El gobierno de María Eugenia Vidal analiza por estas horas el impacto del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que habilitó el aumento en las tarifas de la luz para Edenor y Edesur, y que habilitaría también a cobrar un 55% más a los usuarios que viven en La Plata y el interior de la provincia. 

El Ministerio de Infraestructura junto al Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) analizan el impacto que tiene el fallo firmado por el máximo tribunal -pese a que resuelve sobre los usuarios de Edenor y Edesur- sobre las distribuidoras que están bajo la órbita provincial y que hasta ahora habían podido aplicar sólo una suba parcial en las boletas. Las primeras interpretaciones indican que la resolución de la Corte los habilitaría a cobrar la «tarifa plena», confiaron fuentes del Ejecutivo a Tiempo. 

En concreto, como la resolución de la Corte puso en vigencia otra vez las resoluciones Nº 6 y 7 del Ministerio de Energía que disponían el nuevo precio de la energía a nivel mayorista, el gobierno provincial ya podría aplicar la resolución 22/16 firmada en febrero por el ministro de Infraestructura, Edgardo Cenzón, que tomaba esos valores como referencia. La disposición provincial autorizaba un aumento promedio de hasta 140% para los bonaerenses que no viven en el Conurbano.

Los sucesivos frenos judiciales al tarifazo nacional y provincial hicieron que el gobierno de Vidal sólo pudiera habilitar a cobrar el 65% del aumento original a las empresas Edelap (La Plata), EDEN (norte), EDES (sur), EDEA (Costa atlántica) y a unas 2 mil cooperativas que operan en el resto de la provincia.

La tarifa que el usuario paga está conformada por dos componentes: el precio mayorista de la energía, que es fijado a nivel nacional, y el valor agregado de distribución (VAD), que es fijado por la Provincia. Luego a la tarifa se le agregan los impuestos y tasas de cada jurisdicción. Hasta ahora sólo se pagaba el segundo concepto.

El fallo conocido hoy permitiría a las distribuidoras llevar el aumento al 140% final que había autorizado la provincia. La gran pregunta es si el gobierno autorizará el cobro retroactivo del tarifazo y cómo afectará el bolsillo de los bonaerenses.