Una veintena de organizaciones defensoras de usuarios y consumidores pidieron hoy formalmente en la Legislatura bonaerense que se conforme una comisión bicameral para investigar los «tarifazos» de hasta 3500% que aplicaron las distribuidoras eléctricas durante la gestión de María Eugenia Vidal.
Las entidades presentaron el pedido a la Comisión de Usuarios y Consumidores de la cámara alta, que preside la senadora del Frente de Todos, Gabriela Demaría. La solicitud se hizo basándose en el informe de Revisión Tarifaria Integral que realizó la Subsecretaría de Energía bonaerense y que concluyó que los incrementos de tarifas de la luz fueron «injustificados». También que las empresas sólo cumplieron con el 48% de las inversiones comprometidas y que embolsaron ganancias millonarias.
De acuerdo al estudio realizado por el gobierno de Axel Kicillof, las compañías EDEN, EDEA, Edelap, y EDES aplicaron subas de entre 2 mil y 3500 % en la factura de luz de los usuarios bonaerenses en los últimos tres años con autorización del Estado provincial. Esos incrementos «no fueron acompañados de responsabilidades de inversión por parte de las empresas» ni representaron una mejora en el servicio. En contrapartida, las empresas aumentaron sus ganancias entre 498% y 644%.
En la nota presentada en el Senado, las ONG sostuvieron que «la revisión tarifaria se realizó con información insuficiente y con ausencia de análisis técnicos para la definición de importantes supuestos. Siempre se orientó a incrementar los ingresos reconocidos a las distribuidoras». También remarcaron que «no hubo un cronograma de ejecución de obras pautadas» ni se aplicaron sanciones a quienes las incumplieron.
«A nuestro entender existió por parte del Poder Ejecutivo provincial de ese momento una clara intencionalidad de beneficiar al sector empresarial. Se hizo en perjuicio de los usuarios del servicio público de energía eléctrica de la provincia de Buenos Aires», concluyeron las entidades. Entre ellas se encontraban el Centro de Estudios de Servicios Públicos y Medio Ambiente (CESPMA), Consumidores Responsables, Defensa de Usuario y Consumidores (DEUCO) y la Red Nacional de Multisectoriales, entre otras.
Las asociaciones piden la creación de una comisión bicameral que investigue el tarifazo. Y que indague en las responsabilidades de los funcionarios que autorizaron los incrementos y determine, llegado el caso, si debe realizarse una presentación judicial.
«El informe de la Subsecretaría de Energía es claro. Los tarifazos fueron irracionales y confiscatorios, pero alguien es responsable de esos números. De la ex gobernadora para abajo, alguien firmó para que eso suceda», señaló a Tiempo el titular del CESPMA, Juan Diego González Morales.
Agregó que el objetivo es también es contar con información para la renegociación de tarifas que se dará con las empresas de cara a 2021. Actualmente las tarifas están congeladas hasta diciembre. «Queremos que nos den participación a las asociaciones para aportar desde nuestro lugar», dijo.
La presentación fue firmada también por la Asociación de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (ADDUC); la Asociación Civil para la Promoción y Difusión de los Derechos e Inclusión Energética; el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS); la Unión de usuarios y consumidores filial La Plata; Consumidores y Usuarios del Interior (COYUSIN); la Asociación Civil Buena Gente (KUMEN CHE); la Federación Mutual para la Defensa Organizada del Consumo (FE MUDECO), la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata, entre otros.
Las entidades presentaron el pedido a la Comisión de Usuarios y Consumidores de la cámara alta, que preside la senadora del Frente de Todos, Gabriela Demaría. La solicitud se hizo basándose en el informe de Revisión Tarifaria Integral que realizó la Subsecretaría de Energía bonaerense y que concluyó que los incrementos de tarifas de la luz fueron «injustificados». También que las empresas sólo cumplieron con el 48% de las inversiones comprometidas y que embolsaron ganancias millonarias.
De acuerdo al estudio realizado por el gobierno de Axel Kicillof, las compañías EDEN, EDEA, Edelap, y EDES aplicaron subas de entre 2 mil y 3500 % en la factura de luz de los usuarios bonaerenses en los últimos tres años con autorización del Estado provincial. Esos incrementos «no fueron acompañados de responsabilidades de inversión por parte de las empresas» ni representaron una mejora en el servicio. En contrapartida, las empresas aumentaron sus ganancias entre 498% y 644%.
En la nota presentada en el Senado, las ONG sostuvieron que «la revisión tarifaria se realizó con información insuficiente y con ausencia de análisis técnicos para la definición de importantes supuestos. Siempre se orientó a incrementar los ingresos reconocidos a las distribuidoras». También remarcaron que «no hubo un cronograma de ejecución de obras pautadas» ni se aplicaron sanciones a quienes las incumplieron.
«A nuestro entender existió por parte del Poder Ejecutivo provincial de ese momento una clara intencionalidad de beneficiar al sector empresarial. Se hizo en perjuicio de los usuarios del servicio público de energía eléctrica de la provincia de Buenos Aires», concluyeron las entidades. Entre ellas se encontraban el Centro de Estudios de Servicios Públicos y Medio Ambiente (CESPMA), Consumidores Responsables, Defensa de Usuario y Consumidores (DEUCO) y la Red Nacional de Multisectoriales, entre otras.
Las asociaciones piden la creación de una comisión bicameral que investigue el tarifazo. Y que indague en las responsabilidades de los funcionarios que autorizaron los incrementos y determine, llegado el caso, si debe realizarse una presentación judicial.
«El informe de la Subsecretaría de Energía es claro. Los tarifazos fueron irracionales y confiscatorios, pero alguien es responsable de esos números. De la ex gobernadora para abajo, alguien firmó para que eso suceda», señaló a Tiempo el titular del CESPMA, Juan Diego González Morales.
Agregó que el objetivo es también es contar con información para la renegociación de tarifas que se dará con las empresas de cara a 2021. Actualmente las tarifas están congeladas hasta diciembre. «Queremos que nos den participación a las asociaciones para aportar desde nuestro lugar», dijo.
La presentación fue firmada también por la Asociación de los Derechos de los Usuarios y Consumidores (ADDUC); la Asociación Civil para la Promoción y Difusión de los Derechos e Inclusión Energética; el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS); la Unión de usuarios y consumidores filial La Plata; Consumidores y Usuarios del Interior (COYUSIN); la Asociación Civil Buena Gente (KUMEN CHE); la Federación Mutual para la Defensa Organizada del Consumo (FE MUDECO), la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas de La Plata, entre otros.
