Los indicadores continúan evidenciando la abrupta caída de la economía como consecuencia de las políticas de desregulación y ajuste aplicadas. A pesar de las promesas, irónicamente el primer mes del segundo semestre presenta, hasta el momento, los peores indicadores productivos y sociales de la gestión macrista.

El Estimador Mensual Industrial (EMI) mostró una caída en julio del 7,9% interanual, y ya acumula una baja del 4% en los siete primeros meses de 2016.

De los 12 rubros que integran el índice general, ocho evidencian bajas mayores al promedio y sólo exhibe uno con un leve crecimiento. Con respecto al sector automotriz, que venía mostrando austeros aumentos en la producción enviada al mercado local, en junio y julio mostró caídas importantes en este destino, que se sumaron a la fuerte reducción de las exportaciones que sufrió durante todo el año.

No puede pasarse por alto la merma del 8% en la industria alimenticia, un resultado incongruente con la aspiración del presidente Macri de convertir a Argentina en el supermercado del mundo.

Según un relevamiento del Observatorio PyME, durante el segundo trimestre de 2016 las pymes industriales experimentaron una caída interanual en sus cantidades vendidas del 9,3%, y una baja en la ocupación del 1,8 por ciento. Estos datos confirman que la recesión se instaló fuerte en este segmento, determinada por la menor demanda doméstica, los aumentos de costos impulsados por las tarifas y la desleal competencia de las importaciones.

El Indicador Sintético de la Construcción (ISAC) evidenció una caída del 23% en julio. Debido a esta tendencia, se perdieron 72.100 puestos de trabajo entre julio de 2015 e igual mes de este año, lo cual significa una reducción del 15% de la plantilla.

Las expectativas de las empresas que construyen para la obra pública son optimistas, aunque los números no lo indican. El gasto de capital de la Administración Pública Nacional se redujo un 32% en términos reales en los primeros siete meses de 2016 comparado con igual período del año anterior. La obra pública continúa sin despegar: en julio, el gasto de capital fue inferior al de los dos meses anteriores, e incluso más bajo que el realizado en enero de 2016.

Siguiendo con el tema fiscal, la recaudación tributaria nacional de julio creció un 25% y volvió a estar por debajo de la inflación, que arañó el 47 por ciento. En este menor crecimiento influyen la reducción de los derechos de exportación (retenciones) y un débil crecimiento del Impuesto a las Ganancias. Llama la atención la debilidad de las contribuciones a la seguridad social en julio, que crecieron un 35%, confirmando los menores salarios reales y los problemas de empleo.

A pesar de que el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, comentó que “la inflación ya no es un problema” (una definición cuestionada incluso por otros miembros del Gabinete nacional), la medición de la “inflación supermercados” que realiza el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) arrojó un incremento del 2,1% para agosto de este año. El valor de la Canasta Básica Alimentaria, según los cálculos del CESO, creció un 5,6 por ciento. Parecería que los pronósticos oficialistas de reducción de la inflación en agosto prestan más atención a la retracción de los aumentos de tarifas que a la preocupante suba de los precios de los alimentos.

Estos datos no son sorprendentes para el gobierno nacional, pues derivan de las políticas aplicadas. Más aun, podría decirse que son efectos buscados por un gobierno que se preocupa obsesivamente por reducir la inflación: la recesión y la desocupación son los principales disciplinadores de los precios y los salarios. De esta forma queda en evidencia el costo de las políticas de ajuste y redistribución regresiva de los ingresos que instaló la gestión presidencial de Macri.

Como sostengo habitualmente, el único límite del ajuste es la resistencia de los ajustados. En este aspecto, esa resistencia se está fortaleciendo en nuestra sociedad. Una muestra de ello es la Marcha Federal. Marcharon esta semana «para terminar con el ajuste», miles de trabajadoras y trabajadores de organizaciones sindicales, políticas, sociales, cooperativas, religiosas, estudiantiles, pymes y comerciantes, reclamando por el trabajo y la producción, y en contra de los despidos, la inflación y el tarifazo.

Destitución golpista en Brasil

La destitución de Dilma Rousseff supone un golpe de Estado solapado, ya que se trata del desplazamiento por medio de procedimientos espurios, barnizados como institucionales, de una mandataria elegida legítima y democráticamente. Los fines inconfesables de este proyecto apuntan a la restauración neoliberal-conservadora, así como a la regresión del proceso de unidad Nuestroamericana.

Las políticas del recambio se expresan en medidas de inconfundible sesgo conservador: la reducción del gasto social, la ruptura del Mercosur o la constitución de un gabinete ministerial de CEOs son evidencias del cambio. Las declaraciones del nuevo mandatario, Michel Temer, dejan en claro esta orientación: evita hablar de flexibilización laboral, pero se refiere eufemísticamente a una “readaptación de la relación laboral”. También destacó: “Viajo a China para demostrar al mundo que tenemos estabilidad económica y seguridad jurídica”.

Finalizo este tema expresando mi más profunda solidaridad con Dilma, con Lula da Silva y con todo el hermano pueblo de Brasil en su lucha frente a la ofensiva neoliberal-conservadora.

Los desafíos del G20

Tanto Mauricio Macri como Michel Temer están ansiosos por participar de la cumbre del G20 en China, en una cumbre que se dedicará a tratar el bajo crecimiento derivado de la crisis y las políticas de ajuste.

Según la titular del FMI, Christine Lagarde, “el año 2016 será el quinto año consecutivo con un crecimiento del PBI mundial por debajo de su promedio a largo plazo del 3,7% (1990-2007), y 2017 podría ser el sexto”.

Lagarde se muestra preocupada porque “el débil crecimiento mundial, que interactúa con un aumento de la desigualdad, está generando un clima político en el cual las reformas se estancan y los países recurren a políticas proteccionistas”. Para sostenerlo, informa que en las economías avanzadas, el ingreso del 10% superior aumentó en alrededor del 40% en los últimos 20 años, mientras que se estancó para los grupos de ingresos más bajos. A Lagarde sólo le faltó mencionar el importante papel que cumplieron y cumplen las políticas del FMI para sostener esta desigualdad.

Las medidas recomendadas no salen del recetario tradicional: apoyo a la demanda por la vía fiscal (siempre que no se incurra en déficit), aplicación de reformas estructurales (privatizaciones y flexibilización laboral, entre otras) y liberalización del comercio (denominada «revitalización»), sumadas a la falsa premisa de mejorar los ingresos de los más pobres. Conocedora de los costos de estas políticas, Lagarde finalizó la lista con una verdadera arenga: “Hace falta valentía política para implementar esta agenda”. Sinceridad sin límites.

En verdad, también hace falta «valentía política» para que los ajustados se rebelen a esta agenda que entusiasma a Macri y a Temer, entre otros mandatarios. Una valentía política que encontramos en la Marcha Federal, así como en las innumerables manifestaciones territoriales de rechazo al tarifazo y al ajuste, y en la militancia permanente de gran parte del pueblo argentino para cambiar este rumbo que nos lleva a la concentración de la riqueza y a la extensión de la pobreza. «