Se cumple un año de impunidad sobre el mayor atentado contra la convivencia democrática desde 1983. El intento de magnifemicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue el extremo en un proceso de deterioro del pacto democrático que rigió la vida política argentina desde el final de la última dictadura. Ese acuerdo había comenzado a resquebrajarse desde la llegada de Mauricio Macri a la presidencia, con la instauración de un sistema de persecución política por la vía judicial.
El intento de asesinato contra Cristina es un hecho de una gravedad institucional inusitada. Ha sido tratado por el Poder Judicial como un delito común. Se descartaron todas las líneas de investigación que podían conducir a los instigadores económicos e intelectuales, a pesar de los indicios que se conocieron a través de los medios de comunicación. La jueza María Eugenia Capuchetti centró su tarea en los dos autores materiales. Y en un tiempo récord -menos de un año- concluyó la etapa de instrucción y pidió la elevación a juicio oral, rechazando sistemáticamente los planteos de la defensa.
La impunidad frente al hecho más grave de violencia política desde el fin de la dictadura cívico militar muestra la crítica situación que atraviesa la democracia argentina cuando está cumpliendo 40 años. Son hechos que no se pueden despegar del ascenso de una fuerza de extrema derecha que se propone derribar no sólo el acuerdo democrático sino políticas fundacionales de la Argentina, como la educación pública, los derechos laborales, el acceso universal a la salud. Una fuerza, como la Libertad Avanza, que lleva en sus filas figuras negacionistas, que reivindican el terrorismo de Estado.
El intento de asesinato contra CFK debió haber sido un punto de inflexión en torno a los discursos de odio, de la persecución sin límite de un partido judicial que favorece este clima, y el inicio de una reflexión profunda de toda la política, de toda la sociedad. Hasta ahora lamentablemente eso no sucedió y será sin dudas el desafío del gobierno que resulte electo este año.
La violencia contra Cristina tiene, claramente, un componente de género. Ella misma había escrito sobre la violencia que sufren algunas mujeres que ocupan cargos públicos en su libro Sinceramente. Un párrafo en particular resulta impactante:
“La condición de mujer siempre fue un agravante. Así como en un homicidio la condición de familiar es un agravante, en un proceso nacional, popular y democrático, la condición de mujer es sumamente agravante. Casi tanto como sus ideas. Es un acto de rebeldía que las mujeres accedan a condiciones de poder, cuestionando la forma en que funciona ese poder. Es rebelarse contra lo establecido porque el poder es cosa de hombres. Una mujer puede ser una estrella de cine, eso está permitido. Ahí no importa ser prima donna. No hace daño porque es un lugar que pareciera estar permitido para las mujeres. El problema es cuando querés ser prima donna en el mundo de los hombres, en el mundo del poder y, además, para cambiar las cosas. Ahí te disparan a matar”, escribió la Vicepresidenta.
Se ha naturalizado la violencia contra Cristina. La trataron de matar, pero hacia ella se ejerce violencia hace décadas. Son ataques que no están disociados del proyecto político que ella encarna. No atacan a todas las mujeres de este modo. Atacan a una mujer que representa un proyecto popular, que amplió derechos y encarna un liderazgo basado en un vínculo amoroso con millones de personas. Atacan a Cristina porque atacan las mujeres que están dispuestas a transformar.
En tiempos electorales, inciertos y virulentos, hay que volver a salir a la calle, con nuevos consensos democráticos que revaloricen la palabra pública, la organización y participación popular y sobre todo que repongan a la política como la herramienta de transformación. Esto es también lo que más profundamente estaremos eligiendo el 22 de octubre.
*Ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires
