El camarista federal Mariano Llorens rechazó la recusación de Cristina Fernández de Kirchner, en la causa conocida como “Ruta del Dinero” (que al final no era K), en un incidente que es clave para el sobreseimiento definitivo –o no- de la vicepresidenta.
Los abogados de Cristina Kirchner recusaron a Llorens en un incidente en el que una asociación civil vinculada con la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, se presentó como “pretensa querellante”. Tiempo dio cuenta de esa situación en su edición del 11 de junio pasado.
El expediente en cuestión es la investigación que tuvo a su cargo el juez federal Sebastián Casanello, con intervención del fiscal Guillermo Marijuán, sobre el lavado de dinero atribuido al empresario Lázaro Báez y a otra veintena de personas. En las últimas horas la Cámara de Casación confirmó la condena contra Báez a diez años de cárcel, y de paso consolidó que el dinero que se le atribuye haber lavado no provenía de corrupción en la obra pública de Santa Cruz sino de la evasión tributaria. Esa teoría deja virtualmente huérfana la condena contra Cristina Kirchner en la Causa Vialidad.
El fiscal Marijuán impulsó el sobreseimiento de Cristina Kirchner en la “Ruta del Dinero” y como las querellas –la AFIP y la UIF- coincidieron con ese criterio, el expediente se quedó sin acusación y el juez Casanello sobreseyó a la vicepresidenta del delito de “lavado” por el cual había sido investigada durante casi ocho años.
Emergencia acusatoria
Allí apareció la asociación Bases Republicanas, cuya presidenta (en uso de licencia) es la diputada de Juntos por el Cambio y consejera de la Magistratura Jimena De la Torre; su actual titular es Valeria Viola, hija de la ex dirigente de la UCEDE y funcionaria en el gobierno de Carlos Menem, Adelina D’Alessio de Viola.
Entre sus fundadores y directivos aparece Pablo Nocetti, ex mano derecha de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad.
Casanello rechazó a Bases Republicanas como querellante, pero la organización apeló esa decisión y la Cámara Federal debe resolver si la acepta, lo que es decisivo para una eventual reapertura de la causa o una confirmación definitiva del sobreseimiento de Cristina Kirchner.
La defensa de la vicepresidenta recusó al camarista Llorens porque ya fue apartado en un expediente vinculado con el actual: una investigación por presunto encubrimiento al empresario Lázaro Báez.
La Cámara Federal de Casación resolvió recientemente apartar al juez Alejandro Slokar de la causa en la que el ex presidente Mauricio Macri estuvo procesado por espionaje a familiares de víctimas del ARA San Juan, justamente porque había sido apartado en otro expediente extrañamente considerado conexo: la investigación sobre las actividades ilegales del falso abogado Marcelo D’Alessio.
Esta situación es análoga; sin embargo Llorens consideró que la recusación debe ser rechazada.
“De la lectura de la recusación planteada por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner se advierten dos argumentos centrales: que corresponde mi apartamiento sobre la base de que en el mismo sentido se ha decidido en la causa nro. 3215/2015 y ello conllevaría que esa ‘pérdida de imparcialidad’ se proyecte hacia los procesos vinculados”, enunció Llorens.
La segunda causal de recusación, citó, son “las decisiones jurisdiccionales que oportunamente tomara en el marco de estas actuaciones, así como en otros procesos” contra la vicepresidenta, los que –según la presentación de los abogados Alberto Beraldi y Ary Llernovoy- “denotaban que la garantía ya señalada también se ha visto vulnerada”.
Llorens refutó ambos argumentos: sobre la primera de las cuestiones, sostuvo que la Cámara Federal ya lo había ratificado en este nuevo expediente y, sobre la segunda, replicó: “la parte persigue la utilización de la herramienta como forma de expresión de su disconformidad con lo que decidí en el marco de mi actividad jurisdiccional, extremo que no puede devenir en causal de recusación”.
“Considero que en materia de recusaciones el criterio debe ser restrictivo ya que se debe sopesar entre la garantía de imparcialidad y la del juez natural, de forma que el instituto bajo análisis no sirva como forma de sortear a los jueces llamados a decidir”.
“Debido a lo manifestado –añadió- y frente a que lo expresado por los recusantes no se ajusta a ninguna de las causales (de recusación), concluyo que lo requerido debe ser rechazado”.
El voto de Llorens es clave: si acepta a la asociación vinculada con Juntos por el Cambio abriría la posibilidad de una apelación en solitario contra el sobreseimiento de la vicepresidenta.
El mismo mecanismo fue utilizado por la Cámara Federal de Casación Penal para reabrir la denuncia del difunto fiscal Alberto Nisman por encubrimiento del atentado contra la AMIA, que había sido desestimada en tres oportunidades. La reapertura significó que el difunto juez Claudio Bonadio procesara a ex funcionarios kirchneristas que ni siquiera habían sido acusados por Nisman.
Finamente, un tribunal oral volteó la causa y ahora, nuevamente, debe revisarla la Cámara de Casación.
