“Analizar las conexiones entre los procesos represivos y los intentos de transformación de las relaciones sociales y de las formas de organización de la sociedad es fundamental para comprender la etapa dictatorial”, explica Victoria Basualdo, investigadora del Conicet y Flacso, y coordinadora de la Unidad Especial de Investigación de Delitos de Lesa Humanidad cometidos con motivación económica de la Secretaría de Derechos Humanos. Esa es una de las razones de la publicación titulada Responsabilidad empresarial en las violaciones de derechos humanos en Argentina, que el 30 de junio presentó el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, junto con los integrantes de la Unidad Especial en el Espacio Memoria Ex Esma, en el marco de un taller del que participó el diputado nacional y secretario general de la CTA de los trabajadores, Hugo Yasky, entre otros integrantes del sindicalismo, de la investigación social y referentes de Derechos Humanos.
La publicación busca instalar el interés a través de una publicación accesible, explicaron en la presentación realizada en el Archivo de la Memoria. El trabajo sintetiza las más de mil páginas del informe sobre 25 casos “Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad”, que la Secretaría y el Programa Verdad y Justicia realizaron entre 2014 y 2015 junto con el Cels y Flacso.
“Abordar estos temas no implica solo una mirada sobre el pasado, sino un interrogante sobre empresas que en el presente guardan silencio con respecto a hechos y procesos gravísimos”, explica a Tiempo Basualdo sobre el material elaborado por la Unidad Especial que fue reactivada luego de su cierre durante el macrismo.
–¿Cuál es el objetivo de la publicación?
–Esta publicación tiene el objetivo central de acercar las grandes líneas de este tema a un público amplio, lo que es un enorme desafío porque toca muchos procesos complejos, difíciles de sintetizar en pocas páginas. Teniendo como antecedentes una gran cantidad de publicaciones extensas y que hay una gran cantidad de juicios y procesos en marcha en todo el país, surgió la necesidad de armar una publicación sintética que permitiera acercar algo de todo este proceso en movimiento a los distintos actores y territorios. Intentamos así contribuir a acercar a distintos sectores, vinculados con ámbitos educativos, laborales, de Derechos Humanos, algunas de las principales evidencias y hallazgos sobre responsabilidad empresarial, a manera de una puerta que se abre para seguir leyendo y explorando.
–¿Entonces, la publicación es una propuesta para conocer el tema?
–Uno de los ejes más importantes de la publicación es la invitación a pensar la última dictadura y los procesos dictatoriales en sentido más amplio, en forma más articulada e interdisciplinaria, teniendo en cuenta no solo dimensiones políticas, que son centrales, sino también sus conexiones con las transformaciones económicas, laborales y sociales operadas en esos períodos.
–¿Surge así la pregunta por el papel de sectores empresarios?
–Justamente, la pregunta por el papel que tuvieron algunos sectores del poder empresarial en la dictadura contribuye a visibilizar aspectos que muchas veces se subestiman, como la importancia de la alianza y articulación entre sectores militares y empresariales, y la común preocupación por los niveles de organización obrera y sindical, y por la capacidad de la clase trabajadora de conquistar derechos y defenderlos, y de plantearse caminos de transformación del orden existente. Entonces, analizar las conexiones entre los procesos represivos y los intentos de transformación de las relaciones sociales y de las formas de organización de la sociedad es fundamental para comprender la etapa dictatorial, no solo aquí sino en muchos otros casos de la región.
–Una de las dificultades con respecto a la responsabilidad empresarial en crímenes de lesa humanidad es avanzar en el juzgamiento…
–Los obstáculos para avanzar en el juzgamiento en el marco del Poder Judicial están a la vista y se traducen no solo en lecturas muy restrictivas de la evidencia y una negativa a introducir elementos y dimensiones que son claramente indispensables, como en demoras interminables que garantizan la “impunidad biológica”, y una dinámica judicial de enorme desaliento para las víctimas, que cargan con un enorme peso a cada paso para intentar hacer avanzar procesos que se traban en cada instancia. Definitivamente, hay una relación estrecha entre una cuestión y la otra. Abordar estos temas no implica solo una mirada sobre el pasado, sino un interrogante sobre empresas que en el presente no se hacen cargo de esta historia y guardan silencio con respecto a hechos y procesos gravísimos.
–La responsabilidad empresarial parece quedar siempre en un cono de sombra en la narrativa sobre la dictadura.
–Sí, aunque se han logrado importantes avances, cuesta terminar de introducir este eje en muchas de las narrativas de la historia reciente. Pueden pensarse muchas razones para esto: por un lado, por la tendencia a priorizar las lecturas políticas y a desplazar dimensiones clave como la relación capital trabajo, y al mismo tiempo por las trabas que ocasiona poner el foco en sectores de enorme poder e influencia que claramente desalientan estas investigaciones y su difusión. También puede influir el hecho de que la historia tanto de la represión como de los intentos de resistencia, lucha y disputa de las comunidades obreras y del movimiento sindical ha quedado muy silenciada en una gran cantidad de casos. Así como no siempre ha sido fácil dar testimonio sobre estos procesos, la preservación de fuentes y documentos tampoco ha resultado sencilla, y en muchos períodos los marcos políticos han desalentado los avances colectivos en procesos de memoria. Sin embargo, muchas de estas cuestiones han sido enfrentadas, y se han multiplicado las organizaciones sindicales que se comprometen crecientemente con el tema, y que incluso han logrado nuclearse en organizaciones como la Intersindical de Derechos Humanos que atraviesa todas las corrientes sindicales y se propone lograr un espacio convocante común para el trabajo en los juicios y el proceso de justicia.
–En la publicación se recupera la causa Ford, ¿cuánto falta?
–La causa Ford es realmente fundamental y ha proyectado el proceso argentino a nivel internacional. Pero hay en la actualidad una gran cantidad de causas vinculadas con responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad que, con determinados recortes, se estiman en cerca de 30 a lo largo y a lo ancho del país. Es mucho lo que falta y hay una enorme preocupación por los diversos obstáculos y los plazos judiciales, que no permiten avanzar con el ritmo necesario. En un contexto en que algunos sectores intentan avanzar en posturas negacionistas, resulta clave encontrar modos de avanzar de inmediato en este eje, que es clave para lograr la reparación imprescindible y la justicia. «
