El juicio por el asesinato de Rafael Nahuel, ocurrido hace casi seis años, empezó a desentrañar cómo actúa la maquinaria represiva en sintonía con la construcción cultural que se fabrica sobre determinados colectivos sociales. El de los mapuches es quizás uno de los más paradigmáticos. Y en este caso quedó expuesto por el jefe de los Albatros que admitió ante el Tribunal que actuó influenciado por lo que publicó Clarín.
El Prefecto Mayor de Prefectura Naval Julio César Mostafá declaró como testigo en la quinta jornada del juicio que comanda el Tribunal Oral Federal (TOF) de General Roca por el asesinato de Rafael Nahuel, ocurrido el 25 de noviembre de 2017 en Villa Mascardi, Bariloche, por el que están acusados cinco integrantes de los Albatros de la Prefectura Naval Argentina.
Sergio Cavia se encuentra procesado por «homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa«, y los otros cuatro –Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García– están señalados como «partícipes necesarios» de ese delito.
En aquella oportunidad Mostafá tuvo a su cargo el grupo de algo más de 40 miembros de la Agrupación Albatros que viajaron desde la localidad de San Fernando, provincia de Buenos Aires, hasta Bariloche, con la orden de apoyar a la Policía Federal en el desalojo del predio ubicado en Villa Mascardi, en épocas de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad de la Nación, con el antecedente de Santiago Maldonado.
El 23 de noviembre de 2017, ya habiendo finalizado el accionar, el grupo estaba dispuesto para regresar a Buenos Aires, pero una contraorden obligó a Mostafá a designar un equipo de 20 personas para que permanezca en el sur para «custodiar» el territorio reclamado por la comunidad Lafken Winkul Mapu.
Consultado por el abogado que representa a la querella de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Bariloche, Sebastián Feudal, sobre con qué información previa contaban en relación al grupo que debían desalojar, Mostafá aseguró que se trataba de «mapuches» según supo «a través de los medios de comunicación», e hizo foco en Clarín.
A continuación, el diálogo:
-¿Conoce algunas características de las comunidades mapuches?
-Sólo lo que se había visto en los medios de comunicación. Lo que había pasado en Chile. Sabíamos que (el desalojo) era en Bariloche, en apoyo a la Policía Federal y que iba a haber algún tipo de agresión. Sabía que (en Chile) había habido quemas de viviendas, ese tipo de cosas, bloqueo de rutas, lo que salió en los medios de comunicación.
-¿Qué vio o escuchó de cómo fue ocupado el predio?
-Vi por los medios que habían ocupado unos días antes, en Clarín. Y, después, cuando recibí la orden, me acordé lo que había visto.
-¿Qué sabe usted de la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche)?
-Lo que leí en los medios, bloqueo de rutas en Chile, quemado de algunas fincas.
-¿Por qué asoció esa palabra con el operativo?
-Es imposible no asociarlo, hablaban (los medios) de ramificaciones de la RAM en nuestro país, lo relacionaban con (Facundo) Jones Huala de la comunidad mapuche, imposible no relacionarlo..
-¿Tomó esa determinación (de realizar el operativo) en base a los medios?
-Si se quiere, sí.
El oficial de prefectura declaró por Zoom vestido con su uniforme. Frente al interrogatorio de las querellas -que también integran los abogados que representan a la familia de Nahuel y a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación-, el abogado defensor de tres de los Albatros, Marcelo Hugo Rocchetti, intentó modificar el rumbo de las preguntas.
El presidente del tribunal autorizó las consultas interpretando que era necesario «contextualizar» el operativo que terminó con el asesinato del joven mapuche.
Bajo esa influencia mediática, el segundo jefe a nivel nacional de los Albatros en ese momento decidió el equipo y armamento que permanecería en Villa Mascardi, el cual protagonizó el operativo del 25 de noviembre.
Consultado por Télam, el abogado de la APDH consideró que «es un prejuicio muy claro» por parte del uniformado, que demuestra «que se actuó en base a consideraciones que no figuraban en la orden judicial».
Planteó que Mostafá «dice que la ocupación (del terreno) fue violenta, y eso es falso: al momento de la recuperación territorial no hubo violencia contra las personas ni contra el lugar. La orden de desalojo no hace mención a ningún tipo de violencia».
Contradicciones
Otro de los testigos que declaró durante la audiencia fue Leandro Ruata, el ex jefe de la delegación Bariloche de la Prefectura Naval Argentina al momento de los hechos, que se contradijo en relación a un punto clave de la investigación: señaló inicialmente que al llegar a Villa Mascardi -aproximadamente dos horas después de ser informado sobre el supuesto enfrentamiento- «escuchó disparos que provenían de la montaña».
Pero el abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Mariano Przybylski, le leyó al testigo un fragmento de su declaración durante la instrucción de la causa, en la que aseguró no haber escuchado detonaciones de arma de fuego en el lugar.
«Es cierto, me debo haber equivocado ahora. Lo que escuché eran voces, no detonaciones. Voces o gritos, no sé precisar de quién», admitió el testigo.
A su vez el oficial de la Policía Federal, Felipe Duarte, quien en su condición de francotirador se infiltró en la zona ocupada por la comunidad mapuche dos días antes del desalojo para recabar información, afirmó que no advirtió que los integrantes de la comunidad tuviesen una actitud agresiva.
En la audiencia también declararon otros dos testigos, ambos integrantes de la Prefectura, los suboficiales Diego Sánchez e Ignacio Salinas, que coincidieron en que no escucharon detonaciones de armas de fuego de manera directa ni a través de los equipos de comunicación.
