Recuperar volumen político y conquistar musculatura fueron dos de las metáforas sobre-utilizadas para definir los cambios en el Gabinete nacional luego de la piña de las primarias. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de “volumen político”?
Se afirmó que es un Gabinete pensado para los próximos dos años y no tanto para el 14 de noviembre (fecha de las elecciones generales), como si la administración poselectoral pudiera independizarse del resultado de los comicios que definirán, entre otras cosas, la nueva configuración política del Congreso.
Si analizamos los nombres concretos y el calibre de las medidas que se anunciaron hasta ahora, lo que llaman «volumen político» es —en realidad— un giro a la derecha para recostarse en los factores reales de poder. El expertise que manejan los funcionarios que se integraron al Gobierno tiene que ver más con sus vínculos y perfil conciliatorio con el establishment (nacional o internacional) antes que con alguna solidez basada en su capacidad de representación política.
Dejemos de lado los cambios decorativos para ir al potencial político de tridente ofensivo que marca la fisonomía del nuevo Gabinete: es cierto que Juan Manzur ganó ajustadamente la provincia de Tucumán, pero no fue por su potencial electoral por lo que fue convocado. Por su parte, Julián Domínguez y Aníbal Fernández fueron los padres de la madre de todas las derrotas en la provincia de Buenos Aires en 2015. Algo parecido puede decirse de Martín Insaurralde y el “intendentismo” peronista que le está copando el gobierno a Axel Kicillof desde que decidió colocarlo a la cabeza del Gabinete.
Lo que se valora de Manzur son sus promocionados vínculos con el mundo de los laboratorios y otras corporaciones, el universo eclesiástico y los presuntos contactos internacionales. Julián Domínguez es un hombre de confianza de la patria sojera y al agropower, además de sus conocidas relaciones con los aparatos sindicales, especialmente con los mecánicos de SMATA. Y Aníbal Fernández es un personaje con presunta ascendencia en la corporación de las descompuestas fuerzas de seguridad.
Si evaluamos el carácter de las resoluciones que se tomaron hasta ahora, además de los actos de autocampaña explícita que realiza Manzur cotidianamente (inaugurando un día un jardín de infantes en Avellaneda, al otro día una obra en la zona norte), tenemos tímidas medidas sociales paliativas para una situación catastrófica y significativas resoluciones en favor de los poderes reales.
Una de las primeras señales fue la presentación del proyecto de ley de Fomento al Desarrollo Agroindustrial que implica beneficios impositivos para las patronales del campo. La otra, el acuerdo para la reforma en el régimen laboral de los operarios de la empresa Toyota que consiste esencialmente en modificar la jornada laboral, habilitando a la patronal para que pueda obligar a los obreros a trabajar los sábados a cambio de un franco semanal y una suma fija (pésimo acuerdo para tiempos de inflación). Más allá de las implicancias del acuerdo específico, la propuesta tiene relevancia como símbolo porque apunta en la dirección que reclama todo el empresariado y que se transformó en bandera de la oposición. Los dirigentes de SMATA se proponen avalar y aprobar la propuesta. Casualmente, las dos ramas tienen relaciones íntimas con Julián Domínguez.
La controversia por el ajuste sí o ajuste no se resolvió por la vía de los hechos: la vicepresidenta se desmarcó epistolarmente del mismo, mientras el Gobierno lo sigue aplicando. Un informe de finales de septiembre del Instituto para el Desarrollo Social Argentino dice que “el ajuste más importante se dio porque la inflación provocó una licuación del poder de compra de las jubilaciones y pensiones. En los primeros ocho meses, el gasto previsional aumentó 35% respecto al mismo período del año pasado, cuando la inflación fue del 47% en promedio”. Hacia adelante, el Gobierno estaría destinando medio punto del PBI para una serie de medidas entre las que se mezclan ayudas sociales y subsidios a empresas. En todo caso, nada relevante de acuerdo a la ley de los grandes números que sigue manejando Martín Guzmán que continua al frente del Ministerio de Economía.
El “volumen político” es un repliegue sobre el peronismo tradicional y un intento de mayores concesiones a los poderes fácticos y al establishment. Paradójicamente, una profundización de aquella orientación que condujo al porrazo electoral en las primarias.
El vuelco es congruente con los discursos —para nada inocentes— que se echaron a rodar en la “conversación pública” y que hablan de un supuesto giro a la derecha de la sociedad reclamado en el veredicto de las urnas. En congruencia con esto, mientras la oposición de derecha agita contra el “cepo” al campo, el Gobierno le otorga concesiones; cuando pide a los gritos una reforma laboral, el nuevo oficialismo comienza a avalarla gradualmente en los hechos. En el renovado personal político y en las medidas de Gobierno quiere demostrarle a los que mandan que sabe tocar la música del otro.
La fórmula algebraica del “volumen político” no deja en claro para qué política se aumenta el volumen. Por eso, como recomendaba un periodista de la vieja escuela: hay que creer solo la mitad porque la otra mitad son los hechos.
