Con una resolución publicada el miércoles, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires autorizó un nuevo aumento de las tarifas eléctricas con un argumento que ya le había traído problemas al gobierno nacional con el precio del gas: el Organismo de Control de la Energía Eléctrica de Buenos Aires habilita a las compañías a incluir desde febrero en las facturas el concepto «Incremento de Costos Tarifarios», creado por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos como mecanismo para que las distribuidoras puedan recuperar las diferencias por costos mayoristas y de distribución. Es decir que los usuarios deberán cubrir las diferencias de precio surgidos por la fuerte devaluación que sufrió el peso en 2018.
Cuando el gobierno de Macri quiso aplicar una compensación a las petroleras, en 24 cuotas, debió ir para atrás con la medida, aunque el Estado será el que les pague a las empresas esa diferencia, sin alterar las ganancias en dólares de dichas firmas.
Por lo pronto, fue la Defensoría del Pueblo bonaerense la primera en rechazar la medida. «Es otra muestra más de que el gobierno les da la espalda a los bonaerenses a favor de las ganancias de las compañías. No descartamos ir a la Justicia si no se da marcha atrás con esta decisión que perjudica a los usuarios, acorralados por la seguidilla de aumentos, y que afecta por sobre todas las cosas a los que menos tienen», sostuvo el defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.
«Este recargo hará que el aumento pautado del 36% en promedio para todas las categorías pase a un 55 por ciento. Es una medida que impacta de manera directa en la facturación de todos los usuarios, incluyendo las pymes, beneficiarios de tarifa social y las entidades de bien público», puntualizó Lorenzino. «
