La idea de que la cabeza de la Procuración, como la de la Defensa, como que cada magistrado o fiscal tenían que tener el mismo mecanismo de designación y remoción, y sus cargos debían ser vitalicios, como sucede con los integrantes del poder judicial, fue el voto de la mayoría de los convencionales que sancionaron el artículo 120 de la Constitución Nacional de 1994. Tanto para la justicia federal, como para la ordinaria.

¿Puede entonces un legislador poner en ley lo que la mayoría de los convencionales rechazó? La respuesta es no, porque excede sus competencias y es una clara injerencia a un órgano extra poder.

Si la idea es mejorar la justicia ¿por qué esta ley no va de la mano con una ley de reforma judicial y otra de la Defensa? La respuesta aparece clara, porque lo que se busca es prácticamente intervenir el Ministerio Público Fiscal, y desde ese Ministerio Público lograr injerir en las causas.

Se crean procuradurías de terrorismo y cibercrimen y se olvidan de las del control de armas al mercado negro con las que se cometen más del 40% de los delitos. Se olvidan de las de violencia en el fútbol, porque los barras tienen negocios con los empresarios y con algunos políticos, amén de cometer delitos vinculados a la piratería el narcotráfico y ser fuerza de choque de algunos partidos. Se olvidan de la de abusos y violencia en abuelos y niños y, mientras se sacan fotos en las marchas de ni una menos, suprimen La Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres.

Se llenan la boca hablando de las víctimas y se olvidan de la unidad especial para asistencia a todo tipo de víctimas, como de los programas de derecho del trabajo y derecho de los consumidores. 

¿Por qué crean la procuraduría de terrorismo si ya está en funcionamiento la de la unidad AMIA? Tal vez porque la designación de un fiscal en cada una dependerá no ya de su idoneidad sino de la banca que tenga con los legisladores mayoritarios de la comisión, demostrando injerencia de un poder sobre otro y el armado de causas, que les está vedado.

Los padres de Lucía, los parientes de Walter Bulacio, los padres de los chicos torturados por algunos miembros de Prefectura, las víctimas de cada robo u homicidio culposo deben saber que si el imputado es poderoso y llega a alguno de estos legisladores, ese fiscal no tendrá autonomía para dictaminar conforme la ley. Las victimas siempre concurren a ver a los fiscales. Así lo hicieron con el caso del accidente del avión de LAPA, pero Carlos Rívolo no podrá ser fiscal a cargo de ninguna unidad porque no reúne los requisitos puestos por los legisladores.

José María Campagnoli no podrá estar más a cargo de la unidad de NN, a pesar de los años y la experiencia que tiene, porque no reúne los requisitos discrecionales fijados por la comisión. 

Y quiero hablarle a Malena Galmarini. Mientras ella y muchas otras lograron la ley de paridad de género, debe saber que gracias a su propio partido, que apoya este proyecto, solo 3 mujeres podrán estar al frente de procuradurías. ¿Por qué? porque de cada 10 fiscales y medio solo un cuarto es mujer. Esto directamente afecta la igualdad y no construye ciudadanía de género.

Por si faltara algo más, la política criminal la fijará el consejo de seguridad interior es decir el Poder Ejecutivo. Si el Poder Ejecutivo no quiere que se investigue la corrupción, no se hará. Si quiere hacer estadísticas truchas diciendo que se combate el narcotráfico cuando solo agarran pibes con cigarrillos en la calle se dirá que creció la persecución. Si quieren evitar que se sepa que crecen los secuestros express, no se podrán investigar y se los ocultará.

¿Realmente gente proba va a votar esto? ¿Van a dinamitar una institución solo porque no les gusta la procuradora y no tienen el coraje cívico de pedirle juicio político? Ya el anterior gobierno eyectó a un procurador y denostó a un fiscal porque imputó a Amado Boudou. Ahora inventan un mecanismo por el que cualquier procurador, no la actual sino cualquiera, con un solo voto puede ser desplazado tornándolo un débil representante dispuesto y coaccionado a hacer lo que el poder de turno quiera. Ni durante el gobierno de Carlos Menem con Barra y Aguero Iturbe, ni durante el anterior se atrevieron a dinamitar la autonomía e independencia de los fiscales.