristas que con palos, piedras e incluso granadas, intentaron perpetrar un golpe de Estado…”
