El jefe de la bancada, Héctor Recalde, sostuvo que las inquietudes al respecto no son solo de nuestro bloque sino también de otros miembros de la oposición y contó que ha hablado personalmente con Graciela Camaño, la presidenta del bloque massista.
No tenemos conocimiento del software que se va a utilizar, enfatizó el diputado, quien estuvo acompañado por Rodolfo Tailhade, Eduardo Wado de Pedro y Teresa García. Sin embargo, adelantó: De fraude electoral no estamos hablando, no queremos anticiparnos.
Por su parte, Tailhade consideró que hay tres cuestiones que ponen en tela de juicio la transparencia en la realización de los comicios. En primer lugar, la contratación por parte de Correo Argentino a INDRA para tener a su cargo el conteo provisorio.
El Gobierno nacional no cumplió un compromiso ante la Cámara Electoral Nacional de transferir el escrutinio provisorio a la Justicia, señaló y dijo que resulta sugestivo el hecho de que no fuera el Estado nacional quien realizara la licitación.
En este sentido, denunció que el Ministerio del Interior deliberadamente dejó pasar el tiempo para la licitación y entonces llegó un tiempo que tuvo que delegar al Correo. La llamativa confluencia en este escenario de dos hombres históricos de SOCMA -del Grupo Macri- como Jorge Irigoin, CEO de Correo Argentino S.A., y Ricardo Viaggio, director general de INDRA, refuerza la opacidad del asunto, subrayó.
En ese marco, el legislador kirchnerista señaló: A 5 días de las PASO ninguna fuerza política sabe cómo fue la contratación del Correo con INDRA; cuál fue el precio, qué se les requirió, el mecanismo de selección de esta firma, si hubo otras firmas que compitieron, y sobre todo no hay conocimiento de las características técnicas del software que se va a utilizar para el escrutinio provisorio.
Los diputados opositores también denunciaron la utilización de una aplicación diseñada por la empresa Grupo MSA, la compañía responsable del voto electrónico en las elecciones locales de CABA y Salta, para controlar la apertura de mesas y la asistencia a los comicios.
Al respecto María Teresa Garcia sostuvo: Establecer este sistema con los celulares de los trabajadores del Correo para evaluar la concurrencia, con experiencia en elecciones anteriores, no tienen ningún sentido.
En el mismo sentido explicó que esa responsabilidad de la cantidad de concurrencia de votantes siempre fue de la fuerza de seguridad que, estando en la escuela, con un corte al mediodía y otro a la tarde, establecía sin problema la concurrencia
Lo cierto que más allá del monto que se le pagará a la empresa por la utilización de la aplicación, el Estado gastará más de 2 millones de pesos en abonar el jornal de los empleados del correo que estarán destinados a la tarea sólo en la provincia de Buenos Aire. Una cantidad de dinero que parece exorbitante si se tiene en cuenta que antes era competencia de las fuerzas de seguridad asignadas a custodiar los comicios.