La gobernadora María Eugenia Vidal prorrogó por un año la intervención del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) que había dispuesto por tres meses en octubre del año pasado. Por decreto del Ministerio de Justicia ratificó hasta abril de 2018 en el cargo a Juan José Baric, quien asumió el cargo por tres meses para «transparentar» la fuerza, en el marco de la intervención que incluyó el desplazamiento de la antigua cúpula para nombrar otra nueva. Eso último no pasó.

El decreto 296E con fecha del 24 de junio publicado este miércoles en el Boletín Oficial, extendió por un año el interinato de Baric a partir del 25 de abril de 2017, fecha en que venció la prórroga de 90 días dispuesta en enero, cuando vencieron los tres meses por los que había sido decretada la intervención.

En octubre de 2016 Vidal desplazó al jefe del SPB Fernando Díaz y a 132 oficiales superiores por presuntas irregularidades en su desempeño. Con la intervención llegó Baric, quien hasta ese momento se había desempeñado como subsecretario de Política Penitenciaria bonaerense.

La salida de Díaz fue anunciada por la gobernadora en conferencia de prensa junto a los principales puntos de la reforma planeaban llevar adelante en el Servicio que, según anunció Vidal entonces, implicaba evaluación del personal, auditorías permanentes y el envío de un proyecto de ley para reformar el Estatuto que está vigente desde 1980.

La gobernadora no explicó los motivos para tomar esa decisión. Sólo dijo que el jefe saliente era parte de la primera etapa. Díaz había sido designado por Vidal el 29 de diciembre de 2016, luego de la fuga de los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Cristian Schillacci de la cárcel de General Alvear, cuando el organismo estaba acéfalo.

El funcionario ya había ocupado ese cargo durante la gestión de Felipe Solá y en su gestión ocurrió la trágica “Masacre de Magdalena” en la que, a causa del accionar de los penitenciarios, murieron 33 presos. Siempre estuvo cuestionado por los organismos de Derechos Humanos y cuando aún estaba en el cargo sumó una acusación por «administración fraudulenta» por irregularidades con la provisión de alimentos de un penal bonaerense.

“Esta no es un desplazamiento de cúpula, es mucho más profundo. No creemos en las purgas, no resuelven los problemas”, dijo la gobernadora al anunciar la intervención que, según detallaron entonces, tendría dos ejes: cambios en la estructura del organismo y un nuevo escalafón, más un programa de reinserción de los internos.

Pero las primeras acciones de la intervención fueron revisar la planta de personal. La semana pasada, trabajadores de la salud del SPB -médicos, enfermeros, odontólogos, entre otros, de unas 17 Unidades- se concentraron frente a la gobernación para reclamar por el cese de los traslados masivos y arbitrarios y en contra de la realización de sumarios administrativos generalizados.