La posibilidades de acuerdo entre los docentes y el gobierno de María Eugenia Vidal parecen estar cada día más lejos. La Dirección General de Cultura y Educación redactó una resolución que obliga a las escuelas bonaerenses que pararon a recuperar esos días de clases perdidos en la primera semana de vacaciones de invierno y, si es necesario, a extender el ciclo lectivo en diciembre. La medida generó malestar y rechazo entre los gremios.

La normativa firmada por el director general de Cultura y Educación, Alejandro Finocchiaro, establece que «aquellas instituciones que permanecieron sin actividad educativa durante más de cinco días hábiles continuos o discontinuos, a partir del inicio del ciclo lectivo, deberán elaborar un plan de continuidad pedagógica en el período comprendido entre el 17 y 21 de julio». Esto es: en la primera semana del receso invernal. 

El texto especifica que aquellas escuelas que no alcancen a completar los 180 días de clases corridos, deberán recuperar los días perdidos también al final del ciclo escolar, en diciembre. Fuentes oficiales explicaron a Tiempo que el objetivo es que recuperen igual cantidad de días perdidos en esa primera semana de vacaciones. «Si pararon más de cinco días y no les alcanza, deberán dar clases también en las jornadas de capacitación docente. Con esto podrán completar hasta diez días. Y si aún les faltara recuperar días, deberán apelar a la extensión del calendario en diciembre», aclararon.

La resolución, que había sido anticipada por Finocchiaro apenas arrancaron los paros pero recién ahora se concreta, fue puesta hoy a consideración del Consejo General de Educación que la rechazó por 5 votos a 2. Ese organismo está conformado por diez consejeros: dos pertenecen a Cambiemos, dos a la FEB, dos al SUTEBA y el resto a la oposición (dos al Frente Renovador, 1 al GEN y 1 al FpV). Sin embargo, la decisión del Consejo no es vinculante por lo que el gobierno podría de todos modos seguir adelante con la polémica medida. Sin embargo, todavía no decidió qué hará.

El SUTEBA fue el primero en salir a rechazar la resolución y denunció que el gobierno busca correr el eje de la discusión, como ya lo hizo con otros temas. “El Gobierno está decidido a cambiar de tema para desviar el verdadero debate que es la resolución del conflicto salarial y de las condiciones laborales», advirtió la secretaria gremial de ese sindicato, María Laura Torre. 

La discusión paritaria en la provincia está frenada desde el 2 de mayo, día en que se realizó la última reunión de comisión técnica salarial. En esa oportunidad, el gobierno ofertó un aumento del 20% en dos cuotas con cláusula gatillo, más un plus de 1500 pesos en negro como compensación por la pérdida salarial de 2016.