Luego del violento desalojo del jueves ejecutado por la Policía de la Ciudad, vecinas expulsadas de la zona conocida como La Containera, en la Villa 31, así como representantes de organizaciones sociales, barriales, de derechos humanos y de partidos políticos, ratificaron en una conferencia de prensa a escasos metros del predio vallado su voluntad de pedir “una solución habitacional definitiva” al Gobierno porteño y a su vez objetar la decisión judicial que dio luz verde para llevar a cabo la medida.
De esta manera, Mónica Zárate, vecina que forma parte del Movimiento Popular La Dignidad-Casa Las Brujas, señaló a Tiempo: “Queremos contarle a (el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez) Larreta que todavía seguimos de pie. A pesar de que derrumbaron la casa de estas mujeres, seguimos de pie y vamos a seguir luchando. Soy del barrio, vivo enfrente de la toma, soy una de las que coordinó con las mujeres para seguir apoyando, todos los días, desde el primer día”.
Zárate recordó que, en junio, un grupo de mujeres, cansadas de la violencia de género, expulsadas por alquileres que ya no podían pagar, y por las decisiones de quienes las obligaban, en el barrio, a alquilar una pieza a condición de que no llevaran con ellas a sus hijos, se animaron a tomar el predio, que llevaba años convertido en un basural. Por eso, ellas decidieron llamarse La fuerza de las mujeres. Una fuerza que crece, a pesar del desalojo y de la violencia instiucional que, asegura Zárate, padecieron este jueves.
“Ahora hay ocho compañeras en paradores, con sus hijos. Después, todas las que quedaron en el barrio nos repartimos en comedores, compañeras que están con otras compañeras, y vecinas que las llevaron de una o de a dos”, confió a este medio.
“Vamos a hacer todo lo que se pueda. Y estamos pidiendo ayuda a todas las personas que se solidaricen con nosotros, para seguir ayudando a estas mujeres, para que al menos consigan una vivienda digna. Pueden ayudar difundiendo lo que está pasando en este barrio, que la urbanización que supuestamente hace Larreta no es integrada con el vecino. No se le pregunta al vecino, no se le cuenta qué se está haciendo. Y lo otro es que hoy en día nosotras sí vamos a salir con mucha más fuerza, porque hay muchas más mujeres que están fuera de sus casas, porque ya no quieren violencia”, marcó Mónica.
Walter Córdoba, referente de Somos Barrio de Pie CABA y secretario de Bienestar Social de la UTEP, señaló a Tiempo: “El Gobierno de Larreta es responsable del perjuicio, el trauma que les generó a estas familias, porque fue un impacto muy fuerte que tuvieron las familias que hoy están sin un techo, sin un hogar, en paradores, en refugios, parando en comedores, en merenderos, en centros comunitarios y en casas de vecinos y familiares del barrio”.
“En concreto, lo que vamos a continuar es pidiendo una solución habitacional definitiva, que las familias tengan un lugar donde vivir, puedan alquilar, puedan ser dueñas de una vivienda. Eso es lo que estamos buscando, y lo que nos mueve con un conjunto de organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, partidos políticos y referentes barriales. Vamos a seguir impulsando esta lucha”, ratificó.
El reclamo de índole judicial también es un camino iniciado. “Hemos hecho algunas presentaciones judiciales para ver cómo continuamos, porque creemos que hubo irregularidades, donde no se notificó debidamente a las familias del desalojo, y eso es lo que conlleva a pensar que fue una maniobra político electoral del gobierno de Larreta, con la justicia cómplice, con la Fiscalía Nº 11”, marcó Córdoba.
Dónde está la integración
Respecto a la integración presuntamente impulsada por el Gobierno porteño en la Villa 31, a Mónica le basta definirla con la imagen actual de La Containera. “Vallaron el predio, le pusieron un tejido. Encima ponen, alrededor, (una faja que dice) ‘Integración’. No sé qué clase de integración es, cuando están sacando 120 familias, 175 chicos, de sus casas”.
En este sentido, por medio de un comunicado, el Centro de Estudios Legales y Sociales, coincidió con estas vecinas: “El operativo de ayer, que puso en riesgo a mujeres y niñes, y violó todo protocolo sobre desalojos, no es apenas una mancha en un proceso por lo demás virtuoso. La urbanización de la Villa 31, presentada como un modelo de política habitacional inclusiva, tiene muchos problemas en su ejecución, y sus resultados están lejos de haber resuelto los problemas de les vecines. Se trata, en general, de un proceso muy poco participativo, y quienes se mudaron a los complejos nuevos denuncian la pésima calidad de las viviendas construidas”.
“El proyecto de urbanización debía ofrecer una solución a les vecines dentro del polígono del barrio. Muchas familias fueron relocalizadas de forma intempestiva y la mayoría de las relocalizaciones, como las de La Containera, se hicieron con escasa participación de les vecines. Se convocó a talleres donde apenas podían opinar sobre el color de las chapas”, señaló.
