El documento fue publicado el pasado 3 de junio en la página web de la Casa Blanca. Su título era: “Memorándum para establecer la lucha contra la corrupción como núcleo de la seguridad nacional de Estados Unidos”. Suena lindo; también acariciaba el oído la forma en que los estadounidenses presentaron la invasión a Irak en la década del ’90 para “liberarlo” de Sadam Husein. Esa guerra costó la vida de más de 500.000 civiles iraquíes.
Lo fundamental del documento publicado la semana pasada es que reafirma la vocación del presidente Joe Biden de seguir financiado la red de ONGs que, en el mundo, y en Latinoamérica en particular, son parte del andamiaje central del lawfare que, entre otras cosas, utiliza la máscara de la lucha contra la corrupción para asediar a los gobiernos que Washington considere “peligrosos”.
El mecanismo para canalizar los recursos a esta red de organizaciones es la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo, Usaid, por sus siglas en inglés. Para este año 2021, la Usaid, que se presenta como un organismo para “defender los valores de Estados Unidos” cuenta con un presupuesto de más de 19 mil millones de dólares. Ese fue el monto aprobado en el último presupuesto elaborado por Donald Trump antes de perder las elecciones. Sobre ese monto, por ejemplo, U$S 200 millones se destinan a un programa cuyo pomposo nombre es “transición democrática en Venezuela”.
Sin desconocer la compleja situación venezolana, queda claro de dónde sale el financiamiento para las maniobras que suele desplegar la derecha en ese país caribeño.
En la Argentina hay varias fundaciones ligadas a esta red de financiamiento. Una de ellas es Voces Vitales. Su fundadora fue la extitular de la oficina anticorrupción y denunciadora apasionada contra el peronismo Laura Alonso.
Un recuerdo. Era enero de 2015 y habían pasado pocas horas desde que Alberto Nisman había aparecido muerto en el baño de su departamento. Alonso, que en ese momento era diputada, aseguró ante las cámaras de televisión que el fallecido fiscal le había dicho: “Cristina Kirchner planeó todo”. Se refería a una de las causas más emblemáticas del lawfare en la Argentina, la que supuestamente investigó un plan de encubrimiento detrás del memorándum firmado con Irán en 2013 para que la Justicia argentina pudiera tomar declaración a los acusados por el atentado a la AMIA.
Esa denuncia se encamina a derrumbarse como un castillo de naipes. Sin embargo, durante los años que siguieron a la muerte de fiscal y con el macrismo en el poder, la persecución política llegó al punto de no permitir que el excanciller Héctor Timerman viajara a EE UU para seguir el tratamiento experimental que se realizaba contra el cáncer. Timerman murió sin poder ver la caída de esta injusticia.
Otra fundación ligada a esta red de financiamiento es el Instituto de Estudios Argentinos (Idear). Su presidente es Guillermo Yanco, esposo de otra apasionada fabricante de denuncias, que las últimas semanas se pasó de rosca hasta para sus propios financistas, Patricia Bullrich.
Quizás esto explique la pasión de los dirigentes macristas por armar fundaciones, desde la usina ideológica Pensar hasta el instituto Hannah Arendt de Elisa Carrió. Por supuesto que de esos miles de millones de dólares que los americanos distribuyen, alguna porción cae en organizaciones que trabajan con honestidad intelectual. Las cosas nunca son completamente lineales.
El financiamiento de “la lucha contra la corrupción” es el modo elegante de presentar el lawfare y garantizar recursos para sus protagonistas, como Bullrich y Alonso. Es una forma de hacer política con objetivos autoritarios y, también, una manera de ganarse un gran sueldo en dólares. Seguirán proliferando en la región los políticos alineados con EE UU que todas las mañanas, mientras revuelven el café, se ponen a pensar: “Cómo puedo armarle una causa a….”
El direccionamiento de esta supuesta lucha se ve en las grandes maniobras judiciales y mediáticas que abundan contra los gobiernos de corte nacional-popular, por describirlo en términos argentinos. De odebrecht a la operación cuadernos.
También se utiliza el mecanismo en la disputa geopolítica con China y Rusia, cuya influencia en América Latina es considerada una amenaza a la seguridad nacional por los estadounidenses. Le pasó por partida doble, peronista y socio de empresas chinas, a Gerardo Ferreyra, de Electroingeniería. Estuvo preso durante más de un año mientras gobernaba Mauricio Macri. La detención se produjo porque su nombre estaba en los cuadernos supuestamente escritos por el remisero y literato frustrado Oscar Centeno.
Es difícil pensar que con tantos recursos económicos dispuestos para este objetivo, el lawfare no siga asediando a las democracias de la región.