La decisión parece tomada. El gobierno quiere al juez federal Ariel Lijo afuera de Comodoro Py 2002. Una sumatoria de factores (viejos rencores por una causa que se remonta al menemismo, pecados conocidos y disimulados durante años, una red de fidelidades y conveniencias, la creación de un foco de poder entre los jueces federales y el repentino descubrimiento de «situaciones insostenibles») se conjugan para poner en jaque al juez que metió preso al ex vicepresidente Amado Boudou.
Cuando el gobierno lanzó la ofensiva final sobre Eduardo Freiler, un consejero le advirtió al Ministerio de Justicia que resultaba difícil avanzar sobre el camarista y no hacerlo en simultáneo y por razones similares contra Lijo. «Con Ariel está todo bien», fue la respuesta.
Pues ya no lo está. El gobierno eligió pegarle en el flanco más sensible: su hermano Alfredo, «Freddy». La estrategia parece ser «carpetearlo». Hay dos objetivos, uno cercano: forzar la renuncia antes de que se defina el juicio político del camarista federal Eduardo Freiler, a quien se le atribuye fluida relación con Lijo. Otro, mediato: sacar también a Lijo de la cancha.
El problema de Lijo está en la presidencia de la Nación. El titular del Juzgado Federal No 4 heredó la investigación por el contrato para la renovación de los DNI que el gobierno de Carlos Menem había sostenido con la multinacional alemana Siemens, que reconoció haber pagado cuantiosos sobornos. Algo pasó en esa investigación. Los argumentos de las defensas no fueron suficientemente convincentes y Lijo desparramó procesamientos por doquier.
Una de las patas de aquel contrato era el Correo Argentino, en manos de la familia Macri. Otra, la firma Itrón, del mismo grupo empresario. Todo rastro de Macri fue sacado del expediente por la Cámara Federal, que corrigió los procesamientos de Lijo. Pero quedaron rencores que hoy reaparecen en escena.
Además, mientras el abogado Javier Fernández detentaba influencias durante el kirchnerismo, Lijo abrevó de esas aguas. Ganó espacio cuando Fernández cayó en desgracia y ahora, que los espacios se reacomodan, es tiempo de pase de facturas.
¿Hermano fiel?
El hermano del juez fue llamado como testigo por el Consejo de la Magistratura en un expediente que es una suerte de Plan B contra el camarista Freiler, una causa que cocina a fuego lento por si fracasa la intentona de expulsarlo mediante el jury que está en marcha. Horas después de esa convocatoria Lijo dispuso la detención de Amado Boudou. ¿Hay relación entre un hecho y el otro?
Pese a que la detención de Boudou es cuestionada desde todos los rincones, la Cámara Federal se encamina a convalidarla. Lijo tiene capacidad de sobra para capear temporales, y sabe que ningún juez ni fiscal de primera instancia, ni ninguna de las dos salas de la Cámara, lo dejarán huérfano ante una embestida política.
Pero si esa embestida política le apunta a su hermano, entonces la situación puede tensarse hasta un punto de no retorno. Ariel Lijo fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por presuntas demoras en la tramitación de causas por el Colegio de Abogados de la calle Montevideo (el ala más conservadora de la abogacía porteña) y por la agrupación Será Justicia, que encabeza el abogado Guillermo Lipera, de fluida llegada al gobierno. ¿Las demoras obedecen a cuestiones de trámite o a la intervención, como «operador», del hermano del juez en expedientes sensibles? Sobre la base de esa pregunta el Consejo de la Magistratura prevé profundizar sobre quién es Freddy Lijo.
La denuncia sobre la existencia de una supuesta cuenta en Suiza por 1,7 millones de dólares en el marco de un expediente de divorcio controversial y la forma en que se difundió y amplificó en la prensa es, técnicamente, un «carpetazo». La declaración al diario La Nación, en la que afirmó que «la mayoría de los abogados cobra sus honorarios en negro» llevará a Freddy Lijo ante el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados.
Alfredo Lijo se matriculó como abogado en la Capital Federal a fines de 2010, pero hasta hoy nunca pagó un bono de los que son necesarios para intervenir en una causa. Es decir, no litigó en Capital. Si recibió honorarios en negro, fue en otro distrito. Y, siendo hermano de un juez, le cabe el rol de «persona interpuesta» en una eventual acusación por «enriquecimiento ilícito» en una causa penal que, por ahora (sólo por ahora), no existe. «
