Cada vez que sale el sol en la Comarca Andina la empresa Lago Escondido viola un sinnúmero de leyes argentinas, como la de Defensa Nacional y de Seguridad de Fronteras, ejerce violencia física contra quienes la cuestionan e incumple fallos judiciales de todas las instancias, según las denuncias, sentencias y dictámenes de todos los poderes del Estado argentino.

Ese fue el lugar elegido por el Grupo Clarín para regalarle un lujoso tour con vuelo privado a un grupo de jueces, fiscales y funcionarios porteños, que se convirtió en escándalo de corrupción jamás tan claramente constatado. “Son una mafia, un Estado paralelo”, los definió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Desde su conformación en 1996, la empresa Hidden Lake (Lago Escondido) viola la Ley 15.385 de Seguridad de Fronteras, concordante de la de Defensa Nacional, que en sus artículos 2° y 4° establece una franja de Seguridad de 150 kilómetros en la frontera terrestre y de 50 en la marítima, a la que solo pueden acceder argentinos nativos autorizados por una Comisión especial dependiente del Consejo de Defensa Nacional.

Hidden Lake pertenece al holding británico Tavistock Group, del magnate inglés Joseph Lewis, quien vive sobre un yate anclado en la costa de la guarida fiscal de Bahamas para eludir impuestos en el Reino Unido. Hidden Lake también desconoce la Ley de Fronteras en la costa rionegrina, donde posee la estancia Bahía Dorada de 10 mil hectáreas. Allí  montó un aeropuerto privado de 2.200 metros para aviones de gran porte y construyó una “aldea” de cinco mansiones sobre sus 14 kilómetros de playas, en las que son muy frecuentes los tours de invitados VIP locales y extranjeros  pero a salvo de miradas indiscretas que puedan hacerlo público.

El agravio a la legalidad argentina fue denunciado en octubre de 2016 por el exProcurador General del Tesoro, Carlos Balbín, para quien la compra de las tierras fue producto de maniobras fraudulentas tendientes a ocultar a su verdadero propietario. Lo hizo en una resolución compartida con la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), con la que pidió al Ministerio del Interior recuperar las tierras, pero el entonces jefe de esa cartera, Octavio Frigerio, se negó y archivó el caso al considerarlo “un gasto innecesario de recursos”.

En mayo de 2022, el director de la Inspección General de Justicia (IGJ) acusó a Hidden Lake de ser una empresa ficticia y exigió al Poder Judicial que declare su nulidad y proceda a “su inmediata liquidación”. “Hidden Lake resulta una pantalla jurídica que no tiene por finalidad el intercambio o la producción de bienes y servicios, sino que sirve para disfrazar el cuantioso patrimonio del señor Lewis. Es una sociedad simulada que no realizó actividad comercial alguna”, afirmó Nissen.

Desde el momento de su conformación, la empresa británica Hidden Lake impide el acceso público al Lago Escondido, sobre cuyas playas construyeron la mansión donde en octubre pasado se alojaron los invitados del Grupo Clarín.

Eso lo garantiza personalmente el gerente y testaferro de los negocios de Lewis en la Patagonia, Nicolás Van Ditmar, quien en octubre pasado recibió al tour judicial organizado por Clarín.
Van Ditmar quedó complicado en la causa que investiga los posibles delitos cometidos durante ese viaje de placer. Los denunciantes pidieron su procesamiento y detención por “falso testimonio” y “falsificación de documento público”, debido a que presentó en el juzgado facturas presuntamente posdatadas para probar que los invitados pagaron sus propias estadías. Pero los chats filtrados de los viajeros revela exactamente lo contrario, y que además le guionaron su declaración judicial “para que no diga nada”.
Van Ditmar ya había sido procesado antes por “amenazas e intimidación pública”, cometidas durante una manifestación frente a la casa de un juez de la Corte de Río Negro, Víctor Sodero Nieva, tras un fallo adverso por el acceso al Lago. “Vamos a resistir y si hace falta con el (fusil) Winchester en la cintura. La justicia por mano propia muchas veces es el camino. No van a entrar nunca y la vamos a pelear con sangre si hace falta”, amedrentó el testaferro.

Con el tiempo, el gerente pasó a los hechos y conformó un virtual ejército privado que reiteradamente atacó a los participantes de la Marcha por la Soberanía, que se realiza cada mes de febrero para alcanzar las costas del  Lago Escondido.

En la marcha de 2022 lo identificaron al frente de una patota de 50 personas armadas y lo denunciaron en la Justicia por “privación ilegal de la libertad, actos de piratería y atentado a la soberanía nacional”. No era la primera vez: los manifestantes ya habían sido agredidos ferozmente a pedradas y palazos en 2020, y en 2019 dos militantes sufrieron golpes y un principio de hipotermia al ser hundido un kayak en el que intentaron navegar por el Lago.

La violencia física resulta un correlato de la desobediencia impune de 10 fallos judiciales que entre 2009 y 2022 le exigieron a la empresa y al Gobierno de Río Negro la reapertura del viejo camino al Lago por la vía más corta y accesible. Se lo ordenaron en total 25 jueces de primera y segunda instancia, del Supremo Tribunal de Río Negro y de la Corte Suprema de la Nación, pero el ejército de abogados de Hidden lake logró mantenerla a salvo de las leyes argentinas.

En otras ocasiones Lewis logra que el gobierno de Río Negro la rescate de la ilegalidad, como en el grosero incumplimiento en los términos de la concesión de una central eléctrica de Río Escondido, cerca del Lago, o la construcción de un lujoso barrio privado de montaña en un Área Natural Protegida declarada Reserva de la Biósfera por la ONU.

Con el winchester a la cintura, con ejércitos de irregulares o de abogados, o con gobiernos dóciles a sus negocios, la empresa británica se ha mantenido durante más de 25 años al margen de la legalidad nacional. «