Acierta la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando supone que el Poder Judicial está cerrando un cerco sobre ella que apunta a ponerla presa. La ex mandataria creyó que el momento había llegado el jueves pasado, cuando el juez federal Claudio Bonadio ordenó una batería de allanamientos a propiedades directa o indirectamente vinculadas con ella en la provincia de Santa Cruz. Las características de esos procedimientos, el grado de violencia en algún caso- e invasión de la privacidad alentaron la sospecha de que ese sería el día. No fue así.
En torno a la ex presidenta persiste todavía la idea de una orden de detención en el contexto del Bicentenario de la Independencia.
Algo se está cociendo en tribunales. El mismo día de los allanamientos, la Sala Segunda de la Cámara Federal confirmó los procesamientos contra Lázaro Báez y otros acusados por lavado de activos y ordenó avanzar sobre CFK. El camarista Eduardo Farah iba por más. En algún momento existió la posibilidad de que en esa misma resolución de 24 páginas se ordenara la declaración indagatoria de la ex jefa del Estado. Finalmente, el fallo no incluyó esa orden directa al juez Sebastián Casanello, pero los términos que se desprenden de su lectura indican quiénes, cómo y, también, cuándo, deberán llegar hasta la viuda de Néstor Kirchner.
Farah es juez titular de la Sala Segunda de la Cámara -rodeada históricamente de un halo de prestigio-, y lo era en carácter de subrogante en la Sala Primera, siempre sujeta a habladurías nunca fundadas, desde los tiempos del menemismo hasta hoy. En el anterior gobierno, sectores judiciales vinculados con la entonces oposición la llamaban «la Sala K». Acaso olvidando que fue esa sala, junto con Casanello y el fiscal Jorge Di Lello, la que le abrió la puerta de salida definitiva a Mauricio Macri en la causa en la que estuvo procesado por las escuchas ilegales cuando era jefe de gobierno. Y la que puso a Amado Boudou en la puerta del juicio oral por la «Causa Ciccone».
Farah renunció el miércoles pasado a la subrogancia en la Sala Uno por «razones personales». Despegarse (de una situación de tirantez creciente) es una razón lo suficientemente personal para una decisión de esa naturaleza.
El fallo que ordena ir por CFK hasta precisa el delito por el que hay que investigarla: asociación ilícita. «La posibilidad de un acuerdo de voluntades, con permanencia en el tiempo y división de roles, fue hace tiempo introducida en la causa como hipótesis, sin que se la haya profundizado debidamente», sostuvieron los camaristas Farah y Martín Irurzun. Esa es la descripción de la asociación ilícita.
La ex presidenta tiene (para su futuro) cuatro preocupantes frentes abiertos en Comodoro Py. Además de la orden de la Cámara, Bonadio la investiga por la sociedad Los Sauces y su colega Julián Ercolini tiene Hotesur y la megacausa por la presunta adjudicación de obra pública entre 2003 y 2015. Como suele ocurri, las causas tramitan ajenas unas de otras. Esa característica se potencia cuando los magistrados carecen de una aceitada relación personal entre sí. Pese a que dos jueces no pueden investigar un mismo delito, a menudo ocurre que ignorándolo o no- lo hacen. En el caso de Cristina Fernández esa situación es tan evidente que la propia Cámara les mandó un mensaje para que avancen en tropilla en las investigaciones.
«Cada proceso tiene incorporadas pruebas que, pese a su utilidad para los otros relacionados, pueden no haber sido todavía incorporadas o ser incluso desconocidas en el marco de aquellos (…) Se impone la adopción de mecanismos más dinámicos. Los jueces cuentan con equipos de trabajo que los auxilian en la investigación y tienen, por ello, acceso inmediato de las evidencias. Pese a ello, los magistrados suelen usar mecanismos lentos y con estrecha amplitud para comunicarse mutuamente el objeto y contenido de sus pesquisas, que limitan o demoran el conocimiento recíproco. Lo anterior se refleja en trámites que duran demasiado tiempo y en diligencias que se reproducen sin necesidad», advirtieron los camaristas, al sugerirle a los jueces «periódicas reuniones en aras de compartir la información mutuamente pertinente, incorporarla con inmediatez y al mismo tiempo sugerir a los directores de los procesos los cursos» de acción.
El fallo exige, además, velocidad en el avance. «Hay que procurar no demorar el paso de los hechos con suficientes grados de corroboración hacia la instancia natural de acusación, defensa y sentencia, aun cuando allí pueda definirse o no-un enjuiciamiento único.» Entonces exhorta en los casos de presunta corrupción (la resolución no personifica en el anterior gobierno pero tampoco repara en causas añejas como Papel Prensa) soluciones rápidas.
«Así lo impone, también, el reclamo social que procura el esclarecimiento de presuntos hechos de corrupción a cuya investigación el Estado Argentino se ha comprometido ante la comunidad internacional; y la propia Constitución Nacional»
En el contexto histórico y político actual, los jueces parecen concluir que es «la sociedad» y no sólo la administración de Cambiemos la que quiere a la ex presidenta presa. «
